Por un lado, la consideran insuficiente. Y por el otro, algo excesiva. La morigeración parcial del tarifazo de gas y luz anunciada por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren derivó en un hecho inusual al ser doblemente cuestionada puertas adentro del Gobierno y entre los empresarios del sector enérgetico.

Bajo una fuerte presión del ministerio de Interior y Obras Públicas de Rogelio Frigerio y los gobernadores patagónicos, Aranguren introdujo contrarreloj tres cambios que buscan atenuar el impacto de las subas tarifarias.

En primer lugar, limitó hasta un 400% los aumentos en el gas que regirán para los usuarios residenciales de la región patagónica.

En segundo lugar, estableció que los pequeños comercios, las pymes y los entes oficiales de todo el país van a pagar --entre abril y setiembre-- sólo el 50% de los consumos que se facturen con los nuevos cuadros tarifarios. La otra mitad será financiada temporariamente por el Estado y esos usuarios tendrán que abonar la diferencia en los períodos de menor consumo que van de octubre de este año hasta marzo de 2017 y desde octubre de 2017 hasta marzo de 2018.

Y en tercer lugar, elevó el umbral del consumo eléctrico sin cargo de 150 kWh/mes a 300 kWh/mes para los hogares de las provincias del Noreste que no tengan acceso al servicio de gas natural por redes y que sean beneficiarios del régimen de tarifa social.

Tras tomar nota de las modificaciones, los asesores de Frigerio salieron expresar su malestar por el limitado alcance de las medidas.

Según parece, Frigerio les había prometido a los gobernadores e intendentes una limitación de las fuertes subas de gas y luz más amplia y extensiva a todos los usuarios del país.

Pero lejos de acercarse a ese objetivo, los cambios de Energía fueron muy acotados. En el gas, lo único que hubo fue un alivio parcial para los hogares patagónicos y una postergación del cobro del 50% de los consumos invernales para las pymes de todo el país. Y en energía eléctrica, una tenue bonificación para las familias de menores recursos del NEA.

Desde el ministerio de Interior cuestionaron la “improvisación” del equipo de Aranguren que primero autorizó ajustes superiores al 1500% y ahora, ante los cuestionamientos del interior, aceptó limitar los aumentos hasta un 400%.

Los funcionarios de Frigerio consideran que los cambios se quedaron cortos por dos motivos. Porque las industrias y comercios van a seguir reclamando una revisión de los aumentos y en octubre –cuando llegue el momento de facturar la mitad de los consumos de gas postergados del invierno—al Gobierno se le hará muy difícil poder cobrar esas sumas.

Y además porque no podrán frenar la aparición de nuevos fallos judiciales –como los que ya se conocieron en Santa Cruz y Chubut— que impedirán la aplicación de los aumentos en varias ciudades y provincias.

En lo que respecta a los empresarios del sector, la decisión oficial de atemperar los ajustes dejó dudas sobre la firmeza que debe tener el Gobierno a la hora de llevar adelante y sostener las medidas de fondo en materia tarifaria.

Desde las compañías energéticas evaluaron la medida como un “freno” al sinceramiento de los precios del sector que había puesto en marcha la administración macrista.

Por el lado de las firmas privadas que están interesadas en participar en las licitaciones para ampliar el parque de generación, ésta contramarcha tarifaria plantea un par de interrogantes.

Uno de ellos es sí se mantendrá o no la promesa oficial de trasladar a los usuarios los precios finales que surjan de los nuevos contratos.

Y el otro es si el Gobierno estará en condiciones de garantizar los pagos de la nueva capacidad de generación que se incorporará al sistema o hará como la gestión K. que fue abonando los valores contractuales con varios meses de atraso y con títulos que sólo se podían usar para ampliar o instalar nuevas usinas eléctricas.