El PRO tuvo que dejar por el camino el mega proyecto para construir túneles debajo de la Avenida 9 de Julio, cuya licitación ya está en marcha, y la idea de construir un Centro Cívico donde se concentraría toda la administración de la ciudad.

Esto fue una parte de la negociación que tuvo al macrismo y a la oposición en el marco del pedido del Ejecutivo para que la Legislatura le permita generar nueva deuda y un bono a proveedores.

En rigor se trata de “facultar al Poder Ejecutivo a emitir en el mercado local un título de deuda para la cancelación de certificados de obra” con proveedores por $ 690.331.142, según consta en el proyecto.

En este punto, a pedido del legislador peronista Juan Manuel Olmos se modificaron los vencimientos del bono: se pasó de marzo de 2012 a fines de 2011. La idea es que la misma gestión de Mauricio Macri sea la que cancele la deuda que emitió.

Por otra parte, se eliminó la idea de que el bono afecte a “obligaciones legítimas”, como establecía el despacho de mayoría firmado por el PRO más el lopezmurphysta Marcelo Meis y la ex kirchnerista, borocotizada al macrismo, Ivana Centanaro, hija del camarista que suele votar a favor del Ejecutivo. Esto tenía que ver con la posibilidad que se le daba al macrismo a darle un bono a pequeños proveedores, algo que logró eliminar la oposición.

Además, otro punto tiene que ver con la autorización para emitir Letes. Se trata de deuda a corto plazo para cubrir iliquidez de caja del Ejecutivo y que ha sido una política financiera muy exitosa durante todo el año para Macri.

Finalmente, otro componente del paquete de endeudamiento son $913 millones que corresponden a las llamadas obras FOISO, Fondo de infraestructura social.

En 2007 se había votado la autorización para que el Ejecutivo se endeude en $1604 millones pero ese bono no pudo ser emitido porque el gobierno nacional se negó a autorizar con un simple trámite burocrático la operación financiera.

A pesar de ello, el macrismo avanzó con una parte de las obras contempladas allí y que forman parte del bono a proveedores. El resto justamente corresponde a este nuevo paquete.

“El FOISO fue aprobado por la mayoría de los legisladores porteños a fines de 2007 porque entendían que el mismo procuraba saldar la deuda en infraestructura social que presentaba la Ciudad, luego de varias décadas de desinversión social”, dijo el titular de la comisión de Presupuesto, Álvaro González (PRO).

"Lamentablemente, el gobierno nacional no avaló esta herramienta financiera que a la Ciudad de Buenos Aires le hubiese permitido invertir en un ambicioso plan de obras con el fin de recomponer una gran parte del déficit social existente. Así y todo, el gobierno porteño consideró imprescindible avanzar en la realización de algunas de las obras enunciadas en el FOISO con un gasto aproximado de $690 millones que fueron financiados con recursos tributarios propios" comentó González.

Por último, estimó que “las razones centrales de estas medidas económicas que estamos encarando no son otras que los beneficios que suponen estas obras para los vecinos de Buenos Aires y la creación de fuentes de empleo que implica la realización de las mismas".