El flamante intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sucesor de Jorge Rossi, fue intimado por la Justicia Federal a que en menos de un mes desaloje los puestos ilegales ubicados a la vera del Riachuelo, que se dedican a vender mercadería a precios todavía más accesibles que la Feria conocida como "La Salada".

En el entorno del mandatario advirtieron que presentarán "un plan integral de trabajo", mientras que desde el complejo comercial solicitaron "unos 90 días para poder sentarse a dialogar y lograr una solución al conflicto".

La solicitud la realizó el juez Federal de Quilmes, Luis Armella, quien intimó a Insaurralde a cumplir con el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ya que tiene "las mismas obligaciones que su antecesor Jorge Rossi".

Tras anoticiarse, el intendente manifestó que va a "presentar un plan integral de trabajo", y que realizará "todo lo que le corresponde como partido".

"Lomas tiene la zona de la Saladita, donde hay gente que tiene puestos ilegales frente a un Riachuelo contaminado. Allí, los problemas sanitarios son vergonzosos, con un riesgo para la salud de la gente y para el medio ambiente", explicó el jefe comunal.

También precisó que está convencido de que "uniendo todas las fuerzas se llegará a la solución, con el saneamiento de la cuenca", y expreso que "la situación del Riachuelo ha llegado a un límite y es tiempo de actuar".

En diálogo con LPO, el administrador de una de las ferias internadas de La Salada denominada Urkupiña, y ex candidato a diputado provincial por el Acuerdo Cívico y Social, Enrique "Quique" Antequera, señaló que "en un mes no se puede hacer nada".

Antequera, quien fue aliado de Osvaldo Mércuri y ahora encolumnado detrás de Margarita Stolbizer, evaluó que "en el plazo que dio la Justicia no podrá vislumbrarse ninguna resolución", pero remarcó que "si nos dan unos 90 días o esperan a que pasen las fiestas, que es cuando más vendemos, podremos sentarnos a hablar y llegar a un acuerdo".

"Acá hay una falta de organización que vienen desde hace 10 años, esto no se puede solucionar de un día para el otro. Creo que deben liberarse las calles de la zona pero sólo les pedimos más tiempo", agregó. Y sostuvo que “las ferias internadas buscan que los puestos callejeros pueden incluirse dentro del complejo comercial y dejen la ilegalidad”.

Luego recordó que "durante de gestión del ex intendente Jorge Rossi se intentó desalojar a la gente que tiene sus precarios puestos, pero ellos no escarmentaron, y por el contrario desafiaron al Ejecutivo y cortaron todas las calles de modo tal que nadie pudimos trabajar ni los que pagamos impuestos, ni ellos".

Antequera proclamó que "el nuevo intendente tiene voluntad de diálogo ya que desde que asumió se sentó con todos los sectores", y remarco que "como es una persona joven también tiene ideas más liberales que las de Rossi", por este motivo confió en que "si la Justicia nos da más tiempo podremos llegar a un acuerdo".

"Espero que el diálogo no se cierre y que Insaurralde cumpla con todas las obras que prometió, sabemos que hay problemas presupuestarios, aunque creemos que como nosotros aportamos mucho dinero en impuestos y necesitamos que la zona mejore", aportó.

Para muestra basta un botón

Las irregularidades en la zona de La Salada son más que evidentes, y para confirmar este hecho sólo basta analizar los enfrentamientos que se desataron el miércoles a la madrugada.

En esta oportunidad, unas siete personas resultaron heridas cuando efectivos de la policía intentaron desalojar la calle Tilcara, ubicada en la entrada lateral del complejo comercial, que fue cerrada al público por los feriantes dado que la usan de estacionamiento.

Según los vecinos, la Justicia instó a la comuna a desalojar la arteria, pero los comerciantes se resistieron, y como la violencia no cedió, los policías decidieron convocar a la Guardia de Infantería y hasta integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los puesteros con balas de salva y de goma, las cuales generaron lesiones a unas siete personas que debieron ser internadas en el Hospital Allende de Ingeniero Budge.

Ante ese episodio, Susana Ledesma manifestó a LPO que "como la calle fue usurpada por los comerciantes en la zona no pueden ingresar colectivos, ambulancias ni patrulleros por lo cual esto es una boca de lobo".

Atestiguó que "desde hace un tiempo los puesteros fueron intimados para sacar las rejas que bloquean el paso a la calle Tilcara, pero ellos las volvieron a poner".

"Anoche nadie se peleó con los puesteros sino que ellos iniciaron los disturbios, lo que los medios no dijeron es que también dos policías recibieron fuertes golpes", apuntó la dirigente.

Ledesma adelantó que "si la zona no es custodiada en el corto plazo la calle volverá a ser cerrada al paso de la comunidad y utilizada de forma privada por la Feria Ocean".

¿Posible desalojo?

Jorge Castillo, el mediático administrador de la feria Punta Mogotes que también está dentro del complejo señaló que "es posible" desalojar la denominada "La Saladita", y recalcó que "sólo hay que tener voluntad". Pero destacó que "la Justicia no tiene noción sobre los tiempos que tomará esta medida".

En este sentido, un referente de los puesteros ilegales de la zona ubicada fuera del complejo trasmitió a este medio que "se corre el rumor de que nos quieren sacar pero vamos a resistir, si tenemos que cortar calles o impedir el paso a la feria internada lo vamos a hacer".

Con todo, vecinos de la zona aseguran que el conflicto “es muy complicado” y temen que la intransigencia de los comerciantes genere "una tragedia". En este marco, revelaron que como “hay mucha necesidad social y algunos están en el límite de la legalidad por lo cual puede suceder una muerte”.

La dirigente lomense Susana Ledesma atestiguó que "están realizando reuniones entre vecinos, armadores (encargados de montar los puestos callejeros) y representantes del Municipio". "Intentamos que se mantenga limpia la zona y que los comerciantes no pierdan su fuente de trabajo", narró.

Además, indicó que una de las propuestas que surgió de las reuniones es "implementar puestos desarmables en la Ribera", pero reconoció que "hay sectores que no quieren dialogar e incitan a la violencia".

"Este es un tema muy delicado ya que de realizarse lo que pide la Justicia unas 7 mil familias se quedarían sin comer, por eso pedimos consenso y tiempo para realizar una medida que sea aceptada por ACUMAR", advirtió.