Muchas cosas puede criticar el gobernador Alfredo Cornejo del kirchnerismo, pero nunca su forma de ejercer el poder. ¿Por qué? Simplemente porque el mendocino lo ejerce de manera muy similar.

Esta semana, Cornejo hizo público su candidato a ocupar el cargo vacante de procurador de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. El “eterno” Rodolfo González decidió jubilarse y le dio al gobernador la posibilidad de proponer a un reemplazante.

El momento fue el propio desde el punto de vista político. Desde diciembre, Cornejo ha hecho valer la mayoría que tiene en ambas cámaras legislativas para hacer aprobar varios proyectos que tienen que ver con la seguridad y la Justicia Penal: ley de emergencia policial, ley de emergencia en seguridad, cambios en el régimen de prisiones preventivas y ahora un amplio proyecto de reforma del Código Procesal Penal.

Apenas supo Cornejo que González se jubilaría y que él tendría la posibilidad de proponer –y tener, porque el Senado lo maneja como quiere– al próximo procurador, no dudó en afirmar: “Tiene que ser un hombre compenetrado con el plan integral de seguridad del Gobierno”.

Tanto es así, que el elegido, Alejandro Gullé, fue parte importante en su equipo de consulta permanente para elaborar las leyes que tienen que ver con la seguridad y la Justicia penal. En Mendoza, nadie se sorprendió cuando se anunció el elegido. “Es hombre de Cornejo”, decían en el radicalismo, como prueba de lo eficiente que será su trabajo en “coordinación” con el Gobierno provincial.

Desde el peronismo, se realizaron tibios cuestionamientos. Se pidió alguien “independiente”, “eficiente” y “especializado”. Gullé nunca fue fiscal, pese a sus casi 40 años en la Justicia penal mendocina. Eso no bastó para que los cuestionamientos apenas llegaran a susurro.

“Es el caso (Alejandra) Gils Garbó, pero radical”, dicen en la oposición, y le enrostran a Cornejo sus contradicciones a la hora de cuestionar la supuesta falta de institucionalidad del kirchnerismo. Gils Garbó, la procuradora general de la Nación, identificada con el anterior gobierno, fue y es blanco permanente del PRO. En el caso del mendocino, este antecedente poco le importó.

El perfil del elegido

Alejandro Gullé tiene 59 años, ha hecho toda su carrera en el Poder Judicial y dejará el cargo de juez de Cámara para ponerse a mando de los fiscales.

Ha declarado un patrimonio de apenas 2,7 millones de pesos, y deudas por la mitad, 1,3 millones. Se lo vincula al empresario de medios Daniel Vila, como parte de un grupo de magistrados que ha trabado, desde hace años, una relación de amistad con el marido de Pamela David, quien, muy por el contrario, no se esfuerza en ocultar.

Gullé llegará a la Procuración a principios de setiembre, con la tarea de reformar drásticamente buena parte del sistema penal. Será el hombre de Cornejo en Tribunales, incluso para algunos oficialistas, “podría decirse que será el segundo ministro de Seguridad de la Provincia”, concepto muy alejado de la tan mentada “independencia de poderes”.