Una mujer de 74 años murió esta mañana cuando esperaba ser atendida en la sede del PAMI de la ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió poco antes de las 9, cuando la mujer, identificada como Mirella Córdoba, murió tras desvanecerse, en momentos en que esperaba su turno para ser atendida por personal del PAMI. La mujer estaba sentada acompañada por su marido, aguardando hacer un trámite.

Tras conocerse la noticia, la ex normalizadora del PAMI, Graciela Ocaña, culpó directamente al Gobierno nacional y al director de la delegación de Mendoza, el camporista Marcelo Álvarez, por usar la plata del PAMI “para financiar ilegalmente la política”.

De acuerdo a lo que manifestó la ex funcionaria de Salud, la obra social de los jubilados tiene más de 17.000 empleados en todo el país y la queja generalizada es que contratan “personal político”, en lugar de sumar médicos, enfermeros y especialistas para mejorar la prestación a los jubilados.

“No se puede permitir que el dinero de atención de la gente se destine a la política. Ubican personal de La Cámpora para financiar la política”, dijo Ocaña, en referencia al director de la delegación local, que no salió a hablar sobre la muerte de la anciana. En ese sentido expresó su malestar al considerar que los funcionarios cobran entre $70 mil y $90 mil y “ni siquiera dan la cara".

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora republicó un tuit en donde se muestra el bono de sueldo de Álvarez correspondiente al mes de junio donde se observa que el sueldo del director ronda en los $70 mil.

Además, recordó que en diciembre pasado presentó una denuncia en la Justicia Federal mostrando algunas irregularidades en el PAMI para que se investigue la malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.

En el escrito hace referencia a las “irregularidades” en los alquileres en Mendoza. La denuncia precisa la contratación de un inmueble en la calle España 1168 de Ciudad por una suma de $2.906.904 y el alquiler de otro local en la calle Belgrano 1236 por un monto de $ 7.521.360.

El problema, explicó Ocaña, radica en que estas contrataciones excepcionales se han realizado porque el edificio ubicado en la calle Córdoba se encuentra, “curiosamente”, en estado de obra continua y por esa situación denuncia las “consecuencias perjudiciales que ocasiona el incumplimiento sistemático y constante de la obra pública contratada por el Instituto".