Los acreedores europeos de deuda argentina le pidieron al juez Griesa que encuentre un salvoconducto para que el gobierno llegue a un acuerdo con los fondos buitre sin que se dispare la cláusula RUFO, que obliga a extender las ofertas mejores que se hagan a un grupo reducido a todos los tenedores.

En una nota enviada al magistrado neoyorkino, los bonistas le reclamaron que les permita a los bancos y agentes mediadores compartir información con la Argentina para evitar que la cláusula se gatille, porque consideran que fomentará un acuerdo y ayudará a llegar a una solución ordenada.

Es que tal como adelantó LPO, en los círculos de Wall Street corre con fuerza la versión de que Griesa accedería a reimplantar el “stay” pero en forma acotada, por sólo unos días, y así el gobierno pueda terminar de arreglar con los fondos buitre sin que la plata depositada en el Bank of New York sea embargada.

A fin de junio, el ministro de Economía Axel Kicillof decidió girar U$S539 millones para el pago del bono Discount que está bajo legislación estadounidense. Inmediatamente, el veterano juez frenó el pago por considerarlo "ilegal" y designó como mediador al abogado de Harvard Daniel Pollack.

El titular del Palacio de Hacienda insiste en que la única manera para cerrar un acuerdo es que antes Griesa reponga la medida cautelar. Pero lo cierto es que esta opción no tiene sustento jurídico, porque el “stay” corresponde sólo cuando se está en proceso de apelación. Como tanto la Cámara como la Corte Suprema ratificaron la decisión del magistrado, la sentencia que obliga a pagarles U$S1500 millones a los fondos buitre quedó firme, por lo que esa medida no tendría por qué volver a aplicarse.

De hecho, hasta el momento Griesa rechazó las exigencias de Kicillof, y los fondos NML Capital y Aurelius, que encabezan el juicio, también enviaron notas en las que argumentaban que no debía hacerse lugar al pedido. La única manera en la que puede poner otra vez la sentencia en suspenso es bajo un pedido de los demandantes, algo que, por el momento, está lejos de ocurrir, porque el enojo de los buitres con el gobierno no afloja.

Estos bonistas europeos que mandaron el escrito son los mismos que durante el litigio se presentaron ante la justicia norteamericana como “amicus curiae”. En ese entonces, habían afirmado que la decisión del magistrado ponía a la Argentina al borde del default y eso los perjudicaba. 

Griesa consideró que el argumento era “abstracto”, porque el país seguía haciendo sus pagos regularmente y ni de lejos se avizoraba una cesación de pagos.

En rigor, se trata de tenedores de deuda bajo legislación europea. El problema es que si el país entra en cesación de pagos y no abona uno de sus bonos, todos los demás suscriptos de la misma forma se consideran en igual condición de mora y son reclamables por equivalencia a la “clausura aceleratoria” o de “exigencia anticipada de las obligaciones”.

Esto es lo que se conoce como "cross default": a la cesación de pagos "selectiva" hay que sumarle los titulados en yenes y euros de una "segunda ronda", que, según estiman en la consultora de Carlos Melconian, en lo que queda de 2014 alcanzaría los U$S1450 millones.

Ahora que la sombra del default está cada vez más cerca, los bonistas le recordaron al juez que la cesación de pagos argentina es una posibilidad concreta. En ese sentido, el hecho de que el pago del Discount haya entrado en “mora” acaso ya es una señal de que la sentencia puede complicar a los tenedores que aceptaron las quitas del 2005 y 2010 y con ello todo el proceso de reestructuración de deuda. Así, el pedido ya no es tan "abstracto" como en el momento en que Griesa lo rechazó.

En definitiva, el magistrado tendrá que encontrar un artilugio técnico que le permita crear un salvoconducto y así evitar que el país se vaya el default antes de acordar con los buitres.

Sin embargo, este nuevo capítulo en el “juicio del siglo” demuestra que Kicillof logró pasarle la pelota a Griesa. El juez tiene en sus manos la resolución final del conflicto y ahora la disputa se corrió a los bancos y acreedores.

La próxima semana habrá un nuevo encuentro con Pollack en el que no sólo participarán ambas partes sino también los bancos y agentes de pago, que no dejan de preguntarle a Griesa qué es lo que tienen que hacer si la Argentina deposita los dólares para cumplir con los vencimientos, frente a la amenaza de sus clientes de iniciarles juicio. 

Mientras tanto, el tiempo hasta el 30 de julio se sigue agotando y el default está cada vez más cerca, a pesar de que ni a Cristina ni a Kicillof les quite el sueño.