Después de los incidentes del pasado jueves, la gobernación de Santa Cruz decidió postergar el ajuste para el mes de marzo. Y todo indica que la variable para controlar el gasto público serán los salarios. En ese sentido, el primer paso se juega con las paritarias de los docentes que dependen de la Nación, que por lo general sirven de piso para el resto de los maestros estatales y trabajadores en cada provincia.

El impacto del empleo público es muy fuerte en Santa Cruz. Según informa el centro de estudios IDESA, 4 de cada 10 empleados dependen del Estado, con lo cual de no existir el empleo público la desocupación sería del 26 por ciento en lugar del 2 por ciento que marcan las estadísticas oficiales.

Esta primera negociación tiene una enorme influencia para los gremios y puede complicar aún más la situación fiscal en las provincias, de por sí ya delicada. El monto correspondiente a salarios que se llevan las cuentas del Estado nacional es cercano al 10 por ciento, una cifra irrisoria en comparación con el 50 por ciento que implica a nivel provincial.

El problema surge entonces cuando uno de los jugadores de la negociación tiene una espalda mucho mayor que quienes la implementarán en los hechos. “Gran parte se juega ahora con esta negociación” señala Guillermo Giussi, de la consultora Economía y Regiones.

“En Economía y Regiones calculamos el impacto que tendría el aumento de un punto porcentual en el salario sobre el gasto, y nos da que implicaría unos 1.200 millones de pesos” comentó Guillermo Giussi a LPO. La situación de Santa Cruz es particularmente delicada porque cuenta con “los salarios más altos de todo el país y sus trabajadores gozan del 82 por ciento móvil en las jubilaciones”, subrayó Giussi. De ahí que el gobierno de Peralta busque la extensión de la edad jubilatoria.

“Estamos previendo una suba de un 25 por ciento como máximo”, advirtió Giussi, quien espera que la negociación salarial “no se salga de lo normal”.

Como fue publicado por LPO la semana previa, los aumentos salariales se sucedieron con mayor velocidad que las subas en los ingresos públicos. Pero lo llamativo es que provincias que se benefician con regalías petroleras tampoco sean capaces de mantener su nivel de gasto sin que sus cuentas se descalabren.

La explicación se encuentra en que las retenciones que se cobran sobre el crudo son en base al precio fijado para el mercado interno, que está por debajo de los 45 dólares por barril. Es decir que lo que pueda recaudar la provincia en base a esta partida no depende del valor que tenga la materia prima en el mercado internacional. “Las regalías no han crecido mucho”, acota Giussi en relación al tema.

El debate por la coparticipación

Uno de los puntos centrales que atraviesa el debate es la relación entre la Nación y las provincias. El Estado nacional cuenta con muchos más recursos que las distintas gobernaciones y por ley puede decidir cuánto mantener en sus arcas y cuánto se destinará a la “redistribución”.

Actualmente, la relación fiscal entre la Nación y las Provincias se da por tres vías, según explicó a LPO Guillermo Giussi, de la consultora Economía y Regiones. La primera de ellas son las transferencias automáticas, en la que cada provincia recibe una parte del total en base a una reglamentación que data del lejano 1988. La necesidad de volver a debatir los criterios de ese entonces es demandada desde hacer largo por los especialistas en finanzas públicas.

A partir del 2000 el Estado fue sumando nuevos impuestos, que fueron convirtiéndose paulatinamente en grandes fuentes de ingresos. Tal es el caso del impuesto al cheque, creado en el 2001 con el propósito de ser “transitorio” pero que al día de hoy explica casi un diez por ciento de las arcas para el oficialismo. “De cada 100 pesos recaudados por esta vía, 15 van a las provincias”, señala Giussi.

Luego, con la caída de la convertibilidad, en el 2002 volvieron a implementarse las retenciones, que tampoco son coparticipables. Con este gravamen el Estado recauda unos U$S 50.000 millones, una suma que llega al diez por ciento de los ingresos públicos. En el 2009 Cristina anunció la creación del “fondo solidario de la soja”, en un intento por satisfacer las demandas por mayor federalismo.

Lo llamativo es que después de tantos años de bonanza económica, la situación fiscal de numerosas provincias es muy precaria. Tal es el caso de las citadas Río Negro y Santa Cruz. La situación en parte se debe a que después de las reformas en el sistema tributario de la última década “las provincias pasaron de percibir más del 30 por ciento de la recaudación a un 25 por ciento, que con el fondo de la soja llegó a un 25 o 26 por ciento” indicó Giussi.

Los otros dos mecanismos que regulan los flujos entre la Nación y las provincias son las “transferencias discrecionales, que por lo general dependen del signo político de la gobernación, y el financiamiento por medio de préstamos” agrega el especialista en gestión pública y fiscal de la consultora de Rogelio Frigerio.

La situación en el resto de las provincias

Por su parte el gobierno nacional comenzó a presionar a las provincias para lograr un mayor control sobre el empleo público. Es por ello que con nuevas normativas revisaran salarios, subas y puestos de trabajo que se encuentren bajo la órbita del Estado.

En Río Negro la gobernación consiguió aprobar el paquete de ajuste en medio de incidentes.  Ya fueron rescindidos unos 2500 puestos de trabajo dependientes del sector público.

Por otro lado, en la última semana algunas provincias reclamaban a la Nación el pago de montos adeudados. Las más resonantes fueron Santa Fe y Córdoba, aunque sólo la primera estaría en condiciones de lograr su objetivo. El gobierno socialista ya cuenta con un fallo favorable en base al financiamiento que desde las gobernaciones deben realizar a la ANSES. Dicha norma fue sancionada con la creación de las AFJP e implica una transferencia del 15 por ciento. “Con la eliminación del sistema de capitalización, no tiene sentido mantenerlo” concluye Giussi.

Ese no sería el caso de Córdoba, cuyo reclamo es poco probable que prospere. El gobierno nacional le adeuda parte de lo que la Nación debe financiar en concepto de déficit en la caja generada a partir de la estatización de las obras sociales, una suma que cada gobernación podía decidir si transferir o no al gobierno nacional. En caso de que se generen déficits el oficialismo se comprometía a cubrirlo.

Las modificaciones en el sistema tributario y sus efectos sobre el federalismo fiscal están lejos de ponerse en la agenda de debate. Pero un camino intermedio para lograr una mayor coparticipación sería “la coparticipación plena del impuesto al cheque” propone Giussi.