Aunque la presión de los sindicatos había empezado hace meses, hasta la semana pasada en la Casa Rosada nadie tomaba en serio que podía avanzar en el Congreso un proyecto de ley para suspender los despidos, considerado un “grave error” por Mauricio Macri.

Recién el martes hicieron Marcos Peña se comunicó con Jorge Triaca y Andrés Ibarra y aceptaron lo inevitable: habría un proyecto con dictamen en cada Cámara para suspender despidos públicos y privados y era inevitable trazar un plan para de resistencia.

La comunicación se la cargó al hombro Macri, explicando porqué está en contra: Ahora, para impedir la ley el plan consiste en agrupar ambos proyectos en Diputados y dilatarlos todo lo posible en la Comisión de Presupuesto, presidida por el macrista Luciano Laspina.

La próxima reunión es del 3 de mayo y sólo está previsto tratar el proyecto para bajar el IVA a los alimentos de jubilados y beneficiarios de planes sociales.

Si la oposición insiste en imponer el tema despidos, Laspina informaría, como presidente la Comisión, que se invitará a Triaca, empresarios e industriales para debatir el proyecto, una agenda que ya fue rechazada por la oposición.

Un arma de negociación serán las pequeñas y medianas empresas, cuyos representantes pusieron el grito en el cielo porque no fueron contempladas en ningún proyecto.

“Cuando la economía rebota los primeros en tomar gente son las pymes. Con esta ley frenamos ese proceso”, explicó a LPO el radical Miguel Bazze, miembro de la Comisión de Presupuesto.

Como primer paso, ayer Horacio De Mendiguren, diputado del Frente Renovador, recibió a las cámaras de Pymes y anticipó su rechazo. Hábil, se escudó en ellas para defender a las grandes industrias, las más inquietas por el tema.

El ex jefe de la UIA se propuso a juntar “diputados empresarios” pero las cuentas están difíciles: los bloques que lo respaldaron reúnen casi 150 diputados, 21 más que la mayoría simple. La presión sindical inquieta a más de uno.

En Cambiemos apuestan a que si el miércoles el Senado aprueba su proyecto en el recinto también recaiga en manos de Laspina y la necesidad de extender el debate sea inevitable.

El texto del Senado es considerado más “normal” en el Gobierno, porque no establece retroactividad y suspende los despidos por sólo 180 días, con opción a que el empleado decida irse percibiendo la doble indemnización. El de la Cámara baja la suspensión es desde marzo último a diciembre de 2017.

Pero ambos comparten un punto que el Gobierno considera inconstitucional: la obligación de reincorporar despidos.

De eso quieren debatir con juristas expertos en derecho laboral. ¿Hasta cuando? “Si el desempleo sube, alguna ley tendrá que salir. Tendrán que definir cuál”, repiten en el Congreso.

La apuesta por dilatar el proyecto fue advertida por Alberto Roberti, presidente de la Comisión de Legislación Laboral, cuando antes de emitir dictamen promovió una nota para exigir el rápido tratamiento en Presupuesto.

Había estado activo Emilio Monzó, quien ordenó a la dirección de comisiones que girara el proyecto a la comisión de Laspina, que debe tratar, por reglamento, cualquier iniciativa que contemple una erogación del Gobierno.

No lo entendió así Gabriela Michetti y dejó que en el Senado el proyecto sea sólo girado a la Comisión de Trabajo y aprobado rápidamente, para tratarse tal vez en la sesión del miércoles.

Tiene tiempo para un trabajo mejor: si finalmente diputados lo aprueba con cambios deberá volver a ponerlo en consideración en la Cámara alta, para que ratifiquen el propio con los dos tercios (número que alcanzan sin Cambiemos) o sancionen con mayoría simple el modificado por Diputados. El Gobierno apuesta a que eso ocurra dentro de mucho tiempo. O nunca.