El juzgado Civil y Comercial 2 de La Plata ratificó hoy la medida cautelar que ordenó a los gremios docentes de la Provincia a levantar las medidas de fuerza y retornar a las aulas.
La medida la adoptó el juez Vicente Santos Atela quien ordenó además al gobierno que "asegure la continuidad de las paritarias a las que deberán concurrir obligatoriamente todas las partes y citó a una audiencia para el 1 de abril".
El texto, obliga al Estado a abstenerse de descontar los días de huelga transcurridos, cualquiera sea su consideración jurídica desde el día 5 de marzo y hasta el agotamiento de la negociación salarial.
Además se convoca a todas las partes (Defensor del Pueblo, Gobernador o Jefe de Gabinete, Director General de Educación, y todos los sindicatos docentes) a audiencia conciliatoria para el día 1 de abril a las 11.
El fallo llegó en momentos en que se esperaba una nueva convocatoria por parte del gobierno a los docentes tras el fracaso de la reunión de ayer y la continuidad de la medida de fuerza que ya lleva 16 días.
La decisión de Atela va en línea con el fallo que el sábado expidió el juez en lo Contencioso Administrativo, Francisco Terrier, dando lugar a un recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto.
El Frente Gremial había rechazado ese fallo argumentando que era inconstitucional, parcial y estaba “viciado de irregularidades graves como la elección premeditada de juez”.
En el fallo de hoy, Atela consideró que el derecho de huelga “no es absoluto sino relativo por lo que corresponde reducir su amplitud cuando afecta los servicios esenciales de una comunidad, cuya falta de prestación puede perturbar seriamente derechos elementales y la dignidad de la población, sin que ella tenga participación alguna en los conflictos laborales desencadenantes de la huelga”.
Además destacó en su fallo que “el legítimo ejercicio del derecho de huelga por los docentes, genera una grave colisión con otros derechos constitucionales. En particular lesiona el interés superior del niño a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Atela consideró que el derecho de los niños “prevalece sobre los restantes derechos involucrados en el conflicto” y se basa, para afirmar esto en lo que considera una “inclinación de derecho natural de protección y prevalencia de los más débiles en el conflicto, que son los niños".
