La semana pasada el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, pateó el tablero: por medio de la resolución 140/16 publicada en el Boletín Oficial dio de baja el sistema de fiscalización de semillas que implementó la multinacional Monsanto.

La medida fue celebrada por las entidades rurales que reclamaban la intervención del Estado mediante un fuerte lobby mediático que inclusive llegó hasta los despachos de los máximos funcionarios de la cartera del campo en la avenida Paseo Colón.

La medida oficial establece que “todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar semillas, deberá contar con autorización del Ministerio”.

Así, el sistema de cobro automático de regalías de Monsanto dejó de tener vigencia al no validarse el método de control del evento RR2 PRO (“soja Intacta”) o bien la metodología “Bolsatech” instrumentada por las distintas Bolsas de Cereales.

La cláusula Bolsatech es un sistema por medio de la cual, en caso de detectar presencia del evento Intacta de Monsanto, se emite -además de informar a la compañía- un certificado que se envía a todos los actores involucrados en la operación.

Críticas de las empresas

En este contexto, la intervención contra Monsanto por parte de la Casa Rosada llamó la atención en la industria semillera dado que consideran que afectará las inversiones y la generación de empleo que el propio Mauricio Macri reclama a las empresas.

En diálogo con La Política Online, Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) -una entidad que representa a unas 85 empresas- dijo que “la resolución 140 del Gobierno genera incertidumbre en el sector”.

“Lejos de resolver los problemas que existen en la cadena comercial respecto al uso de semilla fiscalizada y al combate de la ilegalidad, promueve una desprotección a los derechos de propiedad intelectual de las compañías”, apuntó Pasyero.

“Nos sentimos indefensos en la capacidad que debemos tener para proteger nuestros derechos”, apuntó el referente de los semilleros. “La medida, indudablemente, no es favorable a la hora de intentar atraer inversiones en el sector”, sostuvo el empresario.

Ni bien se publicó la resolución, ASA solicitó a Buryaile una audiencia para tratar el tema. Pero el ministro todavía no se las concedió. “Esperamos que nos convoque porque necesitamos tener un escenario previsible para los próximos años”, agregó Paseyro.

Buryaile con Mosanto

De todas maneras, el ministro se reunió este lunes con las autoridades de Monsanto tras la polémica que generó su resolución. Brett Begemann, CEO de la firma, dijo que “la reunión fue buena porque compartimos la misma visión sobre el valor de la tecnología”.

“Tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”, añadió en un comunicado.

En la misma línea, Juan Farinati, presidente de Monsanto Argentina, comentó que “acordamos continuar trabajando con la industria para desarrollar mecanismos sostenibles y buscar rápidas soluciones a las tensiones y conflictos de esta campaña”.

Por su lado, Agroindustria informó que “el Ministerio está trabajando para poner orden en el mercado de semillas sin que se altere ningún otro mercado defendiendo la libertad de comercio y el pago por la tecnología promoviendo inversiones en desarrollo”.

Ley de Semillas

Según pudo saber LPO, la estrategia del Gobierno es apostar a la sanción de una nueva Ley de Semillas (la normativa vigente rige desde la década del 70). Por este motivo, los equipos técnicos de Agroindustria se encuentran ultimando detalles de un anteproyecto.

Es que la intención es tratar este año en el Congreso un proyecto que contemple la limitación del uso propio. El problema es que esta jugada representa una estrategia muy riesgosa dado que a nivel legislativo existen intereses que traban las iniciativas.

De hecho, cabe recordar que durante las gestiones de Julián Domínguez, Norberto Yauhar y Carlos Casamiquela no se pudo sancionar la Ley de Semillas por los fuertes lobbies empresariales y gremiales que operan en la Cámara baja.

Sin embargo, Buryaile pareciera no tener temor a que se frene el proyecto en Diputados. “Ricardo tiene una gran experiencia legislativa y sabe muy bien como tratar estos temas”, comentó a este medio una fuente del entorno del ministro.

Por de pronto, el presidente de la Comisión de Agricultura en Diputados, Gilberto Alegre (FR), manifestó como prioridad el tratamiento de la Ley de Semillas (en Senadores no tendrían problemas porque dicha comisión la preside Alferdo de Angeli).

Como sea, se trata de un tema central para un país de base agropecuaria como la Argentina dado que las estimaciones privadas indican que actualmente existe un mercado ilegal de semillas que mueve alrededor de 500 millones de dólares por año.