06 de mayo, 2024
Macri adjudicó el contrato de mobiliario urbano
Finalmente el gobierno porteño otorgó la licitación con un canon superior al que originalmente habÃan ofrecido las empresas preadjudicatarias en primera instancia. AsÃ, desde agosto las paradas de colectivos y carteles indicadores de calles se verán renovados. CrÃticas del ibarrismo.
Las calles de la ciudad se verán parcialmente renovadas en agosto, pues ése es el plazo que el gobierno porteño otorgará a las empresas concesionarias de la publicidad callejera para renovar, por lo menos, las paradas de colectivos y los carteles indicadores de calles.
Ese plazo quedará establecido en el contrato de concesión que otorgará el jefe de gobierno, Mauricio Macri, a tres empresas que manejaban el servicio hasta diciembre pasado, cuando se les venció la última prórroga para seguir operando.
Según publica el diario La Nación, Macri firmó el decreto para adjudicar la publicidad en la vía pública, un contrato que está vencido desde hace más de una década, en un negocio que mueve anualmente más de $ 100 millones.
Las empresas que seguirán repartiéndose el mercado, que también incluye la explotación de la publicidad en las pantallas publicitarias y en las paradas de taxis, son Publicidad Sarmiento, de los hermanos Terranova; Grupo Al Sur, de la ex esposa y los hijos de Enrique Albistur, secretario de Medios de la Nación, y PC Vía Pública, que actualmente explota carteles en la avenida Lugones y que pertenece a Emepa, que, entre otros negocios, maneja Hidrovía, Ferrovías y Níttida (recolección de residuos).
Fuera de la concesión quedaron los oferentes, y hasta diciembre pasado concesionarios del servicio, Spinazzola y Viacart, empresa esta última a la que se suele vincular con el empresario de medios Daniel Hadad.
"Después de un proceso absolutamente transparente, adjudicaremos la licitación del mobiliario urbano a las tres empresas que presentaron las mejores ofertas. La ciudad estará dividida en igual cantidad de zonas y todos deberán renovar la totalidad de los elementos. Eso requerirá una inversión en el primer año de unos 60 millones de pesos. El primer prototipo estará listo dentro de cinco meses", dijo a LA NACION Juan Pablo Piccardo, ministro de Ambiente y Espacio Público.
Los centros de trasbordo, uno de los lugares más apetecibles para los anunciantes, quedaron divididos así: la estación de Retiro será responsabilidad de la empresa Sarmiento; Constitución, del Grupo Al Sur, y Plaza Miserere, de PC Vía Pública.
Reparto igualitario
Según el gobierno, se repartieron equitativamente avenidas, calles principales y espacios públicos entre las tres empresas.
Cada una de las ganadoras pagará un canon de 3.330.000 pesos a la ciudad por año o el 15% de su facturación anual. "Pagará el valor más alto. Si se les cayera la recaudación el piso son $ 10 millones en total por el servicio anual", dijo Piccardo.
El Grupo Al Sur y la firma Wellon (vinculada al empresario Carlos Avila) habían obtenido en 1991 la concesión de las 3266 pantallas verdes. El contrato venció en 1996, pero siguieron operando, a cambio del pago de un canon.
Lo mismo ocurrió con las 1001 pantallas lumínicas que explotaba Sarmiento, los refugios de colectivos que tenía Spinazzola y los carteles de las calles y de las paradas de colectivos que operaba la unión entre Siemens, Lesko y Trabacar. Estos contratos empezaron en 1996 y vencieron en 2001.
Críticas del ibarrismo
Por su lado, luego de que Piccardo declarara que el proceso de licitación por el Mobiliario Urbano fue "absolutamente transparente", el diputado Eduardo Epszteyn respondió: "El Ministro tiene razón, el negociado de Macri en esta licitación está a la vista de todos".
"Es evidente que el proceso está viciado de irregularidades", sentenció el presidente del Bloque Diálogo por Buenos Aires.
Ese plazo quedará establecido en el contrato de concesión que otorgará el jefe de gobierno, Mauricio Macri, a tres empresas que manejaban el servicio hasta diciembre pasado, cuando se les venció la última prórroga para seguir operando.
Según publica el diario La Nación, Macri firmó el decreto para adjudicar la publicidad en la vía pública, un contrato que está vencido desde hace más de una década, en un negocio que mueve anualmente más de $ 100 millones.
Las empresas que seguirán repartiéndose el mercado, que también incluye la explotación de la publicidad en las pantallas publicitarias y en las paradas de taxis, son Publicidad Sarmiento, de los hermanos Terranova; Grupo Al Sur, de la ex esposa y los hijos de Enrique Albistur, secretario de Medios de la Nación, y PC Vía Pública, que actualmente explota carteles en la avenida Lugones y que pertenece a Emepa, que, entre otros negocios, maneja Hidrovía, Ferrovías y Níttida (recolección de residuos).
Fuera de la concesión quedaron los oferentes, y hasta diciembre pasado concesionarios del servicio, Spinazzola y Viacart, empresa esta última a la que se suele vincular con el empresario de medios Daniel Hadad.
"Después de un proceso absolutamente transparente, adjudicaremos la licitación del mobiliario urbano a las tres empresas que presentaron las mejores ofertas. La ciudad estará dividida en igual cantidad de zonas y todos deberán renovar la totalidad de los elementos. Eso requerirá una inversión en el primer año de unos 60 millones de pesos. El primer prototipo estará listo dentro de cinco meses", dijo a LA NACION Juan Pablo Piccardo, ministro de Ambiente y Espacio Público.
Los centros de trasbordo, uno de los lugares más apetecibles para los anunciantes, quedaron divididos así: la estación de Retiro será responsabilidad de la empresa Sarmiento; Constitución, del Grupo Al Sur, y Plaza Miserere, de PC Vía Pública.
Reparto igualitario
Según el gobierno, se repartieron equitativamente avenidas, calles principales y espacios públicos entre las tres empresas.
Cada una de las ganadoras pagará un canon de 3.330.000 pesos a la ciudad por año o el 15% de su facturación anual. "Pagará el valor más alto. Si se les cayera la recaudación el piso son $ 10 millones en total por el servicio anual", dijo Piccardo.
El Grupo Al Sur y la firma Wellon (vinculada al empresario Carlos Avila) habían obtenido en 1991 la concesión de las 3266 pantallas verdes. El contrato venció en 1996, pero siguieron operando, a cambio del pago de un canon.
Lo mismo ocurrió con las 1001 pantallas lumínicas que explotaba Sarmiento, los refugios de colectivos que tenía Spinazzola y los carteles de las calles y de las paradas de colectivos que operaba la unión entre Siemens, Lesko y Trabacar. Estos contratos empezaron en 1996 y vencieron en 2001.
Críticas del ibarrismo
Por su lado, luego de que Piccardo declarara que el proceso de licitación por el Mobiliario Urbano fue "absolutamente transparente", el diputado Eduardo Epszteyn respondió: "El Ministro tiene razón, el negociado de Macri en esta licitación está a la vista de todos".
"Es evidente que el proceso está viciado de irregularidades", sentenció el presidente del Bloque Diálogo por Buenos Aires.
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