En medio de manifestaciones y protestas de los empleados estatales, la legislatura de Río Negro consiguió aprobar la ley de Emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social que pasa a disponibilidad a todos los empleados de la administración pública.

La iniciativa contó con el aval de los legisladores del Frente para la Victoria mientras que fue rechazada por los bloques de la oposición -Concertación, ARI, PPR y Unidos por Río Negro- que la consideraron inconstitucional y arbitraria.

La Policía desplegó un amplio operativo para contener las manifestaciones de estatales que, desde las 10 de la mañana, cuando se inició la sesión, rodearon el edificio. Las protestas se multiplicaron en toda la provincia.

Luego de la aprobación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo a la norma por considerarla inconstitucional y porque "legaliza el temor en los sectores laborales".

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, consideró que la ley de emergencia representa "la institucionalización de un grave ataque a todas las garantías constitucionales que tutelan la defensa de la estabilidad en el empleo público, y a la legalización del temor en los sectores laborales".

Por su parte, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) de Río Negro presentó en Viedma un recurso de amparo ante la justicia provincial con el objetivo de "proteger la situación de los contratados".