El juez Norberto Oyarbide rechazó apartarse de la causa de espionaje porteño y su futuro al frente de la investigación quedó en manos de la Cámara Federal porteña.

Ayer el ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, le pidió al juez que se aparte de la causa, argumentando que él, cuando era fiscal lo había llamado a indagatoria en el caso Spatacus.

La decisión es importante porque Oyarbide citó a prestar declaración indagatoria al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para el 28 de este mes, al acusarlo de integrar una asociación ilícita. Si la Cámara Federal resuelve apartar al juez, Macri cree que respirará aliviado. Es que el jefe de gobierno porteño está convencido de que la motivación de su citación y la de Montenegro como imputados es "política".

Montenegro pidió a Oyarbide que se inhiba de seguir investigándolo al recurrir al Código Procesal Penal que expresa que "el juez deberá inhibirse de conocer en la causa si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por ellos", informó el diario La Nación.

El caso Spartacus

Montenegro fue fiscal federal antes de ser funcionario porteño y, como tal, en 1997 acusó a Oyarbide de la interceptación ilegal de teléfonos y pidió dos veces su declaración indagatoria por 16 hechos relacionados justamente con esos delitos en una causa relacionada con la investigación del atentado contra la AMIA.

Se trataba del caso de la filtración a la prensa de un videocasete con la grabación de una charla entre Carlos Telleldín, entonces acusado, y el entonces juez federal Juan José Galeano. Esa grabación provocó un escándalo porque el juez y el imputado parecían negociar los términos de una declaración.

En esa investigación Oyarbide mandó a detener al abogado Mariano Cúneo Libarona, al sospechar que era el autor de la filtración, y les pinchó los teléfonos a él, a otros abogados y a periodistas.

Esa causa contra Oyarbide terminó cerrada sin perjuicio para el juez, pero Montenegro entiende que haberlo acusado en ese momento ahora inhabilita a Oyarbide a indagarlo. No sólo se ampara en la ley cuando habla de que el juez deberá inhibirse si un imputado fue su "acusador", sino que se basa en fallos de la Corte Suprema de Justicia que señalan que el solo temor de tener un juez enemigo alcanza para apartarlo.
El enfrentamiento

Tal era el enfrentamiento que cuando a Montenegro le tocó estar de turno como fiscal con el juzgado de Oyarbide en 2002, pidió que se lo eximiera de hacerlo.

La Cámara define

Montenegro en persona llevó el escrito ayer a las 7 de la mañana a la mesa de entradas del juzgado federal N° 7, del que él mismo fue juez antes de ser ministro porteño. Lo atendió un ex empleado suyo.

Anoche, cerca de las 21, Oyarbide rechazó el pedido de Montenegro, sin imponerle costas.

Argumentó en 12 carillas que en definitiva fue sobreseído en la causa que mencionó Montenegro y que esa decisión no fue apelada ni por el fiscal ni por la querella. Dijo además que ni siquiera fue indagado como lo pidió el entonces fiscal.

Entendió que a pesar de que el Código Procesal Penal señala que el juez debe inhibirse si le toca juzgar a su acusador, en este caso Montenegro actuaba en el rol de fiscal y era un imperativo legal propio de su cargo hacerlo. Si lo hizo como fiscal, dijo Oyarbide, era parte de su trabajo y si no lo hubiera hecho, podría haber sido denunciado por mal desempeño en sus funciones.

Cerca de Montenegro rechazaron este argumento porque señalaron que el entonces fiscal no tenía ninguna obligación de pedir la indagatoria del juez ni denunciarlo.

Oyarbide afirmó que no cualquier causa previa puede ser motivo de recusación posterior, porque si no todos los abogados denunciarían a los jueces previamente para asegurarse de que ninguno pueda juzgar su caso. Oyarbide entendió que para invocar esta causa la denuncia tenía que tener cierto avance; en el caso de Montenegro, no llegó a ser indagado.

Pero Montenegro rechazó esta idea al decirle a Oyarbide: "Desconozco sus motivaciones o lo que hay en su ánimo y, en puridad, tampoco me interesa. Simplemente exijo que si he de responder por mis actos ante la Justicia, el magistrado que ha de intervenir me garantice, a mí y a la sociedad, su imparcialidad".

Ahora el asunto está en manos de la Cámara Federal.