El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que irá a la Justicia para intentar frenar el intento de la Casa Rosada de retirar a la Policía Federal de 13 barrios porteños donde actúa la Metropolitana. 

El jefe de gobierno, Mauricio Macri, calificó de "unilateral" la decisión y remarcó que la Procuración está preparando una medida de amparo, pero remarcó que espera "no tener que recurrir a la Justicia" y que se alcance "un espacio de diálogo y una mesa de trabajo. Esto requiere tiempo".

En declaraciones periodísticas, Macri pidió no "volver a ese nivel de conflictos que no ayuda nada a la gente". "Estamos agotados de la discusión inútil y de la confrontación estéril", acotó.

El líder del PRO reveló que este miércoles dialogó con la presidenta Cristina Kirchner sobre las situaciones que se dieron en el desalojo del asentamiento Papa Francisco, en Villa Lugano, pero dijo que la mandataria no le adelantó una medida que implique el retiro de efectivos de la Policía Federal de los barrios donde actúa la Policía Metropolitana.

 "Anteayer hablé con la Presidenta, después de unos meses que no hablaba, y le dije: 'Presidenta, las cosas no están bien en términos de lo que es la seguridad en el país; hay demasiada violencia, hay movimientos sociales extraños como los que tuvimos en Lugano y sería bueno que hagamos un esfuerzo de coordinar más, porque cuanto más coordinamos, es mejor para la gente'" 

Para Macri, "un proceso de traspaso" de las facultades de seguridad a la Ciudad "requiere mesa de trabajo seria, responsable y con tiempo". "Estamos de acuerdo que nos traspasen la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Ese traspaso nunca comenzó, no se empezó a realizar ni a dialogar", advirtió.

Por su parte, el procurador general porteño, Julio Conte Grand, confirmó que analiza realizar una presentación ante la Justicia. "Estamos analizando presentar un amparo con una medida cautelar porque básicamente aquí se pone en riesgo la seguridad de la población y todo lo que significa el manejo presupuestario", consideró

"Acá lo que se impone es una transferencia de competencia. Y además, por las características del tema, se genera un riesgo concreto para la seguridad. Es por eso que pedimos la medida de no innovar para que no se ejecute la decisión unilateral e intempestiva mientras se resuelve el amparo", evaluó.

Finalmente, el jefe del bloque de diputados nacionales de PRO, Federico Pinedo, afirmó que “vamos a analizar si el abandono de tareas que le son impuestas por ley a la policía federal no constituye el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público” y merece una acción penal contra quienes ordenaron la medida.

Pinedo avisó mediante un comunicado de prensa que si tras evaluar la situación el macrismo llega a la conclusión que la decisión del Gobierno Nacional implica incumplimiento de los deberes de funcionario público “haremos la denuncia penal contra quienes ordenen la medida”.