Hace un par de semanas el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, generó un gran revuelo mediático tras afirmar que “no hay que dramatizar” la situación que atraviesan los productores agropecuarios por la sequía que afecta a buena parte del país.
Luego en la primer reunión que tuvo con dirigentes de la Mesa de Enlace para anlizar la crisis de la sequía contextualizó es afairmación, en las duras sequías que le tocó vivir en la Patagonia. Ahora, en el segundo encuentro que mantuvo hoy la denominada Comisión de Emergencia Agropecuaria –que integra los dirigentes del campo y el gobierno-, Yauhar reconoció que “la situación por la sequía es grave”.
Es que en los últimos días los ministros de la Producción de las provincias afectadas le acercaron a Yauhar un informe con datos concretos de las pérdidas que ocasionará la falta de lluvias.
“Quiero ser respetuoso, pero yo me manejé con informes del INTA”, les dijo el ministro a los dirigentes de la Mesa de Enlace que fueron a la reunión, en un claro mensaje crítico al titular del organismo, Carlos Casamiquela, quien había relativizado la sequía. Luego, el organismo corrigió en un informe reciente esa apreciación.
De hecho, hace apenas una semana el coordinador nacional del programa ganadero del INTA, Daniel Rearte, afirmó que pese a la sequía "no se avizoran efectos muy negativos en la producción ganadera a escala nacional". En el sector calculan que podrían perderse un millón de cabezas por la seca.
En rigor, el cambio de postura de Yahuar se inició cuando empezó a leer los informes que le llegaband e los gobiernos provinciales -muchos de ellos kirchneristas-, que se acercan mucho más a la realidad que describieron las entidades del campo que a los previos diagnósticos del INTA. En esos trabajos se mencionan pérdidas del 50% en maíz y del 25% en soja.
“El problema es serio, las vacas muertas están, no estábamos dramatizando”, dijo a LPO el vicepresidente de Federación Agraria Julio Currás. “De la primera reunión salimos muy preocupados porque el ministro decía una cosa que no era cierta”, apuntó.
“Evidentemente Yauhar estaba mal informado. Por suerte ahora ha habido un reconocimiento general de que la situación es un desastre y que hay que resolverla a la brevedad”, agregó Currás.
Currás protagonizó además uno de los momentsos más picantes de la reunión, cuando el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Biolcatti, le preguntó: “¿Decime, porqué no vino Buzzi si estamos los presidentes de todas las organizaciones?”. Incómodo, Currás atinó a contestar: “Yo soy representativo”.
Es que Buzzi luego de pasarse una larga temporada flirteando con el kirchnerismo y con el anterior ministro Julián Domínguez, desde que estalló la crisis de la sequía viró a una oposición virulenta, al punto que el propio Biolcatti ayer lo trató poco menos que de oportunista.
Las medidas acordadas
Como sea, al término de la reunión de la Comisión de Emergencia, el ministro de Agricultura invitó a hablar en privado a los titulares de las cuatro entidades del sector (Hugo Biolcati, Carlos Garetto, Rubén Ferrero y Currás en lugar de Eduardo Buzzi).
La cuestión es que en ese mini-encuentro informal en el despacho de Yauhar se terminaron de cocinar parte de los beneficios más importantes que comenzarían a recibir los productores afectados en un plazo no mayor a 45 días.
Entre estos beneficios, se cuentan, por ejemplo, la exención del pago de intereses de impuestos y las nuevas declaraciones de emergencia para Buenos Aires, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén (sumadas a Buenos Aires y Santa Fe).
Las medidas se suman a la emergencia agropecuaria declarada en el departamento cordobés de San Javier que regirá hasta el 19 de marzo próximo. Y a los 5 de 15 millones que se entregaron a productores de la provincia de Santa Fe, que terminarían de liquidarse el lunes.
Además, se informó que se pusieron a disposición los 500 millones de pesos que contempla la Ley de Emergencia y que, en caso de ser necesario, se añadirán más recursos económicos.
Durante la reunión también estuvieron presentes representantes de las provincias afectadas, a excepción de Misiones sobre la que se actuó ad referendum; del AFIP, INTA, Servicio Meteorológico Nacional, Banco Nación y Banco Central, CAME, entre otros.
