El insaciable Paul Singer no se detiene a esperar el resultado de las negociaciones con el Gobierno argentino y el juez Thomas Griesa, y avanza a toda velocidad en busca de activos vinculados al Estado nacional. Como ya había hecho con YPF-Chevron, ahora el fondo buitre también le apunta a Lázaro Báez.

Según informa Ámbito Financiero, los abogados del fondo NML Elliott hicieron una presentación ante los tribunales de Nevada para que la Justicia rastree activos de las empresas de Lázaro Báez en ese estado norteamericano. 

NML sostiene que serían más de 130 las sociedades a investigar, amparados en el aval de la Corte Suprema estadounidense a la cláusula Discovery, que les permite a los buitre exigir judicialmente información sobre activos físicos y financieros del país con el objetivo de embargarlos.

El diario agrega que el argumento del fondo  es que la participación directa o indirecta de Báez en empresas radicadas en Nevada se hizo con fondos provenientes del Estado argentino. Se trata más bien de una chicana de Singer a Cristina Kirchner, sospechosamente vinculada al empresario santacruceño.

La avanzada de Elliott contra Báez tuvo diferentes momentos, pero la embestida formal comenzó el 19 de junio de 2013, cuando los abogados de Elliott enviaron una presentación formal a la Justicia de Nevada con un extenso documento donde se explicitan todas las investigaciones periodísticas y judiciales en todo el mundo que hablan de las relaciones económicas y comerciales entre el Gobierno argentino y Lázaro Báez, indica Ámbito. 

El envío fue dirigida a la"Office of the National Public Prosecutor" (el equivalente en la Argentina a la Fiscalía General de la Nación) y gira sobre las investigaciones que el periodismo y el fiscal José María Campagnoli hicieron sobre Báez y la empresa Austral Construcciones SA. Menciona el documento de Elliott que "entre el 24 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013 ingresaron en el país (Estados Unidos) unos u$s 65 millones", los que fueron "negociados con instrumentos de deuda". 

Se menciona como participante de las operaciones a Federico Elaskar a través de SGI, y se explica que los bonos en cuestión fueron Boden 2015, Bonar X y Bonar VII, utilizados en nueve transacciones donde se señala como participante a Helvetic Services Group. Elliott menciona en la presentación a otros involucrados en la causa Báez, como Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Martín Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Fabián Virgilio Rossi, Alejandro Ons Costa, Ignacio Pisano Costa, César Gustavo Fernández y Néstor Marcelo Ramos.

El diario agrega que el escrito presentado por el fondo Elliott es terminante. Asegura que realizó una investigación independiente en unas 123 sociedades y entidades radicadas en Nevada que tendrían datos y vinculaciones comerciales y financieras con Báez. La presentación describe a Báez como "un banquero argentino que habría transferido activos financieros fuera de ese país" y sobre el cual se investigan relaciones con "the Baez entities" (las sociedades de Báez) radicadas en Nevada.

Desde Buenos Aires, abogados cercanos al pensamiento oficial aseguran e insisten en que es imposible que jurídicamente empresas y sociedades privadas puedan ser obligadas a aplicar la cláusula de Discovery, y mucho menos caer en embargos. Mucho menos si se trata, como el caso de Chevron o incluso de las eventuales sociedades donde Lázaro Báez esté relacionado, con empresas de propiedad 100% de privados.