El fiscal federal de Tucumán Carlos Brito pidió este martes la declaración indagatoria del jefe del Ejército, César Milani, por los delitos de "falsedad ideológica y encubrimiento" de la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo durante la pasada dictadura militar, en abril de 1976, sumándole así presión al Gobierno que ya venía golpeado por la citación al empresario k Lázaro Báez.

En el pedido, que fue presentado ante el juez federal de Tucumán Daniel Bejas, el fiscal señaló que "bajo la apariencia de una supuesta deserción (del soldado Ledo) con su nula actividad pesquisitiva (Milani) encubrió la privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado en concurso real".

Brito acusó a Milani, quien este lunes compartió un acto con la presidenta Cristina Kirchner en la Casa Rosada, de actuar "en perjuicio de Ledo, mientras éste se encontraba prestando el servicio militar, falsificando ideológicamente las actuaciones administrativas que estaban a su cargo". Esto es así porque Milani, que era el superior de Ledo, consignó que el conscripto había "desertado", un eufemismo utilizado para enmascarar el asesinato del soldado.

El jefe de Milani de entonces, capitán Sanguinetti, está procesado y con prisión preventiva por este caso. La hipótesis sobre si Milani también participó de la desaparición todavía no comenzó a investigarse.

Este caso golpea a Cristina por debajo de la línea de flotación porque expone groseramente una contradicción mayúscula de su política de derechos humanos. Enfrentada con la SIDE, la Presidenta decidió darle todo el poder real de la inteligencia a Milani, pese a que cuando lo hizo y lo ascendió a jefe del Ejército ya pesaban sobre él estas denuncias por violación de los derechos humanos durante la Dictadura.

Tan cerrada es la defensa presidencial de Milani, que hoy mismo Cristina firmó la designación como fiscal federal de Pablo Camuña, designado al frente de la Fiscalía Federal Nº2 de San Miguel de Tucumán. Se trata del titular de la Unidad Fiscal de Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos en Tucumán, acusado de haber protegido a César Milani.

Camuña llegó a ese cargo de la mano de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y ayudado por su cercanía a La Cámpora y Justicia Legítima. La oposición rechazó su pliego, pero no logró frenarlo. "Camuña es parte de este sistema de protección del general Milani para que no se haga justicia con un militar que es un represor, que ha violado derechos humanos", dijo el radical Gerardo Morales.

El pliego de Camuña también fue rechazado por la senadora ultrakirchnerista Teresita Luna, que representa a La Rioja, donde desapareció Ledo en 1976. La riojana Luna también fue noticia por haber rechazado otro de los nombres propuestos por Cristina: el de Edgardo Adolfo Bertini, hoy designado como Defensor Público Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Tucumán.

Bertini también intervino en el caso Ledo, en su carácter de defensor público ad hoc. El funcionario judicial fue impugnado por la familia del soldado desaparecido por haber asistido a Milani en la causa. El voto en contra de Luna sorprendió porque ni siquiera la UCR lo rechazó tan rotundamente, ya que el bloque se abstuvo.

El fiscal Brito al pedir hoy la indagatoria del hombre fuerte de la inteligencia kirchnerista,
planteó que "es claro que Milani no cumplió con lo que la reglamentación militar le exigía en su carácter de oficial informante para el que fue designado respecto de las obligaciones que debía observar en las actuaciones que debió labrar" sobre la desaparición del soldado Ledo en 1976.

"No realizó ninguna actividad pendiente al determinar lo que había ocurrido con Ledo, no dejó constancia por escrito de las personas que habrían intervenido o presenciado el hecho, no consta que le haya tomado declaración a ninguno de los conscriptos compañeros del presunto ´desertor´ ni a sus superiores, no averiguó que había recibido malos tratos, si se le habría hecho de carecer de alimentos, vestuario o de otras cosas, no determinó si existían cómplices o encubridores y en cuestión de horas concluyó lo que tenía tres días de plazo para realizar", sostuvo el fiscal Brito.