Desalojo sin opción. Desde el 2006 el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), en acuerdo con el Gobierno nacional, trabaja en la concreción cuatro planes federales para la construcción de viviendas que sirvan de nueva residencia a las 1.200 familias que viven en asentamientos y villas a la vera del Riachuelo. Aunque ninguno de estos complejos habitacionales está aún en condiciones de ser ocupado, desde el Gobierno de la ciudad comenzaron a enviar en abril cédulas de desalojo a las familias radicadas en la zona de la cuenca Matanza - Riachuelo.

Complejos habitacionales

Aunque existe un acuerdo para la concreción de cuatro planes federales de viviendas, sólo uno está en marcha y su nivel de ejecución es mínimo. En teoría son viviendas cuya construcción se realiza con fondos del Gobierno Nacional administrados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad.

Pese a que el compromiso fue firmado en 2007, hoy sólo uno de los cuatro planes con los que se daría solución a los habitantes del Riachuelo se está ejecutando. Se trata de 532 viviendas que serán asignadas a los habitantes de la Villa 21.24 y asentamientos lindantes y cuya obra está a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Asociación Civil “Las Esperanzas de un Cambio” y el IVC.
El complejo habitacional, beneficiará, además, a los habitantes de la villa Cartón. Para este asentamiento se destinarán 220 viviendas las cuales se entregarán en 3 etapas: julio y noviembre de 2010 y marzo de 2011. Así, el complejo Urbano Pedro Mujica comprende un total de 752 casas a las que se adjudicó un presupuesto de 109.000.000 de pesos.

Los otros tres planes federales incluyen la construcción de 246 viviendas y aunque corresponden a la llamada primer etapa aún no comenzaron a levantarse. Las primeras obras comenzarían en junio y serían las correspondientes a la licitación N°135/05 por la que se adjudicó a la empresa Raffo y Mazieres S.A la construcción de 57 viviendas en Pedro Chutro Nº 2922/28 con un financiamiento de 13.335.703,68 pesos.

Los otros dos complejos están aún en proceso de licitación y aunque la apertura de sobres estaba prevista para enero de este año, observaciones realizadas al proceso licitatorio aplazaron el trámite y se prevé concretarlo en agosto.

El complejo que responde a la licitación N° 49/09 por un monto de 26.447.599,73 de pesos, incluye 125 viviendas y se levantará en el terreno de las calles Luzuriaga Nº 837 y Olavaria. El cuarto barrio incluye 64 viviendas en el predio de Goncalvez Díaz Nº 758 y San Antonio y corresponde a la Licitación N° 50/09 por un total de 15.811.000 de pesos.

Según contó a LPO, el abogado de las familias de la Villa 26, Alejandro Franco, no se trata de típicas cédulas de desalojo, sino que son documentos más largos en los que se explica la situación y se insta a los ocupantes a abandonar las viviendas por estar en el camino de Sirga indicando que eso no da lugar a reclamo de indemnización alguna.

Aunque las cédulas llevan la firma del subsecretario de Obras Públicas, Sergio Agostinelli, desde la Sindicatura de la Ciudad dijeron desconocer el envío de los documentos e insistieron en que la medida es contradictoria a lo que se viene desarrollando en el ámbito del Subprograma Federal de Viviendas. Apuntaron, además, que según entendían el trabajo de Agostinelli era intimar a las empresas a abandonar la zona.

Pero los funcionarios de la Sindicatura no fueron los únicos sorprendidos. Agostinelli también mostró asombro. “Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con una orden de la Corte Suprema de Justicia que no dio un determinado tiempo para intimar a las personas que viven en la orilla del Riachuelo a que abandonen la zona y se pueda comenzar con la construcción del camino de Sirga”, advirtió efusivo el funcionario y luego soltó: “Nosotros cumplimos con una orden de la justicia, pero no somos los que deben darle una respuesta habitacional, para eso está el Instituto de la Vivienda (IVC)”.

Desde el organismo que conduce Omar Abboud, quien mañana participará de una audiencia junto al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, en la Legislatura (ver cuadro), aseveraron a LPO que no avalan ningún desalojo y que el mismo no se concretará hasta tanto no haya una solución habitacional para esas familias.

Agostinelli insistió también en que no se trata de un desalojo compulsivo, sino de cumplir con cuestiones legales y justificó: “Hay que tomar cartas en el asunto, hay que activar a las entidades intermedias que son las encargadas de avanzar en la situación habitacional y nosotros lo que buscamos es comenzar a activar la rueda”, agregó tirando sin sutiliza la pelota al campo del IVC y las cooperativas de vivienda.

Agostinelli es un polémico funcionario que ya tuvo numerosos tropiezos con la Justicia cuando intentó avanzar con la obra del entubamiento del Maldonado, ignorando fallos judiciales y hasta recomendaciones legales dl propio gobierno porteño.

El problema es que la permanencia de las familias a la vera del Riachuelo implica un alto riego para la salud y por ello el límite de tiempo marcado por la Corte Suprema. Desde el IVC se trabajó en un nuevo censo para el asentamiento El Pueblito, también de la vera del Riachuelo, y según contaron en el organismo a LPO, el ingreso al barrio fue “muy difícil porque ellos creían que íbamos a censarlos para desalojarlos, todo porque les habían llegado las cédulas”, precisaron.

Aunque son 1.200 las familias a las que el Gobierno de la Ciudad debe relocalizar según el acuerdo firmado en septiembre de 2007 con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el índice de población de la región se incrementó de forma escandalosa. En la cuenca Matanza Riachuelo se levantan las villas del Bajo Flores (1. 11. 14), Fátima (3), Cildañez (6), Oculta (15); Pirelli (17), Barracas (21-24), Riachuelo (26) y Villa 20. Además de los sectores “Loma Alegre”, La Toma y La Robustiana. También se radican al costado del río más contaminado del país los asentamientos Luján (Pte. Bosch), El Pueblito, "Suarez y Pedro de Mendoza", Vélez Sarfield y Agustín Magaldi "Fábrica".