El 2 de diciembre del 2011, a través de una circular del secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, se informó que se suspendían todos los pagos "por premios, remanentes y reconocimientos en forma independiente de las remuneraciones regulares, normales, habituales y permanentes". Fue el primer paso que dio el Gobierno para avanzar con el ajuste sobre los sueldos de los empleados públicos.

Los salarios en el Estado, por lo general, están conformados por una porción remunerativa y otra no remunerativa. "Estas sumas extra se fueron incorporando a través de los años porque los sueldos iban quedando muy retrasados. Gran parte de los plus estuvieron siempre ligados a la distribución de los remanentes presupuestarios, que ahora deben ser devueltos a Economía", explicó un dirigente de ATE Capital a La Política Online.

¿Qué son los remamentes? Normalmente, ningún organismo público ejecuta la totalidad de su presupuesto. El problema es que durante la década menemista, se implementó un sistema de ajuste mediante el cual se imponía que los ministerios tenían que devolver el dinero que no había sido gastado, cifra que era descontada en la partida del año siguiente. "Si el presupuesto de un año era 100 y se gastaba 80, se tenían que devolver los 20 que habían sobrado. Y al año siguiente, no volvían a recibir 100, sino 80", explicó el dirigente.

Por eso, para no sufrir los recortes, se empezó a distribuir el remanente presupuestario como plus salarial entre todo el personal. Así se justificaba el gasto total de lo que recibían, en una práctica que se tornó habitual en todos los organismos públicos. Hasta que Pezoa congeló esos pagos.

"Esta Comisión debe señalar que su entidad se encuentra inhibida para dar viabilidad a pagos que justifiquen su causa en excedentes presupuestarios, productividad, premios, estímulos, reconocimientos individuales o colectivos, o cualquiera sea la naturaleza y denominación del criterio y/o medida que se procure implementar", decía el documento que fue distribuido por todas las dependencias estatales.

Recortes y conflictos

Ayer LPO informó que el vicepresidente Amado Boudou fue increpado por tres empleadas del Fondo Nacional de las Artes, quienes le reclamaron por un plus de 350 pesos que dejaron de recibir este mes, debido al decreto que le permite al Gobierno eliminar todas las sumas no remunerativas. Ese recorte lo sufrió toda la secretaría de Cultura.

Pero, en rigor, son muchísimas las dependencias que no cobraron los premios de fin de año. Es decir que el ajuste comenzó incluso antes del decreto 324 -firmado el 31 de diciembre y ratificado el pasado lunes por la bicameral de Trámite Parlamentario-, que puso en revisión los sueldos públicos.

"Ya se suspendieron, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Comunicaciones y en la de Regulación de Transporte. En la CNRT el clima es muy tenso, porque se venía pagando doble aguinaldo desde hace muchos años. Se hacía en cuotas. En diciembre se pagó la primera, y ahora les informaron que no sólo se suspende el resto de los pagos, sino que les descontarán esa primera cuota", explicaron desde la CTA.

Trabajadores del ministerio de Justicia, Migraciones y de la AFIP aseguran que la suspensión total de los adicionales podría significar un recorte de hasta el 50% en sus salarios. Y explican que esos pagos no son nuevos, sino que en algunos casos se realizan desde 1987.

Pero acaso lo que más indignación causó es el recorte en los organismos de control. Es que parte de las partidas de salarios provienen de las empresas licenciatarias, por lo que la devolución los remanentes no significaría un ahorro del Estado, sino un beneficio para las privatizadas.

Desde ATE Capital informaron a La Política Online que, a pesar de que el mes de enero hay muchas ausencias por vacaciones, ya se está realizando asambleas para analizar medidas de fuerzas. Esta tarde, de hecho, un grupo se reunirá en la puerta del Registro Nacional de Reincidencia y otro en Paseo Colón, en la Inspección General de Justicia, que ya están de paro.