“El Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad”. Con este texto explica en su primer artículo la Ley 20.416 el funcionamiento de un organismo clave que hoy está en manos de un hombre brotado cuestionamientos y acusaciones, muchas de ellas de seria gravedad, sostenido en su cargo por cuestiones que exceden la lógica y la comprensión natural del común ciudadano de la Nación.

Su nombre es Alejandro Marambio Avaria. Es el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Durante su gestión, se reprodujeron los hechos de violencia en las cárceles y, entre las acusaciones que pesan sobre su espalda, está la de proveer de “lujos” a ex represores detenidos y de nombrar a personajes nefastos en distintos cargos operativos.

Por todo esto, al único que no para de traerle problemas es a Aníbal Fernández, ya que en su artículo 4, la ley define que “el Servicio Penitenciario Federal depende del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Justicia”. “Lo sostiene porque no tiene a otro, pero es una preocupación. Una preocupación diaria”, explican voceros de la cartera de Justicia a La Política Online.

Entre los distintos espacios que lo tiene apuntado se encuentra nada menos que la Corte Suprema de Justicia, cuerpo que lejos está de tener buena sintonía con el ministro –basta con recordar el escándalo de los espías que denunció La Política Online-. Información recogida por este medio explica que analiza suspender los efectos de diversas resoluciones dictadas por Marambio porque impiden a los organismos de Derechos Humanos realizar su labor en las cárceles federales.

Cuando llegó a su cargo, nombrado por el antecesor de Aníbal, Alberto Iribarne, se transformó en el segundo civil en tomar el mando de esta fuerza desde el retorno de la democracia, en 1983. Pero los mismos que en su momento apoyaron su designación porque lo etiquetaban bajo el mote de “garantista” dentro del derecho penal, son los mismos que hoy piden su cabeza.

Amigo del hijo de León Arslanián, hizo lobby desde allí para acceder al SPF. A su vez, es miembro del grupo de Pensamiento Experimental "Soy Cuyano", que casualmente guarda el mismo que el vino cuya ingestión mató a 26 personas en 1993.

El monje negro

Quienes lo conocen reconocen que detrás de ese hombre se esconde un personaje de torpeza en su accionar y de poco “olfato político”. Vale como ejemplo cuando pretendió imponer en el Congreso la designación de la defensora oficial Silvia Martínez como Procurador Penitenciario, quien se hizo conocida por “suscribir un informe que contradice una investigación del CELS y de la Procuración que denuncia la aplicación de torturas en los penales federales”, asegura otro informe.

Su apuro no tuvo en cuenta la necesidad de un acuerdo previo con los distintos bloques y la Comisión Bicameral a cargo no sólo no la recibió sino que reglamentó el proceso de selección dotándolo de la transparencia que reclamaban el CELS y otras organizaciones de Derechos Humanos.

Otro suceso se dio con la Justicia Federal de Morón, que analiza citarlo por el hallazgo de un arma en la cárcel de Marcos Paz que tenía como supuesta finalidad asesinar al Procurado Penitenciario, Francisco Mugnolo. Marambio se involucró sólo en la causa al declarar en los medios gráficos que "para que lo van a querer matar si se está muriendo sólo". Por Mugnolo es el hombre que hoy ocupa la procuración, la misma que Marambio quiere para su protegida.

El caso Devoto

El primer accionar que reveló su posición se dio en Julio de 2007. Allí designó a Hugo Sbardella al frente de la estratégica cárcel de Villa Devoto. “Conocido como el carnicero, Sbardella fue acusado de dejar ciego a golpes a un interno en el año 1998”, explicaba una crónica de esos días.

La causa penal prescribió tras un cuestionado cambio de carátula que pasó la acusación de lesiones gravísimas al benévolo exceso en la legítima defensa. Sin embargo, el CELS, la Procuración Penitenciaria y varias ONGs consideraron inadmisible el nombramiento de alguien con esos antecedentes y lo denunciaron públicamente, la noticia fue levantada por el diario Página 12. “Marambio dio marcha atrás, pero desde entonces se ha obsesionado con aquellos que mancharon su buen nombre”, cerraba la noticia.

Luego de las críticas recibidas la resolución fue dejada sin efecto, pero Marambio creó la región Noroeste en la órbita del SPF y ahí lo designó nuevamente a Sbardella.

Pero el clima sigue caliente en el penal de Villa Devoto, donde las quejas de familiares y las peleas entre los internos son moneda corriente. ¿Por qué? Una orden del titular del SPF ubicó inexplicablemente a los presos más conflictivos y peligrosos en los pabellones de los convictos de buena conducta.

Esta medida hizo que los “cachivaches” –como en la jerga denominan a los peores reos- lleven adelante un fuerte hostigamiento contra los “perejiles” –los de buena conducta- que ya se cobró un muerto. Dos internos estudiantes fueron heridos de arma blanca por uno de los reasignados, produciéndole la muerte a uno y la internación del segundo.

Los realojamientos derivaron en un fuerte motín que, si bien no se cobró víctimas fatales, dejó un tendal de heridos. Esta situación, además, podría provocar una fuerte reacción en otras cárceles para evitar que la medida se traslade a esas dependencias.

A los acontecimientos de Devoto se suma la huelga de hambre realizada por las presas con hijos de la unidad 31 en Ezeiza por los malos tratos recibidos y las condiciones de detención que padecen los menores; también en la otra cárcel de mujeres en Ezeiza, la unidad 3, hubo un incidente aún no aclarado con el cuerpo de requisa en el pabellón universitario. Por esto, hoy Marambio tiene causa judicial abierta en los tribunales federales de Lomas de Zamora.

Derechos Humanos

Un dato basta para conocer la realidad del SPF: es la única fuerza de seguridad dependiente del gobierno nacional que no ha realizado una autocrítica por su actuar durante la última dictadura militar. En ese marco, lejos de propiciarla o de pasar a retiro a aquellos agentes vinculados a los hechos de entonces, Marambio prohibió la realización en el penal de Devoto de un acto en homenaje a los detenidos y desaparecidos que pasaron por las cárceles federales de entonces. Pero el asunto se acentúa con el caso Caggiano Tedesco.

Carlos Caggiano Tedesco era jefe del Distrito Militar Misiones durante la última dictadura militar y está siendo juzgado desde el 19 de junio por la desaparición, torturas y muerte del ingeniero Alfredo Gonzalez, quien era el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNAM cuando el 4 de marzo de 1978 fue secuestrado por un grupo de tareas.

Según publican, “el acusado por privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos seguido de muerte en concurso real, fue alojado a la espera del juicio oral en la Unidad 17 de Candelaria; una colonia penitenciaria con mínimas condiciones de seguridad. Caggiano Tedesco inicialmente fue derivado a la enfermería de la unidad y actualmente goza del privilegio de estar alojado en la habitación del casino de suboficiales que se encuentra fuera del predio del penal”.

También la Procuración Penitenciaria de la Nación realizó una encuesta donde el 64,3% de los presos, manifestó haber sido agredido físicamente por personal del Servicio Penitenciario Federal durante su detención. En más de la mitad de los casos, las agresiones recibidas produjeron como consecuencia lesiones físicas.

En su artículo 3º, la 20.416 indica que el Director del SPF “tiene a su cargo los institutos y servicios destinados a la custodia y guarda de los procesados y a la readaptación social de los condenados”. Este trabajo, hoy, está en manos de Marambio.