El pacto entre el PRO y el kirchnerismo para beneficiar a Cristóbal López podría tener un inesperado revés legal ya que su aprobación no respetó los pasos que había establecido el Procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

Según informó hoy el diario La Nación, 24 horas antes de que el convenio fuera enviado a la Legislatura, Conte Grand estableció que para aprobarlo no alcanzaba con una sesión rutinaria y que era necesario convocar a una audiencia pública, luego de la cual los legisladores debían reconsiderar el texto.

En un pronunciamiento dirigido al ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, Conte Grand indicó que "por consagrarse en la agenda una excepción a regímenes generales, para su aprobación debería seguirse el procedimiento de doble lectura (art. 89 inc. 6 de la Constitución local)".

El procedimiento de doble lectura de la Constitución porteña establece los siguientes pasos: "1) Despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados. 2) Aprobación inicial por la Legislatura. 3) Publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados presenten reclamos y observaciones. 4) Consideración de los reclamos y observaciones y resolución definitiva de la Legislatura. Ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite, y si lo hiciera éstas son nulas".

Pero el trámite legislativo fue de apenas 15 minutos y la aprobación fue a libro cerrado, sin que ningún legislador macrista o kirchnerista lo defienda. Así, a Cristóbal López se le condonó una deuda de 2000 millones de pesos y seguirá exento de pagar ingresos brutos.

La Nación también reveló que este lunes el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentará un recurso de amparo para que se declaren inconstitucionales y nulos los apartados 3.2 y 4.2 del convenio, en los que se declara la "extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el impuesto a los ingresos brutos" por parte de las empresas de Cristóbal López.

Entre los argumentos que expondrá Gil Domínguez ante la Justicia, figura también el incumplimiento del trámite de doble lectura al que hace mención el procurador Conte Grand. Hasta tanto se determine si las cláusulas 3.2 y 4.2 del convenio son constitucionales, el abogado reclamará la suspensión cautelar de las mismas.