Con un tratamiento express, la Cámara de Diputados transformó en Ley el proyecto que establece el régimen de paritarias para los trabajadores municipales bonaerense, luego de que el Senado introdujera modificaciones al articulado.

Al igual que en la Cámara Alta, los bloques del radicalismo y el FAP fueron la clave para que el oficialismo consiguiera los votos que le permita aprobar un proyecto de ley que había generado malestar en los intendentes.

En tanto, el Frente Renovador mantuvo la misma postura que la primer votación en diputados y rechazó la iniciativa. Antes, había mantenido un encuentro con la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales que conduce Oscar Ruggiero y que se oponen a la ley. En tanto, en el Senado, Mario Ishii -que había presentado un proyecto alternativo- decidió abstenerse en la votación.

Entre los cambios incorporados, los legisladores dispusieron que en los municipios el total de los contratados no podrá superar el 20 por ciento de la planta permanente. A este número se llegará “progresivamente en un plazo máximo de 5 años” a partir de la vigencia de la ley.

Por otro lado, la ley obliga a los municipios a pagar a sus trabajadores el Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque en este caso podrá ser adecuado a las horas de trabajo de los empleados.

Además, se dispone la constitución de un Fondo Compensador Específico integrado por recursos municipales y/o provinciales “para financiar las diferencias salariales” que surjan a partir de la implementación de esta cláusula.

Los municipales afuera de la Legislatura

Desde temprano, cientos de manifestantes de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) se manifestaron en las puertas de la Legislatura. El ingreso fue controlado por encargados de seguridad luego de los incidentes de la semana pasada donde militantes del senador Ishii lanzaron huevos a los senadores y la sesión tuvo que ser interrumpida.

La ley instaura un mecanismo de negociación colectiva en mesa de paritarias para los 135 municipios bonaerenses. El proyecto original fue votado en Diputados a fines de septiembre, pero se trabó en el Senado ante las quejas de senadores oficialistas e intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM). El proyecto fue avalado por los jefes comunales luego que Gabriel Mariotto les garantizara que incluiría cambios.

En esencia, se mantiene en el cuerpo normativo la obligatoriedad de realizar negociaciones colectivas entre los gremios y las municipalidades, mientras que las cláusulas vinculadas con las condiciones laborales de esos miles de agentes deberán ser fijadas por cada uno de los municipios.

El proyecto deroga la ley 11.757, sancionada en 1996, para crear una instancia de negociación salarial inexistente hasta hoy, y lograr el establecimiento de un piso de haberes no menor al salario mínimo vital y móvil en proporción a las seis horas de jornada laboral para el sector.

En cuanto a la garantía para que los trabajadores municipales perciban ese sueldo mensual en los 135 distritos, se incorporó al proyecto una cláusula por la cual la el Gobierno provincial colaborará con los distritos que no tengan recursos para enfrentar la actualización salarial de sus empleados.