Un tribunal de Avellaneda ordenó que Jorge Ferraresi restituya el sueldo completo de dos trabajadoras municipales que denunciaron “persecución gremial” por ser parte del sindicato del kirchnerista Rubén “Cholo” García, de buen vínculo con Aníbal Fernández.

Como explicó LPO, Ferraresi reedita así la vieja pelea de Baldomero “Cacho” Álvarez con el sindicato de municipales, opositor al oficialismo local. 

Ya cesanteó a varios empleados, intentó quitarle el código de descuento al gremio de García y ahora “castiga” a sus afiliados recortándoles el sueldo o trasladándolos a otros puestos, según denunciaron desde el STMA.

El intendente, de hecho, impulsa el desarrollo de un gremio paralelo, aún sin personería, que encabeza Daniel Aversa, un dirigente que había sido reemplazado por el diputado provincial Hernán Doval en el gremio que conduce García.

Doval tenía aspiraciones políticas para estas elecciones, pero como jugaba con la candidatura de Florencio Randazzo, decidió finalmente freezar su propia postulación, tras la caída del ministro.

En este marco se produjo un nuevo revés judicial para el intendente. La Justicia ya había fallado en su contra ordenando que le devuelve el código de descuento al gremio, y se suma a fallos recientes que sientan precedente en otros procesos en curso.

Así, el Tribunal de Trabajo N° 1 de Avellaneda a cargo de Néstor Adolfo Triemstra resolvió hacer lugar a la acción de amparo formulada por las trabajadoras municipales María Leonor Denis y Alicia Marta Siri contra la municipalidad de Avellaneda.

Triemstra ordenó a la comuna local a que restituya nuevamente los montos de su sueldo que le fueran suprimidos "a partir de la notificación de la presente sentencia y junto con los haberes a liquidarse en el período posterior a las notificaciones de la presente resolución”, según consta en el fallo.

Además, el presidente del Tribunal condenó a la comuna al pago de todos los honorarios y costas de la demanda.

La misma decisión tomó el Tribunal de Trabajo N° 3 de Avellaneda en agosto, para el caso de la trabajadora municipal Mirta Ester Fariña, a quien “sin motivo alguno” le recortaron “a modo de castigo una importante proporción de su salario, además de trasladarla sin justificación de su lugar de trabajo a otra dependencia municipal, imponiendo el desarraigo de su ámbito laboral y compañeros de trabajo”, de acuerdo con la denuncia del gremio.