03 de mayo, 2024
Apagón contra la ley Werthein
El nuevo impuesto del 1% sobre los abonos de la telefonía celular convertido en ley el miércoles pasado -que se suma a los aumentos en las tarifas de los teléfonos móviles- "es abusivo, regresivo y constituye un golpe más al bolsillo de los usuarios", opinan las asociaciones de consumidores. Por eso, un grupo de entidades decidió convocar a un "apagón" de los aparatos durante una hora el próximo sábado 12 a las 12 del mediodía como una forma de protesta frente a los impactos en las facturas.
También, la idea de los representantes de los consumidores es levantar firmas en distintos puntos de la ciudad no sólo para pedir la derogación del impuesto sino también para proponer a los legisladores que elaboren una ley que regule al sector, revela una nota de Clarín.
"Hasta que el Estado no tome a la telefonía celular como un servicio público y las empresas sigan cobrando lo que se les antoja porque el servicio está desregulado, va a haber graves consecuencias para los usuarios", advirtió ayer el diputado Héctor Polino, de Consumidores Libres, en una conferencia de prensa, que dieron las entidades en el café Tortoni.
"Nos oponemos al impuestazo del 1%", dijo Susana Andrada, titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC). "Como también a los aumentos en los mensajes de texto que llegan al 53%, a la imposibilidad de dar de baja el servicio telefónicamente y al maltrato que recibimos de los call centers, entre otras cosas", detalló. Según Polino, el cobro del 1% sobre los servicios y abonos, de acuerdo con la ley que acaba de sancionar el Senado, implica que se elevan al 44% las tasas e impuestos del servicio: "una verdadera confiscación de los ingresos de los usuarios", dijo. Y resumió que existe una "connivencia entre el Gobierno y las telefónicas: entre ambas esquilman los bolsillos de los consumidores".
A raíz de esto, Alejandro Chamatropulos, de CODEC, recordó que la empresa Telefónica, operadora de Movistar, "retiró del CIADI una denuncia contra la Argentina, a cambio de una autorización para aumentar las tarifas", dijo.
Se sumaron a las denuncias, la Unión de Usuarios y Consumidores y ADUCC. Osvaldo Bassano, titular de esta última, resaltó la importancia de unificar la protesta contra estas medidas "inconsultas que afectan a los usuarios de menores recursos", dijo.
También, la idea de los representantes de los consumidores es levantar firmas en distintos puntos de la ciudad no sólo para pedir la derogación del impuesto sino también para proponer a los legisladores que elaboren una ley que regule al sector, revela una nota de Clarín.
"Hasta que el Estado no tome a la telefonía celular como un servicio público y las empresas sigan cobrando lo que se les antoja porque el servicio está desregulado, va a haber graves consecuencias para los usuarios", advirtió ayer el diputado Héctor Polino, de Consumidores Libres, en una conferencia de prensa, que dieron las entidades en el café Tortoni.
"Nos oponemos al impuestazo del 1%", dijo Susana Andrada, titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC). "Como también a los aumentos en los mensajes de texto que llegan al 53%, a la imposibilidad de dar de baja el servicio telefónicamente y al maltrato que recibimos de los call centers, entre otras cosas", detalló. Según Polino, el cobro del 1% sobre los servicios y abonos, de acuerdo con la ley que acaba de sancionar el Senado, implica que se elevan al 44% las tasas e impuestos del servicio: "una verdadera confiscación de los ingresos de los usuarios", dijo. Y resumió que existe una "connivencia entre el Gobierno y las telefónicas: entre ambas esquilman los bolsillos de los consumidores".
A raíz de esto, Alejandro Chamatropulos, de CODEC, recordó que la empresa Telefónica, operadora de Movistar, "retiró del CIADI una denuncia contra la Argentina, a cambio de una autorización para aumentar las tarifas", dijo.
Se sumaron a las denuncias, la Unión de Usuarios y Consumidores y ADUCC. Osvaldo Bassano, titular de esta última, resaltó la importancia de unificar la protesta contra estas medidas "inconsultas que afectan a los usuarios de menores recursos", dijo.
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