La Cámara del Crimen confirmó que el boliche Beara, del barrio porteño de Palermo, en el que el 10 de setiembre de 2010 murieron dos jóvenes por el derrumbe de un entrepiso, fue habilitado de manera irregular por el pago de sobornos de los empresarios a funcionarios públicos y presuntamente también a policías.

El fallo de la Cámara le dio además un duro golpe al gobierno porteño puesto que revocó los sobreseimientos del ex titular de "Habilitaciones" del gobierno porteño Martín Farrell y del ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas, quienes volvieron a quedar imputados por los presuntos sobornos que desembocaron en las muertes de las dos jóvenes.

Farrell salió eyectado del gobierno de Mauricio Macri en noviembre de 2010. Pese a esto, un sector del PRO, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y José Torello, impulsó el año pasado su pliego como juez, luego de que Farrell quedara primero en la lista de espera para ocupar un juzgado de primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

La designación de Farrell dividía al propio bloque del PRO que no quería convertir a un ex funcionario imputado en una causa. Pero la jueza de instrucción Alicia Iermini sobreseyó a Farrell en junio del año pasado y pareció allanarle el camino hacia el juzgado de primera instancia.

Sin embargo, el propio Macri optó por sacrificar al ex funcionario de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y ordenó a sus legisladores que no votaran el pliego, que finalmente obtuvo en el recinto 59 votos negativos y ninguno positivo.

El fallo

"Al analizarse las situaciones de Farrell y Saikauskas se ha omitido valorar la imputación ceñida a la supuesta celebración de un pacto espurio con los integrantes de la sociedad 'El Viejo Sabio S.A.' en lo que se refiere a la habilitación de Beara... la omisión de los deberes no aparecería desconectada del pacto espurio atribuido", dijeron los jueces Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Esteban Cicciaro.

"Por sus condiciones de funcionarios de mayor jerarquía en la Dirección de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les correspondía un análogo deber de previsión... Farrell contaba con la potestad de denegar la habilitación", y no lo hizo, sostiene la resolución, de 40 páginas.

Saikauskas, por su parte, "intervino en el acto de su otorgamiento, concediéndola, pese a las irregularidades verificadas" en el boliche.

"El pacto venal se ha acreditado a través de las constancias informáticas, de las que surge que, dentro del presupuesto de Beara, hubo de contemplarse el pago de dinero en concepto de lo que vulgarmente se denomina 'cometa' a fin de obtener la habilitación del local", determinó la resolución.

"Dentro del planeamiento de Beara se tenía previsto el pago ilícito de dinero y dado que, a pesar de las clausuras dispuestas contemporáneamente, se otorgó la habilitación, existe un plexo probatorio suficiente", sostiene el fallo.

Otros procesamientos

La Sala Séptima del tribunal confirmó los procesamientos del ex jefe del Departamento Esparcimiento Norberto Cassano; del inspector Carlos Gabriel Mustapich; de los empresarios Juan Carlos María Yun; Agustín Dobrila; Roberto Martín Kattan Coria; Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess. También de los gestores de las habilitaciones Leandro Camani y Matías Pantarotto; del arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky y el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien habría avalado la construcción derrumbada.

Todos quedaron imputados por los homicidios de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, y por la presunta participación en las irregularidades que posibilitaron habilitar Beara.

Los jueces hicieron lugar a la apelación del fiscal Andrés Madrea y señalaron que lo ocurrido en Beara "ha sido la consecuencia de una violación de sus deberes de cuidado por parte de quienes participaban en la explotación del negocio allí instalado y de quienes tomaron parte en la organización y realización del multitudinario evento llevado a cabo aquella noche".

El fallo exhorta a "definir en el marco de un juicio oral la eventual responsabilidad penal de quienes, según las evidencias recogidas hasta aquí, habrían llevado a cabo gestiones para obtener -nada menos que mediante cohecho- los permisos necesarios para que el negocio se hallara, al menos aparentemente, en regla".

El tribunal consideró, además, que los pagos irregulares se habrían realizado también en otro boliche explotado por los mismos empresarios, Caramel, y quedaron "consignadas en los archivos informáticos (secuestrados en allanamientos) bajo la vulgar denominación de cometas".