La ley para promocionar el trabajo registrado mediante una baja de aportes patronales no incluirá a las empresas con más de 80 empleados, como sí decía en el texto original que había sido elogiado por Domingo Cavallo.

De esta manera las empresas con hasta 15 empleados no pagarán por ese concepto el primer año y el segundo sólo el 25%. 

Las que tengan entre 16 y 80 pagarán el 50% de las cargas los primeros dos años de la relación laboral y el resto no tendrá ningún privilegio.

En el texto original se los eximía de un 25% para los primeros dos años, beneficio que ocasionó la crítica del socialista Rubén Giustiniani, quien la comparó con la baja general de aportes patronales implementada por Domingo Cavallo.

Tomada esquivó la pregunta en la reunión de Comisión, pero esta mañana Giustiniani se sorprendió cuando supo que el ministro lo había escuchado. 

Igual el socialista pidió volver “al nivel de aportes patronales que las grandes empresas tenían antes de la rebaja que en los 90, porque esa rebaja de los aportes patronales durante el menemismo "significó una transferencia de recursos a las grandes empresas".

Otro de los cambios fue la creación de un “comité de seguimiento permanente a la seguridad social y el régimen de promoción de la contratación de trabajo registrado”, integrado por los Ministerios de Trabajo y Economía, la Afip y la Anses.

La Afip también deberá incluir en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales las sentencias firmes o ejecutorias por las que se establezca que el actor es un trabajador dependiente con relación laboral desconocida por el empleador o con irregularidades.

Como había adelantado LPO, Tomada también admitió la excepciones de las sanciones en situaciones por casos de interés público o emergencias regionales. 

Apoyo unánime 

El proyecto en general se aprobó por unanimidad, porque ninguna bancada se opuso a ese régimen de beneficios. La resistencia estuvo con la creación y funcionamiento del Registro Público de Empleados con sanciones laborales (Repsal), que le permitirá al Ministerio de Trabajo aumentar las inspecciones.

La UCR se opuso a las facultades que se le otorgaron a ese organismo mientras que Gabriela Michetti, del PRO, cuestionó su creación y las sanciones a empresas con trabajadores no registrados, que quedarían imposibilitadas de acceder a todo tipo de línea de crédito.

Michetti también alertó sobre un conflicto de compatibilidad entre la Nación y las provincias por las facultades de inspección. “La ciudad de Buenos Aires cuenta, por convenio, con la potestad de efectuar los controles”, recordó.

La acompañó Adolfo Rodríguez Saá, del peronismo federal. “Cuando hablan de las provincias hablan de jurisdicciones y no de provincias, que tienen derechos preexistentes”, reclamó.

La restricción de las facultades de control de las provincias fue un tema que hizo ruido en el propio bloque oficialista y obligó a Tomada a aclarar que la tarea será concurrente con las provincias.

“Hay que reconocer que las provincias no han sido buenas inspeccionando. Dejaron bastante que desear”, respondió al cierre del debate Miguel Pichetto, jefe del bloque de Frente para la Victoria.

Le pegó a Sergio Massa por haber alertado por la merma de fondos previsionales de esta medida. "El costo fiscal del proyecto no llega al 0,6 por ciento de aportes y contribuciones", respondió.

Y le recodó a Michetti que "ya que la Ciudad de Buenos Aires tiene una policía tan ejemplar, esperamos que se ocupen de los talleres textiles, senadora, porque allí hay trabajo esclavo". La porteña asintió con la cabeza.

Pichetto agradeció el apoyo de todas bancadas y destacó como un elogio un dato que el radical Morales había dado como advertencia: que el empleo dejó de crecer en agosto de 2012 tras un semestre de baja. 

“Morales reconoce que el empleo está estable. Estas medidas suelen tomarse cuando la recesión ya está tan pronunciada que no tienen efecto”, comparó el jefe de bloque. Como acostumbra, apeló a la crisis de España para elogiar las medidas del Gobierno.