El vendaval político luego de que, a través de un artículo del diario Crítica se diera a conocer que dos diputados del PRO votaron dos veces (el presidente del bloque, Oscar Moscariello y la menemista Silvia Majdalani en lugar de Cristian Ritondo y Daniel Amoroso), estalló en el seno del espacio que conduce Mauricio Macri.

Si bien en las últimas horas el jefe de gobierno intentó bajarle el tono al escándalo, durante todo el fin de semana el ex presidente de Boca el sábado habló con La Nación del escándalo y se manifestó muy enojado. La exposición del tema creció y el lunes tuvo un pico, con los canales repitiendo las impactantes imágenes tomadas por las cámaras de la propia Legislatura.

Esto generó algunos roces entre al interior del bloque PRO y con el propio jefe de Gobierno, que finalmente se limaron en la reunión de gabinete de esta mañana, en la que el propio presidente de la Legislatura Diego Santilli informó lo que sucedió.

Los legisladores más afectados por el escándalo, son paradójicamente o no, aquellos que más han hecho este año por aprobar una serie de leyes muy importantes para el Ejecutivo, y cuando salió a la luz esta irregularidad se sintieron dolidos de que Macri enseguida los haya criticado.

La idea de que el jefe de gobierno debía separarse del escándalo político fue del secretario general Marcos Peña. Esta estrategia mediática coincide claramente con uno de los focos de la interna del PRO por un dato central: los principales diputados involucrados en los videos no son michettistas.

“Al final los que siempre damos la cara defendiendo las leyes que nos mandan terminamos siendo los malos de la película”, se quejó ante LPO un diputado del bloque.

Pero el problema no es tan sencillo en términos políticos. Si bien es cierto que no se trató de un caso de corrupción, ni de una ilegalidad, el impacto en la opinión pública fue devastador. En rigor, existe un vacío reglamentario que indica que los legisladores pueden votar a viva voz aunque no estén en su banca, y en este caso en vez de hacerlo, Ritondo y Amoroso les pidieron a sus compañeros de banca -Majdalani y Moscariello-, que apretaran el tablero por ellos. Ni voto a viva voz ni voto en la banca.

"Entiendo que lo que sucedió en un punto es una pavada, pero como impacta en la imagen general del gobierno y del PRO en un tema como la ética, es gravísimo", reflexionó hoy un más sereno Macri.

Cambio de ritmo

Lo cierto es que no son pocos en el bloque del PRO que, desde mitad de año, han repetido que reciben fuertes presiones del Ejecutivo para sancionar leyes que, en muchos casos, requieren un tratamiento especial de no menos de tres meses.

“Algunos ministros siempre están ansiosos”, apuntaron en más de una oportunidad a este medio desde la bancada oficialista.

En este marco, en el macrismo ya se empieza a hablar sobre la posibilidad de volver a lo que se llamó la “Doctrina De Estrada” (en referencia al anterior vicepresidente de la Legislatura y actual auditor porteño, Santiago de Estrada).

Esto es: anudar consensos más amplios para la mayoría de las leyes, no apurar las iniciativas y, ante todo, ponerle un freno a los deseos incontenibles del Ejecutivo.

La sombra del ibarrismo

En medio del escándalo quien fue sindicado por el macrismo como el responsable de “filtrar” el video en los medios fue el ex jefe gobierno Aníbal Ibarra.

De hecho, desde su despacho se solicitó el polémico video de esa sesión a la Dirección de Prensa, a cargo de Paula Schuster (funcionaria de confianza de Gabriela Michetti).

Desde allí le entregaron la filmación de la sesión, claro está, sin saber para qué sería utilizado (vale agregar: desde esa dependencia se entrega material de toda clase y hasta se cubren eventos de todos los bloques). En todo caso en el macrismo reprochan que no se haya avisado a las autoridades de la fuerza de estos curiosos pedidos de Ibarra.

“Pedimos todos los videos para subir a la página de Aníbal. Lo hacemos todas las semanas”, respondieron a este medio desde el ibarrismo, consultados sobre la causa por la cual habían solicitado las imágenes.

De todas maneras desde el mismo espacio aceptan que hay un gran malestar con el oficialismo porque el macrismo se niega a designar en la Defensoría a Graciela Muñiz, esposa del diputado ibarrista Raúl Puy.

El macrismo había acordado entregarle ese cargo a Ibarra, pero como el ex jefe de Gobierno incumplió a su vez el compromiso de votar el presupuesto, se decidió avalar el nombramiento de un hombre de la Coalición Cívica: Gerardo Gómez Coronado, radical cercano a Enrique Olivera. La bronca por esta situación habría sido uno de los detonantes para la ofensiva, simpre según la visión macrista.

Lo cierto es que no sólo están trabadas las designaciones en la Defensoría, sino también en el Ente regulador de las servicios públicos, y en otros organismos descentralizados, al ritmo de las negociaciones con la oposición para votar la estratégica Ley de Presupuesto.

Kirchner huele sangre

Como sea, el ex presidente Néstor Kirchner intuyó rápidamente que la casualidad -o no- le servía en bandeja una oportunidad espléndida de dejar atrás su propio bochorno legislativo: la objetada votación de la ley de blanqueo de capitales.

La oposición avanzaba en una presentación judicial para objetar esa votación, que estaban articulando Patricia Bullrich de la Coalición Cívica y Federico Pinedo del PRO. Este escándalo deja a ambas fuerzas a la defensiva, ya que también resultó golpeado el legislador de la Coalición Guillermo Smith, quien en otra votación ni voto ni se abstuvo, quedándose callado en la banca -una irregularidad, que lo tiene en la mira de la propia Lilita Carrió-.

Ahora es el macrismo el que tuvo que soportar que denuncien penalmente a los legisladores Majdalani y Moscariello, como ocurrio esta mañana cuando el abogado Javier Miglino -que algunos vinculan a Ibarra-, pidió a la Justicia que investigue sino cometieron el delito de "usurpación de identidad".