Ir a la Ley 2095 –de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y repasar el artículo 7, es de por sí un más que muy útil acercamiento al espíritu de las licitaciones públicas. No hay que pensar entonces que en el Consejo de la Magistratura se han olvidado de los ocho principios fundamentales que rigen para las contrataciones y adquisiciones del Estado, aunque despierta ciertas sospechas el hecho de que hayan abierto una licitación pública con características tan particulares que hasta sugiere que detrás se oculta una contratación directa encubierta.

La licitación pública Nº 16 de 2010 -expediente OAyF Nº 050/10-0-, que “impulsa la adquisición de equipamiento para comunicaciones convergentes para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -áreas administrativa y jurisdiccional-”, según la propia letra de la resolución, hace un llamado para la adquisición –con un presupuesto total de $475.500- de dos tipos de productos: por un lado, de “trescientos teléfonos analógicos”, conforme una serie de características que van desde “distintas melodías seleccionables para el ‘ring tone’” hasta “permitir efectuar transferencias”.

Y por el otro lado –aquí la parte llamativa-, se solicitan “trescientos Teléfonos IP, Marca Cisco Modelo 7911G”, con una única característica que, en esencia, no es una característica sino un requerimiento: “Deberán incluir la licencia que permita su integración al Sistema de Comunicaciones Cisco Call Manager”.

Una "licitación directa"

Más allá de los 300 teléfonos analógicos, lo particular de esta licitación porteña es que la Magistratura requiera un producto en especial, de una marca  en especial y de un modelo en especial: los Cisco 7911G, que valen –incluida la licencia- y tal como le informaron fuentes de Cisco a LPO, unos U$S 522 a precio unitario de mercado.

Cisco es una empresa estadounidense, gigante multinacional dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones en general, entre ellos, telefonía con tecnología IP.

Como desde el Consejo contaban con que la precisión en la oferta podría llegar a hacerle ruido a más de un curioso, aclararon en la resolución que “antecede el Servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente, transcribe el artículo 35.11 del Reglamento de la Ley 2095: ‘Exigencia de Marca. Las especificaciones, en principio, no deben requerir marca determinada. Cuando se aleguen razones científicas o técnicas o existan en el mercado bienes cuya notoria y probada calidad aconseje su adquisición y estas circunstancias se encuentren debidamente fundadas, puede solicitarse marca o marcas determinadas” y: “ la intervención del Director de Informática y Tecnología (…) y la Dirección de Compras y Contrataciones de este Consejo, quienes dejan constancia de que la solicitud de la marca y modelos especificados se debe a que los teléfonos IP solicitados serán destinados al Sistema de Comunicaciones Cisco Call Manager propiedad de este Consejo, para el que no son compatibles aparatos telefónicos de otras marcas”.

No obstante, no emana de la norma que la Magistratura pueda detallar no sólo marca, sino también modelo, ya que está siendo muy claro al exigir los Cisco 7911G y no otro, ni siquiera uno similar o de rasgos alternativos. No cubre otro tipo de posibilidad. Aún así, el borrador de la licitación pasó por el Servicio de Asesoría Jurídica Permanente, quienes manifestaron que “de acuerdo a lo indicado precedentemente, este Departamento entiende que nada obsta jurídicamente para la prosecución del trámite del presente expediente”, tal como detalla el mismo documento.

Cabe aclarar que la ley 2095, en su artículo 7 y so pena de nulidad, fija que “en los procedimientos de compras y contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de oferentes potenciales”, además de que se prohíben privilegios de unos oferentes sobre otros, igualdad de acceso a la contratación, de apelarse a “los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias”. Quedará por analizar cuál es la necesidad del Poder Judicial de contar con un teléfono con estas características (Ver recuadro).

El Mercedes Benz de los teléfonos

Tal como revelaron fuentes de Cisco a LPO, “un teléfono modelo 7911G cuesta U$S522 a precio de mercado con la licencia incluida, que dura entre 1 y 3 años”.

Son teléfonos costosos y que no se lleva cualquier familia tipo para uso doméstico: cuenta con entorno desarrollado con determinadas aplicaciones integradas en un solo producto, una guía de usuario incorporada, una muy completa tecla de comando, pantalla táctil, aptitud para incorporarse a conferencia –no para videoconferencia- y es compatible para personas con deficiencia auditiva, además de contar con alertas auditivas y visuales.

“Se llevan bastante para las recepciones”, explicó un vendedor y agregó: ”Este teléfono intenta desplazar a los conmutadores, que tienen una central. Lo que hace esto es desplazar vías, acá se centraliza todo en un producto”.

Entre su amplio campo de facilidades, el 7911G permite configurarse con el Outlook y llamar al teléfono desde la máquina. “Tal vez para el Poder Judicial sea un poquito mucho”, apreciaron las fuentes.

“No está prohibido pedir una marca”

Consultado por La Política Online, Gustavo Roldán Olivera, director de Informática y Tecnología en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y encargado de ajustar los detalles técnicos de la licitación, negó que sea una contratación directa encubierta y dio los argumentos por los cuales licitaron un producto en particular.
“No está prohibido pedir una marca porque existe una justificación técnica. Lo dice la ley, no hay impedimento en este caso: la justificación es que el Poder Judicial, por un proceso licitatorio del año 2009 adquirió un sistema de telefonía IP Cisco a través de una licitación pública. Por ende, si necesito hacer ampliaciones al parque de infraestructura instalada lo hago sobre la misma plataforma”, sostuvo Roldán Olivera.

Lo cierto es que podrían adquirirse teléfonos de similares características al Cisco –como suele hacerse en dicha modalidad contractual, dando requerimientos y no exigiendo un único producto para ampliar el abanico de marcas interesadas-, los cuales podrían responder al sistema sin ningún problema. Además, en este caso se fija un modelo más allá de la marca.

“Sí, pero se eligió el 7911G porque hay varios de Cisco y éste es el más económico” sostuvo el director de Informática y Tecnología, aunque asegura desconocer los valores del teléfono que pretenden. “Establecer una marca no significa no tener proveedores, que hay “n” cantidad de ellos”, explicó y negó que se restrinja la licitación: “Para mí no, hay un justificativo 100% técnico, y además hay que ver las compatibilidades de tu estructura económica y el por qué estás pidiendo eso”.

Aprovechar al 100%

Aunque incluso podrían sumarse a la red teléfonos de alta gama y de otras marcas, “para que tenga todas las facilidades que brinda la central telefónica –afirma el director de la Magistratura-, tienen que ser teléfonos de la misma marca. Si hoy se compraran teléfonos digitales Siemens, no se puede aprovechar el 100% de la funcionalidad y las prestaciones”.

Roldán Olivera prevé que los 300 nuevos teléfonos durarán “entre ocho y nueve años”: las centrales que se reemplazan son del año ‘99. El punto aquí también pasa en hasta qué nivel la Ciudad no está obligada a comprarle a Cisco, porque de ese modo, sí se daría cuenta de una contratación directa.

Si bien es cierto que algunas empresas no contratan con el Estado, no es el caso de Cisco y el funcionario público lo reconoce al revelar el antecedente de la empresa en 2009. Si así fuera, se justificaría –quizá- el pedir un producto distinguido. De esta forma y desde el año pasado, la Ciudad habría quedado cautiva de una firma privada, y el director de Informática lo asume: “En tecnología sí estamos cautivos, pero es como cuando te comprás un auto. Para los repuestos, sos un cautivo de tu marca hasta que lo cambies”.

Cisco no; representantes sí

“El tema depende de cómo se haga la ecuación económica financiera”, detalla Roldán Olivera y resume con un ejemplo práctico: “Porque si uno compra un Mercedes Benz y hablamos de que tendrá una vida útil de diez años, no es que se compra algo que a los dos años se piensa renovar; son diez años vista, el cual el prorrateo de la inversión es muy grande. Es ahí donde hay que poner el foco”. Hay que ver qué necesidad tiene el Poder Judicial de tener “un Mercedes Benz”.

Pero más allá de no tener una aparente salida más que licitar en ineludible favor de Cisco, el director afirma que la empresa “no vende directo, por lo menos con nosotros tienen canales de venta. No sé cómo harán, no me meto en sus políticas de venta, sé que proveedores de Cisco hay una determinada cantidad, más de cien empresas, porque ese es el mercado tecnológico, uno no va a IBM empresa a comprar una máquina IBM, sino a un proveedor. Acá no viene el fabricante a vender, viene el proveedor, y hay varios que abastecen productos Cisco”. De todas formas, Roldán Olivera se pisa cuando asume que “las empresas representan a Cisco”. Es decir que de una forma u otra, a Cisco no se le escapará el negocio, sea cual sea el proveedor.