Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia que suspendió la aplicación del código de Ordenamiento Urbano, se desató en La Plata un feroz enfrentamiento entre el gobierno de Pablo Bruera y los jueces del tribunal. Vehículos sin identificación equipados con altoparlantes circulan por la zona de los tribunales provinciales presionando a los jueces para que reviertan el fallo.

Días antes, concejales que responden a Pablo Bruera habían sembraron sospechas sobre la imparcialidad de un ministro por su actuación como funcionario en la anterior administración municipal.

El colegio de Magistrados de la Provincia y el colegio de Abogados de La Plata emitieron rechazaron las expresiones contra los integrantes de la Suprema Corte a las que definieron como "presiones" e "imputaciones calumniosas".

"Hemos sido testigo de una camioneta que pasa delante de la Corte y con nombre y apellido tilda a los cuatro ministros de la Corte como coimeros", dijo al portal Infocielo el titular del Colegio de Abogados de La Plata, Pedro Augé.

"Estamos en un Estado democrático y debemos estar atentos a estas presiones porque lo que pretenden es torcer la independencia de los Ministros y que fallen contrariamente a lo que consideran", agregó.
La medida de la Corte llegó tras el derrumbe de una cochera que lindaba a una obra en la que se levantaba una torre de varios pisos. En el accidente murió aplastada una joven que caminaba por la vereda.

Ayer, el oficialismo en el Concejo Deliberante se negó a aprobar un proyecto de resolución presentado por el PRO en el que se solicitaba el repudio del cuerpo a las presiones contra la Corte. El proyecto contaba con el apoyo de la totalidad de los bloques políticos del recinto, sin embargo desde el oficialismo se negaron al tratamiento sobre tablas.

El fallo expresa textualmente que se decreta "la suspensión, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, de los efectos de la Ordenanza 10.703/2010 de la Municipalidad de La Plata", esto es, la norma que estableció el nuevo Código.

Según pudo saber La Política Online, el fallo de la Justicia no significó la paralización de las obras en marcha. Pero afectó directamente las tareas administrativas que rodean a la construcción.

Voces del oficialismo hablan de una pérdida de unos 20 mil puestos de trabajo directos..

En defensa del Código

Mientras tanto, los colegios profesionales y cámaras empresariales que integran el Instituto de Revisión de Normativa consideran que la demanda de las ONGs que dio lugar a la suspensión del Código es "inconsistente", "falaz" y que atenta contra "la previsibilidad y la seguridad jurídica".