Marcelo Mindlin, puso el dedo en la llaga. Invitado al seminario Argentina Summit organizado por la agencia Bloomberg, el CEO de Pampa Energía aprovechó su lugar junto al secretario de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, para reclamar que se concrete de una vez la “revisión tarifaria integral” que la ley ordena realizar cada cinco años y no se hace desde los noventa.
"Normalizar el sector es algo tan sencillo como aplicar la ley y el marco regulatorio. No hay que cambiar nada. La ley y el marco regulatorio están ahí desde los noventa y solo hay que implementarlos. Con lo cual el gobierno ha dicho 'Estamos dando aumentos transitorios de las tarifas' que son muy importantes para hacerle frente a la emergencia eléctrica, pero al mismo tiempo ha dicho algo más importante 'Vamos a ir a las revisiones tarifarias integrales en el segundo semestre' que son cruciales porque lo que van a hacer es implementar esa ley y lo que firmó en gobierno anterior en 2005 que se comprometía a realizar la revisión tarifaria integral y normalizar el sector", afirmó Mindlin ante la atenta mirada de sus otros compañeros de panel, el CFO de YPF y uno de los candidatos a suceder a Miguel Galuccio, Daniel González y Danny Massacese de PAE.
Para que se entiende, los aumentos tarifarios que este mes empezarán a golpear fuerte a la gente no tienen un base legar y técnica sólida, se trata de correcciones urgentes para contener el déficit heredado pero que no responden a un planteo integral que balancee inversiones, costos y rentabilidad.
El primero de abril se publicó en el Boletín Oficial la resolución ministerial con la firma del ministro de Energía, Juan José Aranguren, convocando a la revisión integral de tarifas y estableciendo el plazo máximo de un año para que se termine el proceso. Pero, la revisión solo puede hacerse por decisión del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y del Entre Regulador de la Electricidad (ENRE) y una revisión de acuerdo a los requisitos de la ley llevará cerca de dos años.
"Los entes
reguladores con interventores y sin directorios normalizados no están en
condiciones de hacerlo", explicó a LPO Andrés di Pelino, subdirector del
Centro de Estudios de Economía y Gestión de la Energía de la UBA y director del
Centro de Estudios de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES)
de la Universidad de Belgrano.
"Efectivamente las leyes y el marco regulatorio están vigentes, pero no se aplican. En su lugar, priman más de una década de parches de menor estatus legal que siguieron a la Ley de Emergencia Económica de principios de 2002", afirmó di Pelino; pero advirtió que lo que la ley requiere es una revisión quinquenal que incluye el pedido de información sobre costos de todas las empresas del sector energético, su estudio y la propusta de un esquema de tarifas.
"Y luego se requiere la revisión de las cuentas por parte de un tercero independiente y además llamar a audiencias públicas. Esto no se hace desde los noventa y lleva cerca de dos años, un año y medio con toda la furia", aclaró el especialista en Energía.
¿Cómo se calculan las tarifas?
La ley establece una revisión tarifaria quinquenal y además parte de una concepción del precio igual al costo marginal, es decir que la tarifa debe cubrir los costos del productor menos eficiente. Los que sean más eficientes, pueden apropiarse de la diferencia en forma de ganancia; cuanto mayor sea la eficiencia, mayor será la ganancia. Y esto tiene que actuar como incentivo para invertir.
Hoy por hoy el gas rinde más que el petroleo por eso el CEO de Pampa Energía sostuvo que "la madre de todas las batallas del sector energético se juega en la producción de gas", y afirmó que "es donde los empresarios se tienen que jugar e invertir". Mindlin destacó que "la Argentina tiene potencial y las áreas para hacerlo, y no podemos seguir importando gas o gasoil para alimentar centrales eléctricas y consumo industrial".
La inversión lleva a mejorar la eficiencia y bajar el costo de producción, por eso los consumidores también ven conveniente que se revisen los costos de las empresas y conocer si son necesarios los voluminosos subsidios que se otorgan a las compañías y cuánto debería ser una tarifa bien fundada.
El fundador y representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, señaló en diciembre que “ante la declaración de la 'emergencia eléctrica el Gobierno nacional debe tomar un conjunto de medidas con 'carácter urgente', que incluyan la regularización de los organismos de control y una revisión integral de los costos tomados en cuenta por las empresas para conformar la tarifa del sector".
Es que tampoco tiene sentido que los consumidores estén convalidando con la tarifa la ineficiencia empresaria.
"Desde 1998 que no hay una inversión privada de generación de energía eléctrica, por ejemplo. Lo que hubo fue una serie de inversiones estatales en centrales térmicas de ciclo combinado y luego, al no poder pagar la deuda de CAMMESA, a las privadas les dieron a cambio papelitos de colores haciéndolas dueñas de parte de las centrales", ejemplificó di Pelino.
"Si el criterio de marginalidad de los costos para fijar las tarifas es el mejor, también podría discutirse; pero por ahora lo mejor que se puede hacer es lo que está haciendo el Gobierno al subir los precios y darle racionalidad económica a lo que se paga por la luz y el gas (aunque si este era el mejor momento para hacerlo es una cuestión política que no me compete) y luego hacer la revisión integral de las tarifas", agregó di Pelino.
Normalizar los entes
Di Pelino y Polino coinciden en que sin la adecuación a la ley de los directorios de los Entes que encabecen la revisión, la nueva tarifa carece de legitimidad.
"Que lleve lo que tenga que llevar, pero que se haga de acuerdo a todos los requisitos de la ley. Así las empresas invierten como deben y se termina el manejo discrecional de los subsidios", agregó Di Pelino.
Lo que la ley exige es que los directores sean designados por concurso público de antecedentes y oposición, de modo que sus integrantes sean personas idóneas e independientes de las empresas y de los gobiernos; y que a la vez la Comisión de Energía en el Senado los ratifique.
Hasta ahora lo que hubo fue una serie de interventores nombrados a dedo por el Poder Ejecutivo y esto con el macrismo no cambió. Para la revisión de la tarifa de gas convocada por Aranguren, el interventor designado es nada menos que David José Tezanos González, quien renunció hace pocos meses a su cargo como presidente de Metrogas para asumir al frente del ENARGAS.
En este sentido, su vínculo con la empresa a la que ahora debe controlar lo excluiría del concurso público por conflicto de intereses. Aun así, tiene el mérito de haber sido en 2012, en calidad de gerente comercial de gas de YPF, quien puso fin la movida de De Vido de pago de sobreprecios por la importación de gas líquido por la que hasta hoy está siendo investigado.
