El conflicto con el campo
Barañao desmiente estudio contra el glifosato: "No es del Conicet"
El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, le quitó toda legitimidad al trabajo del subsecretario de Defensa, Andrés Carrasco, que alertaba sobre perjuicios para la salud en el herbicida glifosato, que se utiliza en el cultivo de soja.
El periodista Héctor Huergo, entrevistó en su programa de cable "El campo, la industria verde", al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, quien como anticipó La Política Online salió a cruzar duramente el informe del subsecretario de Defensa, Andrés Carrasco, alentado por sectores kirchneristas y que demoniza el cultivo de soja y en especial el uso del herbicida glifosato, como supuesto cancerígeno. Veamos la entrevista:

HH: Hay un supuesto trabajo de investigación que de alguna manera involucra al CONICET, que es uno de los organismos que dependen de este Ministerio, que plantea las complicaciones que se podrían generar a partir del uso del glifosato. En realidad, creo que lo que determinaba era algún problema en el desarrollo de embriones anfibios y se extrapolaba a las implicancias del uso del glifosato en la Argentina. Quería preguntarle cuál es la visión de este Ministerio y si ese estudio está avalado por el organismo.

LB: Ese estudio, lo realizó el Dr. Andrés Carrasco, que es Director del Laboratorio de Embriología de la Facultad de Medicina, es un investigador que tiene una larga trayectoria en el tema pero es un trabajo que aún no ha sido publicado. Él comunicó sus hallazgos preliminares a la prensa, esto no es parte de un estudio encargado por el CONICET, ni es parte de una comisión institucional. En otras oportunidades se ha pedido al CONICET que se expidiera sobre un tema particular, en ese caso se convoca a un panel de expertos que emiten opinión. Esto es simplemente la comunicación de un investigador particular y no ha sido sometido a juicio por un panel de expertos ni nada por el estilo.

Esto no implica aseverar nada sobre la veracidad o falsedad de estas investigaciones; es sabido que cualquier sustancia que se usa en cualquier circunstancia tiene potenciales efectos adversos. Este programa se llama la “Industria Verde” y todos los productos industriales, hoy por hoy, tienen una potencial toxicidad. Por eso hay pautas específicas para su uso. Nada está exento de riesgo salvo que se cumpla con las pautas; en el caso del glifosato existen normas para su aplicación que ha fijado la Secretaria de Agricultura sobre la base de experiencias experimentales que se han realizado a nivel mundial.

Tal vez habría que relativizar un poco estos resultados porque no son directamente extrapolables a lo que podría ocurrir en la situación de campo, es decir, que una sustancia puesta en contacto directo con un tejido puede tener efectos que no se verifican cuando esto se da en condiciones ambientales normales. Por otra parte, existe otra cantidad de estudios en el mismo sentido de exposición de células animales a distintas sustancias usadas que evidencian un efecto pero eso nos es, repito, no es directamente extrapolable. Lo que sí creo es el aspecto positivo, es justamente recalcar que no hay sustancias inocuas, que hay que tener los recaudos necesarios para la manipulación de cualquier producto que se usa.

HH: Sí. De hecho, ya hace tiempo que en el sector específico de los productos fitosanitarios se recomienda el triple lavado y destrucción de los envases; hay algunas normas que lamentablemente no están generalizadas totalmente. Me parece importante lo que señalaba sobre el uso específico. La impresión que uno tiene es que si usamos el gas oil para hacer andar un ómnibus en la ciudad, el resultado que tenemos es que los chicos van al colegio. Ahora si le ponemos un poco de gas oil al vaso de leche, seguramente vamos a tener intoxicados.

LB: Sí, claramente esa es la situación. De todos modos existe una comisión ad-hoc para estudiar el efecto de agroquímicos sobre la salud que se creó en el Ministerio de Salud por iniciativa de la señora Presidenta que en el futuro se expedirá. Existe una instancia específica y esto está en permanente revisión, todo lo que afecta la salud pública debe ser revisado rigurosamente.

HH: En ese caso el Ministerio de Salud ¿toma contacto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología?


LB: Sí. Hay investigadores que están participando de esa comisión. Había recibido un pedido expreso de la Presidenta de que nos aseguremos que estamos involucrados en esa comisión. Lo que hay que llevar es cierta tranquilidad a la población de que esto no se trata de una medida inconsulta, de que de pronto se ha descubierto que algo que es de uso común tiene un efecto nocivo. Esto ha pasado por las instancias de evaluación de los organismos pertinentes, en este caso la Secretaria de Agricultura, pero como todo compuesto se seguirán haciendo todos los ensayos que sean necesarios para acotar o establecer reglamentaciones que hagan más seguro su uso.

HH: Usted tiene una larga experiencia, una trayectoria vinculada a los temas de biología aplicada, en ciencia y en aplicación. Su percepción es que los organismos del Gobierno, más allá de las distintas etapas políticas, ¿han dado respuestas acordes a la envergadura de los temas que se trabajan?

LB: La experiencia más concreta que tengo es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, la CONABIA, que en el ámbito de la Secretaria de Agricultura -de la cuál yo he formado parte- ha tenido un trabajo muy serio y riguroso por representantes de distintos sectores. Esto es lo que llevó al país a poder adoptar la utilización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de una manera responsable y segura. Creo que, además, es ejemplo para otros países de América Latina que un organismo estatal de respuestas adecuadas en materia de reglamentación.

HH: Nos mencionaba la trayectoria de los organismos que están vinculados, de alguna manera, con la liberación de productos al mercado y en eso usted mencionaba el rol de la CONABIA. A la luz de lo que aconteció en estos últimos años desde la liberación de los primeros Organismos Genéticamente Modificados ¿Usted piensa que hubo algo que hicimos mal, que se debió hacer de otra manera?

LB: No. Si comparamos con lo que ha sido el contexto internacional, ha sido muy adecuado y responsable el rol de los organismos estatales. Creo que tal vez no se ha abundado lo suficiente en qué implica un Organismo Genéticamente Modificado, todos los pasos que han llevado a su aprobación a nivel mundial; la ausencia de casos de efectos nocivos de OGM sobre la salud. Hay algo que la gente no sabe: que han muerto cientos de personas a causa de la agricultura orgánica por contaminantes bacterianos y no hay ninguna víctima por ningún OGM. No por ello vamos a prohibir la agricultura orgánica pero estamos diciendo que aún eso que parece una tecnología natural y libre de riesgos, tiene riesgos específicos. En todos los casos hay que hacer estudios profundos para ver cuáles son las potenciales consecuencias negativas de determinadas prácticas. Si nuestro país tiene hoy los ingresos que tiene por exportaciones, es por una incorporación temprana y responsable de la biotecnología a la producción agrícola.

HH: Algunos ven alrededor de este tema que se ha creado un monstruo, la soja y la tan mentada sojización ¿Cuál es su visión sobre esto?

LB: El problema de la soja es que ha sido demasiado exitosa y quizás por eso se ha convertido en un cultivo casi excluyente. Creo que el deber del Estado es brindar al productor alternativas que sean igualmente rentables. El problema es que si no hay otro cultivo equiparable a la rentabilidad, va a ser muy difícil que un productor siembre otra cosa; y el Estado está trabajando en este tipo de iniciativas, en una cantidad de cultivos que pueden brindar alternativas muy importantes, que pueden ser adaptados a zonas semiáridas. Hay un trabajo muy importante que está realizando el INDEAR, un grupo privado en Rosario, sobre amaranto, un cultivo con enormes posibilidades. Este es el tipo de iniciativas que estamos apoyando justamente para dar una diversificación de la producción. Claramente apostar a un cultivo es riesgoso, no sólo desde el punto de vista ambiental sino económico.
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Que se puede decir ? son dos caraduras, Huergo un mercenario que cuando estuvo en el INTA regaló las semillas a las multinacionales y Barañao, responde a los mismos intereses, lo cierto es que aqui en el interior cada vez se nos muere más gente de cáncer en especial niños( leucemias linfoblásticas), malformaciones congénitas, abortos expontáneos, afecciones respiratorias y dérmicas, cardiopatías. Un verdadero desastre ambiental y de salud .
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Queda claro, CONICET explico clarito (obvio para mentes inteligentes … no para peronistas de mierda) , no hay mas nada que acotar al respecto . Es evidente que es una jugada politica …. las ovbiedades del porque , ya se comentaron . Logico es …. los ultimos gobiernos sembraron la envidia para los que trabajamos y ganamos nuestra merecida plata y ademas generamos alimentos y divisas al pais ,aunque esta nebulosa de HDP de nuestra presidenta les haga creer que esta en contra, o no sabian que el Grpo K siembra 30000 hectareas de soja en Chaco Cordoba y Sta fe ???? jajajaj esa se la perdieron …jajajaj . Muchachos lean un poco mas estudien . Los dejo, me voy apreparar las valijas mañana me tomo una semanita en Las Leñas …. ovbio con plata de mi soja . jajajajaj .
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La soja transgenica no es un alimento, se esta incentivando su cultivo para la produccion del llamado biodiesel, y justamente lo que hizo fue desplazar las actividades que producen alimentos: ganadería, tambo, apicultura y otras tantas, para susidiar los modos de vida de los habitantes del "primer mundo". También estamos viendo ya las consecuencias de los desmontes por la fiebre sojera, además de los problemas de contaminacion por las fumigaciones que afectan a la salud. Seguramente que todas las actividades humanas impactan en el ambiente, el tema con la soja transgenica es que lo hace en forma desmedida e irracional.

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poco serio el sr Saguier , su escrito huele a politica e ideologia no a ciencia, si no se usara glifosato se usarian 4 o 5 otros herbicidas en su lugar con efectos secundarios mucho peores si no se hiciera uso de ellos y en su lugar volvieramos a la llamada agricultura organica bajaria la produccion de alimentos a menos de la decima parte de lo que hoy se produce y la hambruna mundial que hoy ya es una realidad seria catastrofica ¿ es lo que quieren ?
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JUICIO PENAL AL MINISTRO BARAÑAO--A CONFESIÓN DEL DELITO RELEVO DE PRUEBA

En enero de 2007, en nuestra denuncia sobre la Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina (650 millones de pesos en subsidios entre 1997 y 2007, de los cuales más del 20% fue a parar a la burocracia científica), luego de haber hecho las respectivas presentaciones ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Investigaciones y la Oficina Anti-Corrupción, sosteníamos que medio centenar de Coordinadores de Área de la Agencia Nacional para la Promoción Científico y Tecnológica (ANPCYT), bajo la Presidencia del Dr. Lino Barañao, “….preceden, acompañan o sobrevienen a los subsidios otorgados a sí mismos, lo que configura claramente el ilícito de colusión de intereses”, es decir la simultánea condición de juez y parte interesada.



La misma acusación la sosteníamos respecto de tres miembros de los Directorios del CONICET y de la CONEAU, una docena de Secretarios de CyT de las Universidades Nacionales y otro medio centenar de miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET. Ilícitos que a su vez constituyen una violación de la Ley Nacional de Ética de la Función Pública.



Polémica Pública con Barañao (2007)


Fue entonces, en el curso del año 2007, que entre el autor de la denuncia --el que suscribe-- y el que en esa oportunidad detentaba el cargo de Presidente de la ANPCYT Dr. Lino Barañao, actual Ministro de CyT, se suscitó una polémica que atravesó la Lista de Discusión Electrónica Pol-Cien y que fue luego reproducido en otros foros, http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Unicienciaytecno/cartaANPCYTsaguier.htm

donde Barañao planteó “¿Cómo evitar el potencial conflicto de intereses de los Coordinadores y al mismo tiempo no provocarles un perjuicio derivado de la suspensión de su financiamiento?”. La primera alternativa ensayada para solucionar este problema fue, según Barañao, “…el otorgamiento de un subsidio automático a los coordinadores. No obstante, a posteriori, y debido además a la incorporación de co-coordinadores, se optó por un sistema mediante el cual los proyectos presentados eran remitidos a otro coordinador de un área relacionada quien se encargaba de enviarlos a pares para su evaluación”. Barañao afirmó entonces que en esta asignación de pares por parte de otros Coordinadores para evaluar los proyectos presentados por los propios Coordinadores “…si bien podría argüirse la existencia de algún favoritismo en dicha asignación, no hay evidencias concretas al respecto”. Más aún, Barañao destacó que “..el listado de proyectos financiados siempre se ha hecho público para cada convocatoria y por lo tanto nunca se ocultó el financiamiento a los coordinadores”. A confesión del delito, por parte de Barañao, relevo de prueba.

Respecto de la sospechosa ética de este proceso, lindante con la que puede constituir delito (colusión de intereses, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública), el mismo Barañao, que venía cuestionando la relevancia de los conocimientos humanísticos, al extremo de asociarlos a los saberes teológicos (ver el debate suscitado con los profesores Atilio Borón y Eduardo Grüner), recordó que “…la ética se refiere a la toma de decisiones en un contexto determinado…..El prohibir la presentación de proyectos a los coordinadores implicaría entonces una limitación altamente significativa en la idoneidad de los recursos humanos involucrados en el proceso de evaluación con la considerable pérdida de calidad en dicho proceso. Esto a su vez implicaría una asignación deficiente de recursos públicos mucho mayores”. En ese contexto, Barañao consideró que “la práctica actual es éticamente aceptable, al menos hasta que se formule una solución más conveniente”. En ese sentido, a Barañao no le quedó claro “…cuál es la alternativa que propondría el Dr. Saguier”.


Dictamen del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (2007)


No conforme con estas auto-justificaciones, el Presidente de la ANPCYT Dr. Barañao acudió más tarde, en abril de 2007, a la reunión plenaria del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) de la entonces Secretaria de CyT, sita en el mismo lugar donde ahora tiene su asiento el Ministerio de CyT, en Av. Córdoba 831, para solicitarle a dicho Comité un dictamen exculpatorio. En el documento redactado en tal ocasión, http://www.cecte.gov.ar/recomendaciones-e-informes/

el CECTE confesó –pese a carecer de competencia jurisdiccional para ello-- que a solicitud de investigadores individuales, no identificados con nombre y apellido, que habían manifestado “expresiones de inquietud acerca de los mecanismos instituidos para prevenir conflictos de interés en la gestión de evaluación de proyectos presentados al Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT)”, estudió la documentación sobre las disposiciones que regulan el Sistema de Evaluación de Proyectos (SEPCyT) e invitó el 9 de abril al Presidente de la ANPCyT a concurrir a la reunión plenaria del Comité.

Según la información ilegalmente recabada y los documentos públicos de la ANPCyT, el plenario del CECTE concluyó que los Coordinadores y co-Coordinadores de Área “…mientras ocupan el cargo, que usualmente tiene una duración de tres años, están habilitados para presentar solicitudes de financiamiento de proyectos en los que participan como responsables, o como integrantes”. En virtud de los antecedentes reunidos, de la literatura internacional sobre el tema, y del estudio del caso, el CECTE consideró entonces que la estrategia descripta: “…no involucra necesariamente conductas incorrectas sino el riesgo de que puedan llegar a ocurrir”.



Alternativa Antagónica a la de Barañao


Pese al documento del CECTE, nosotros sostuvimos que dicha estrategia venía a corromper la ciencia argentina, y a propósito de la alternativa exigida por el Dr. Barañao nos preguntábamos ¿cuál ha sido el motivo para que en la distribución de los subsidios de la Agencia o ANPCYT se menospreciaran los Centros e Institutos de Investigación universitarios o extra-universitarios, y por el contrario se privilegiara un listado selectivo y concentrado de Investigadores en forma individual o grupal?

Si bien esta estrategia selectiva fue iniciada en la segunda presidencia de Menem por el Secretario de la SECYT Juan Carlos Del Bello, la misma fue acentuada con posterioridad, y en especial durante el período K por la gestión Barañao, quien ha considerado públicamente que su responsabilidad es la de “contribuir a crear empleo” y no la de desarrollar la comunidad científica. Pero insistimos ¿A que razones se debe la adopción de esta estrategia individualizante? ¿Acaso son las instituciones científicas menos confiables que ciertos y determinados investigadores individuales seleccionados por el Poder Ejecutivo? O, por ventura, ¿son las instituciones de la ciencia más vulnerables a las presiones políticas que los investigadores individuales?

Por último, ¿es preferible consolidar y potenciar las instituciones académicas o por el contrario, es aconsejable hacerlo con los investigadores en forma individual? ¿Cuál de las dos estrategias es más susceptible de caer en la corrupción, la simulación, la hipocresía, la genuflexión, el oportunismo, la indiferencia moral y la autocensura o miedo a expresarse libremente; o cual de las dos se presta más al favoritismo, el acomodo y el patronazgo? Más aún ¿Cuál de las dos estrategias propicia mas el desarrollo de las oportunidades y la creatividad y la originalidad científicas, cuál impide la “inflación curricular artificial” derivada del axioma de publicar o perecer, cuál evita la fuga de cerebros, y cuál alienta mas las libertades académicas, el espíritu de colaboración y la autonomía de las universidades e instituciones científicas?


Consejo Académico bis a bis Consejo de la Magistratura


Por otro lado, también nos preguntábamos ¿Cuáles han sido los motivos para que en la asignación y revocación de los jueces del Poder Judicial se instaurara un Consejo de la Magistratura, y en materia académica y científica los docentes e investigadores universitarios o extra-universitarios carecieran de un organismo semejante? ¿Acaso serían los jurados o tribunales académicos autónomos y autárquicos menos confiables que los designados por el Poder Ejecutivo? O, más bien, ¿son acaso los jurados o tribunales académicos autárquicos más vulnerables a las presiones políticas que los designados por el Poder Ejecutivo?


Juicio penal y político al Ministro Barañao


Finalmente, pese a las públicas declaraciones del ex Presidente de la ANPCYT y actual Ministro Dr. Barañao, y pese al acto o dictamen exculpatorio firmado por el CECTE, nosotros creemos que en una república democrática existe otro poder independiente, que es el Poder Judicial, con competencia jurisdiccional para dirimir la naturaleza lícita o ilícita del accionar público del funcionario Barañao. Y en última instancia, el parlamento tiene la potestad de iniciar juicio político a los Ministros del Poder Ejecutivo, entre ellos al Ministro Barañao.


Eduardo R. Saguier
Investigador del CONICET


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No, claro; del CONICET no, el autor del informe es un becario del CONICET que investiga en la Facultad de Medicina de la UBA.
El CONICET no es un instituto de investigaciones, sino un coordinador y evaluador de investigaciones que financia. Por eso Cavallo los mandó a "lavar los platos".