A una semana de los incidentes de violencia en la Legislatura de Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta aseguró que jamás pensó en renunciar, decretó un paquete de medidas para reducir el gasto público y convocó a legisladores y gremios a trabajar en la polémica reforma de la ley previsional, según publicó el diario La Nación.

Peralta emitió esas medidas por medio de una entrevista difundida por el área de prensa de la gobernación; rompió así el silencio autoimpuesto en los últimos días. Las nuevas medidas del gobernador de Santa Cruz apuntan a frenar la crisis provincial, que no cesa: Peralta no sólo cosechó fuertes críticas de la agrupación La Cámpora y sufrió la renuncia de varios ministros. Ayer, recibió una dura solicitada de la renunciante interventora de la obra social provincial, Liliana Korenfeld, que denunció irregularidades.

Ayer, Peralta aseguró que "nunca, jamás se me pasó por la cabeza renunciar , esto es política y uno tiene que ir evaluando, pero los límites los pone siempre la gente".

El gobernador de Santa Cruz resaltó la figura de Néstor Kirchner y destacó el largo trayecto que hizo junto a él desde que fue director en el Banco Santa Cruz. Sobre Cristina Kirchner afirmó: "Tenemos una gran presidenta" y confió en que lo ayudará. Ante el fracaso de la sesión en la que tratarían el paquete de medidas de ajuste, ayer Peralta firmó el decreto 005/2012, por el que aplicará un ajuste orientado a reducir el gasto público y a reordenar las cuentas del Estado. No incluyó ahora la reforma de la ley jubilatoria, medida que elevaba en más de diez años la actual edad jubilatoria, igualándola con el régimen nacional. Esa iniciativa quedó suspendida por ahora, pero Peralta reconoció que es "vital" realizar un cambio que pueda hacer frente al fuerte desfinanciamiento que sufre la Caja Previsional provincial.

En cuanto a las medidas de ajuste de gasto público y optimización de recursos se estableció suspender la designación de personal contratado y en planta transitoria. Sólo se contratarán aquellos que resulten imprescindibles para la cobertura en las áreas de salud, educación y seguridad. Se prohibió la adquisición y el alquiler de vehículos, en tanto que la totalidad de autos oficiales podrán afectarse a la asistencia sanitaria, a la seguridad o a los programas de solidaridad social. Entre otras medidas se suspenden las comisiones oficiales, los subsidios y las subvenciones .

En tanto, la renunciante interventora de la obra social, Liliana Korenfeld, denunció -tras 19 días de gestión- que la deuda con los prestadores y proveedores es de $ 250 millones y dijo que encontró un gran "desorden administrativo".