A principios de marzo, el titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión lanzó una fuerte ofensiva contra varios depósitos fiscales privados de la región metropolitana que operaban con cargas de importación y exportación.

En un solo día, Gómez Centurión –un ex comando carapintada y veterano de Malvinas que entre 2012 y 2015 formó parte de la administración porteña de Macri como timonel de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)—les quitó sorpresivamente las habilitaciones que tenían para funcionar a un grupo de seis operadores de depósitos fiscales.

Si bien afectó a las firmas de Jorge Lambiris y Sergio González-- dos empresarios muy cercanos al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray--, la embestida de la Aduana también interrumpió la actividad de otras empresas de prolongada tradición en el sector como Dodero, Logexport y Lo Primo de Miguel Pascucci, el actual presidente de la Cámara Argentina de Depósitos Fiscales Privados (Cadefip).

Con el fin de revertir las clausuras y defender sus derechos, éstas tres empresas acudieron a la Justicia y cuando estaban por obtener los primeros amparos favorables apareció en escena Daniel Angelici para darle una mano a las autoridades de la Aduana.

Según los datos que manejan fuentes del sector y funcionarios del área aduanera, ante un pedido de Gómez Centurión el presidente de Boca Juniors habría logrado convencer a los jueces del fuero contencioso administrativo para que no tengan en cuenta los planteos que efectuaron los dueños de los depósitos fiscales que se vieron afectados por las inhabilitaciones de la Aduana.

El jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

Cuestionado duramente por Elisa Carrió y defendido por el propio presidente Mauricio Macri, el “Tano” Angelici en su rol de operador judicial habría conseguido hasta ahora cambiar dos cautelares que se perfilaban contrarias al Gobierno.

Una de ellas es la que había sido requerida por el titular de Logexport, Jorge Guerra ante el juzgado federal Número 9 Contencioso Administrativo.

En su presentación, Logexport –empresa que opera desde 2002—destacó que la medida sancionatoria de Gómez Centurión se basó en supuestas faltas formales (ausencias de registros de apoderados, de DNI, de certificados de buena conducta y habilitación municipal) que no se habían registrado y estaban debidamente cumplidas y documentadas ante la propia Aduana.

Además, la empresa consideró que la inhabilitación deviene de un “procedimiento irregular porque no pudieron constatarse las supuestas faltas mencionadas, no se instrumentó ningún sumario en contra, no se permitió la presentación de descargos y no se ha realizado dictamen jurídico alguno como paso previo al dictado de la medida”.

Pese a los argumentos esgrimidos y tras reconocer que “el estudio de la invalidez de la resolución 8 de Aduana es una cuestión que indefectiblemente deberá ser sometida a un marco de debate y prueba que excede la presente causa”, el juez Pablo Cayssials resolvió desestimar la medida cautelar que había sido solicitada por Logexport.

Más allá de este traspié, la pelea judicial de los depósitos fiscales contra la Aduana promete seguir con apelaciones y nuevas presentaciones apoyadas por la cámara del sector que advirtió que “se está aplicando el máximo castigo a las empresas sin darles la posibilidad de poder ejercer una legítima defensa”.