El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, acusado de ser parte de una estructura de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht en la obra de AySA de Paraná de las Palmas, en la localidad bonaerense de Tigre.

Además, el juez procesó -tras haber indagado por este mismo hecho- a Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de la firma Esuco, la cual tuvo a cargo una obra en Berazategui de AySA también bajo sospecha; y al empresario Benito Roggio, entre otros.

El "Corcho" Rodríguez ya tiene fecha de indagatoria para el 17 de octubre en otra de las causas de Odebrecht, por la obra del soterramiento del tren Sarmiento: un testimonio de un ex funcionario reveló que el empresario formó parte de reuniones con el entonces secretario de Obras Públicas José López, en donde aquel oficiaba de nexo con la constructora brasilera.

Los procesamientos por el delito de administración fraudulenta fueron como "coautores" para el ex titular de AySA Carlos Ben y su entonces segundo, Raúl Biancuzzo; y como partícipes necesarios para los empresarios Wagner, Roggio y Tito Biagini.

A los funcionarios les fijó embargos que van hasta los 700 millones de pesos y a los empresarios desde los 200 a los 500 millones, mientras que se ordenó una tasación de los bienes de todos los procesados.

Respecto a las nuevas citaciones a indagatoria incluyen al "Corcho" Rodríguez; a Marcelo Odebrecht; a directivos de la firma Camargo Correa; al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, su entonces segundo Roberto Baratta; y el exsecretario de Obras Públicas José López.

A todos les fijó la prohibición de salida del país, tal cual lo había solicitado la semana pasada la Oficina Anticorrupción.

Las obras bajo sospecha, tanto por sobreprecios así como pago de sobornos, son la de 2007 de la Planta del Bicentenario, en el partido bonaerense de Berazategui; así como la de Paraná de las Palmas, en Tigre, en la que se abrieron los pliegos en 2008.

Sobre la obra de Paraná de las Palmas, se inició la licitación por un valor de 1.838.504.275 de pesos pero hasta el momento se pagaron 7.197.333.708 y hay facturas pendientes por 20.084.470; en tanto que la de Berazategui se inició con un presupuesto de 324.000.000 de pesos y finalmente se adjudicó por 814.030.605.

Según sostuvo el juez, los acusados "en el marco de sus competencias propias contribuyeron al direccionamiento y a la generación de mayores costos para la administración pública en beneficio de los contratistas privados".