Miles de trabajadores cordobeses se quejaron durante toda la jornada por los problemas que tuvieron para viajar en los colectivos urbanos con la tarjeta SUBA. El malestar generalizado se debe a la falta de centro de recargas que -literalmente- deja al usuario sin la posibilidad de pagar su boleto.

Este conflicto estalló con la eliminación del cospel como medio alternativo de pago, sistema que desde el 31 de noviembre ya no se utiliza por decisión del intendente de la ciudad capital, Daniel Giacomino. Antes había mucha gente que tenía la SUBE pero cuando se quedaba sin carga, usaba cospeles. Esa posibilidad ya no existe. Las mayores trabas se verifican en los barrios donde no se han habilitado suficientes puestos, tal como lo había prometido la empresa concesionaria Red Bus.

Un problema similar podría sufrir el áerea metropolitana, si no se ejecutan con "sintonía fina" -como pidió la Presidenta- cada uno de los pasos para terminar de instalar este sistema. Y el apuro del Gobierno por recortar subsidios al transporte podrían entorpecer el proceso.

La semana pasada, desde la secretaría de Transporte se filtró la información de que se distribuirían más de tres millones de tarjetas electrónicas durante este mes. De esta forma, casi se duplicaría la circulación y se llegaría a 7 millones de usuarios.

Este pretencioso objetivo surge en medio de los recortes a los subsidios, que aún no alcanzaron a las empresas de transporte. Pero Juan Pablo Schiavi ya viene hablando de políticas "personaliza" para este sector desde hace meses. Por eso habría pedido ayuda a los intendentes que, a partir de esta semana, deberán señalar un puñado de puntos clave de cada jurisdicción para montar allí centros de distribución.

Según los especialistas consultados por LPO, actualmente cerca del 35% de los viajes se realizan bajo esa modalidad. Pero todos coinciden en que la aplicación debe ser cuidadoso porque, caso contrario, puede generar más problemas que soluciones -como está ocurriendo hoy en Córdoba-.

Más allá de las cuestiones logísticas (quién las imprime, a qué costo) y administrativas (cumplimiento de las normas de licitacion pública), un abrupto cambio de sistema puede generar incluso porblemas sindicales. Por segunda vez, los boleteros de la Línea B de subte protestaron por las "tendinitis" que les generan la carga de estas tarjetas. Y por ahora son sólo 3 millones. De cumplir con su anuncio, habría 7 millones en el próximo mes.

Pero los expertos en transporte afirman que los avances tienen que ser en bloque. Al avanzar con el reparto de tarjetas, también se debe pensar en la instalacion de los lectores, los centros de recarga y en un adecuado sistema de reparación de problemas y averías.

De todos modos, muy pocos confían en que la información filtrada por la secretaría de Transporte sea razonable. Y basta con recordar el primer anuncia de Cristina Kirchner sobre el lanzamiento del SUBE, cuando dijo que estaría en funcionamiento en 90 días: pasaron más de dos años y el sistema todavía no está totalmente extendido.

Además, para muchos especialistas es un error atar el recorte de subsidos a la masificación de la SUBE. No son los mismos tiempos, y nadie garantiza que aún con las 7 millones de tarjetas no surjan otros conflictos. Y recuerdan los dolores de cabeza que le generó un cambio repentino en Santiago de Chile a Michelle Bachelet. "El transporte es un servicio muy sensible, que afecta diariamente a los ciudadanos. Cualquier cambio, problema o modificación se percibe muy rápido", explicaron.