El proyecto de ley que promueve elevar el IVA del actual 10,5% al 21% a los productos electrónicos fabricados fuera del Tierra del Fuego e importados, abrió una fuerte polémica entre las empresas, que creció aún más, cuando trascendió que un "agregado" en los artículos de la ley terminaba favoreciendo a uno de los fabricantes de aire acondicionados de la Isla, BGH. Se trata de un negocio que mueve unos 18 millones de dólares, según el monto facturado, en 2008, por el segmento de aire acondicionados de entre 6000 y 18.000 frigorías.

El puntapié inicial en el conflicto, lo dio Multicontrol S.A, el único fabricante de aire acondicionados en el territorio y que estaría, con ese "agregado", alcanzado por el impuesto. Multicontrol, que tiene dos plantas, una en Munro y otra en Tigre, envió una nota al Senado exponiendo las desventajas competitivas a las que se expone. "Queremos un tratamiento igualitario porque si no, quedamos fuera del mercado", dijo Luis Iantosca, presidente de Multicontrol, que fabrica la marca Westric, según reveló Clarín.

Desde AFEARTE, la cámara que representa a los fabricantes fueguinos, descartan que ésta sea "una ley BGH". "En ese segmento de aparatos de aire, el 85% es importado y de la porción restante, BGH tiene aproximadamente un 10% del mercado. "Pero otros fabricantes, están en condiciones de fabricarlos si quisieran", explican.

Sin embargo, a las cámaras que se oponen al "impuestazo", el capítulo de los aire acondicionados les potenció las críticas a la ley original: "Esto cubre al proyecto de un manto de duda mayor", señaló Norberto Capellán, titular de CICOMRA, la entidad que agrupa a empresas informáticas, operadoras de telefonía celular y proveedoras.

Un diputado complicado

El diputado Gustavo Marconato, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, fue quien quedó en el ojo de la tormenta por haber intentado que se aprobara el cuestionado artículo que introdujo, al parecer sin que estuvieran al tanto en la Casa Rosada.

En la sesión del 5 de agosto, en la que Diputados aprobó una suba de impuestos (salvo en Tierra del Fuego) para fabricar electrónicos en la Argentina, Marconato propuso durante el debate en el recinto la cláusula de la sospecha. Según consta en la versión taquigráfica, Marconato planteó que en el "artículo 21 referido a máquinas y aparatos para acondicionadores de aire, se hace una modificación técnica: se elimina 6.000 frigorías y se coloca 6 toneladas. Esto tiene que ver con el tamaño y la capacidad. Obviamente se trata de aparatos mucho más grandes. Se trató de un error técnico que me avisaron desde el ministerio", resumió. La modificación no había sido planteada antes en la comisión.

Marconato es un diputado kirchnerista por la provincia de Santa Fe con llegada directa a la quinta presidencial de Olivos. Sucede que el padre del diputado, ex intendente de Las Parejas, fue uno de los primeros en adherir al proyecto de Néstor Kirchner.

Incluyendo la modificación propuesta por Marconato en pleno recinto, el proyecto aprobado en Diputados pasó a ser discutido en el Senado. Luego de varias postergaciones, el dictamen estaba listo para convertirse en ley el miércoles pasado, al punto que la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, principal impulsora de la iniciativa, estuvo en un salón de la Cámara alta esperando la sesión, que se frustró por falta de quórum.

El jefe de bloque de la UCR, Ernesto Sanz, avisó a su par del oficialismo, Miguel Pichetto, que no iban a prestar quórum. Entonces, la sesión fracasó.

Pichetto pareció advertir lo que estaba sucediendo y quiso evitarse problemas luego de los reproches recibidos por la sanción de la ley de emergencia Agropecuaria que luego fue vetada. Entonces, le envió una nota a la ministra de la Producción, Débora Giorgi, para preguntarle si había ordenado los cambios impulsados por Marconato. "Desde dicho ministerio no se solicitó ninguna modificación al proyecto", fue la respuesta que recibió Pichetto y que le transmitió luego por carta al titular de la comisión de Presupuesto del Senado, Fabián Ríos.

La carta de Pichetto no deja lugar a dudas: "En virtud de dicha postura, que es compartida por el bloque que presido, considero que resulta imprescindible que, en su carácter de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, solicite la vuelta a comisión del proyecto, o proponga la modificación antes referenciada (volviendo al texto original del PEN) durante su tratamiento en el recinto". El oficialismo frenaba así una ley que iba camino al escándalo.