El trabajo que le encargó el gobernador mendocino Alfredo Cornejo a la Auditoría General de la Nación para revisar las cuentas provinciales durante el último año de gestión de Paco Pérez fue presentado este lunes y dejó varias sorpresas, un diagnóstico preocupante y la certeza de que Mendoza estuvo muy mal administrada.

Por ejemplo no eran 5 mil millones de pesos de déficit los que se encontraría Cornejo al asumir, sino que el rojo trepaba nada menos que a 16.464 millones de pesos, más del triple. Asimismo, según el trabajo de los técnicos de la AGN, hubo a final del 2015 un “desfasaje presupuestario” de 3.363 millones, un rojo de caja de 2.606 millones, sueldos pendientes de abonar por 1.112 millones y una deuda no registrada de 1.135 millones de pesos.

Respecto a este último punto, la vicegobernadora Laura Montero, encargada de presentar el informe, hizo especial hincapié porque se conforma de aspectos al menos llamativos. Por ejemplo, se conforma por obligaciones no abonadas por el Instituto Provincial de la Vivienda por 425 millones, premios impagos del Instituto de Juegos y Casinos por 380 millones, Transporte por deudas con las empresas por 125 millones, y Vialidad por 63 millones por obras no canceladas.

Luego de presentado el informe, Cornejo pidió a los organismos de control del Estado mendocino que tomen las decisiones adecuadas ante tamaño “descalabro”. Así, apuró a la Fiscalía de Estado (en manos del peronista Fernando Simón) para que actúe: “Esperamos que los organismos que tienen que hacer algo al respecto, se ocupen de ello. El Fiscal de Estado ya tiene este informe que tiene sobrados argumentos y antecedentes para llevar algunas cosas a la Justicia o para elaborar sumarios administrativos, en caso que lo crea conveniente. Pero lo importante es que quien tenga que pagar las consecuencias, que lo haga”.

A principios de agosto pasado, Cornejo y Montero habían solicitado a la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Auditoría General de la Nación, ejecutar una “auditoría de corte” a las finanzas provinciales, con el fin de revisar las transferencias de fondos para financiar gastos corrientes y de capital, realizadas por el Gobierno nacional a Mendoza y a cuatro municipios durante el 2015. En aquel entonces, se dejó en claro que las labores a realizarse estaban amparadas por el artículo 85 de la Constitución nacional y por la Ley Nº 24.156, ante la inmediata reacción del entonces gobernador Paco Pérez, quien cuestionó la convocatoria a la AGN.

Ilegalidades

Horas antes de que Montero presentara el informe, Cornejo, en un breve contacto con la prensa, afirmó que prorrogará por 30 días –hasta el 20 de febrero– el plazo que tienen sus funcionarios para evaluar a cada uno de los empleados estatales que tienen a cargo.

Esto según estableció Cornejo en un decreto publicado el 31 de diciembre. En él, se ordena a todos los responsables de reparticiones públicas que elaboren y eleven un informe al Ministerio de Gobierno con las tareas que desempeña cada uno de los empleados a cargo.

La idea de Cornejo es “cazar ñoquis” o en todo caso dar de baja a contratos de punteros y dirigentes peronistas que Pérez se encargó de nombrar en los últimos meses de gestión.

La movida, al menos en el Ministerio de Salud, va a causar trastornos. Este 31 de enero se caen las contrataciones de algunos médicos, técnicos y enfermeros, que no se renovarán automáticamente sino hasta saber a ciencia cierta tareas y responsabilidades. Es por esto que el propio ministerio, advirtió que el 1 de febrero podrían producirse problemas en la atención de los pacientes tanto en los hospitales como en los centros de salud.