La cola envenenada de la denuncia por lavado de dinero que el fiscal especial Carlos Gonella presentó contra el Banco de Servicios y Transacciones (BST) amenaza con detonar un proceso de consecuencias imprevisibles en el corazón del sistema de poder económico que acompañó por una década al kirchnerismo.

El caso que hoy estalló en los principales medios y que complica al titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, se disparó por una denuncia que la Procuración de la Nación -a cargo de la ultra kirchnerista Alejandra Gils Carbó- publicó en su página web este viernes, incluso antes de notificar a los implicados.

Fuentes vinculadas a la operación, explicaron a LPO que la maniobra apuntó a voltear un acuerdo que Mindlin y el BST iban a firmar el próximo lunes con Miguel Galuccio, para explotar junto a YPF un yacimiento de gas convencional en Neuquén, iniciativas que gracias al precio de u$s 7,50 que Cristina le puso a los nuevos emprendimientos en ese sector, se vuelve muy rentable.

Se trata de una denuncia de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos) a cargo de Carlos Gonella, un hombre de estrecha confianza de Carlos Zannin, muy amigo del padre del fiscal, con quien incluso en los setenta habría compartido la prisión.

La cusa recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo; y se disparó por un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige otro ultrakirchnerista, el economista José "Pepe" Sbatella. Los nombres que impulsan la denuncia no permiten equivocaciones: Conducen casi directamente al despacho de Cristina Kirchner.

Lo que lleva a preguntarse por los motivos y el destino de la presentación. Detrás del fárrago de accionistas del BST involucrados en la demanda, aparecen además del propio Mindlin -con quien el Gobierno está enfrentado por Edenor-, dos nombres de peso: el titular del banco Macro, Jorge Brito; y el desarrollador inmobiliario Sergio Grosskopf.

El primero de ellos ubicado en la mira de la Presidenta por estar sospechado de alentar a través de mesas de dinero, la corrida al dólar y por su cercanía a Sergio Massa; y el segundo por su cercanía a Daniel Scioli.

La denuncia apuntó centralmente a Mindlin, porque el dueño de Edenor compró por unos 100 millones que trajo del exterior parte del BST y apenas dos años después de aprobada la operación, la vendió. La Procelac “sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación”.

Además de Mindlin, figuran entre los acusados su hermano Damián Mindlin y su socio Gustavo Mariani; el banquero Pablo Peralta a cargo del BST; Roberto Domínguez, Roberto Ruiz, y Eduardo Oliver, ex CEO de ALL, que abandonó el país luego de vaciar la empresa. También figura el magnate británico Joseph Lewis, dueño de cuantiosas tierras en la Patagonia.

Pero los nombres más significativos son los de Roberto Domínguez, un operador de la City muy vinculado a Brito.

Sergio Grosskopf es un conocido desarrollador inmobiliario, titular del Chateau Group que en los 90  logró posicionarse como uno de los principales desarrolladores de Puerto Madero, así como en la primera oleada de shoppings que comenzaron a aparecer en aquellos años.

Ciudadano uruguayo, el último emprendimiento del ex dueño del Alto Palermo es el Chateau Beach, en Miami, más precisamente en la exclusiva zona de Sunny Isles. Allí, está desarrollando una torre de lujo que espera vender a razón de 7 mil dólares el metro cuadrado. 

Allegados al empresario negaron cualquier vinculación con las acusaciones de la Procelac y explicaroron que Grosskopf tiene toda su fortuna en blanco, producto entre otros negocios legítimos de los más de u$s 150 millones que consiguió en los 90 al venderles los shopping Alto Palermo y Alto Avellaneda a Elztain.