La creación de una Comisión de Mapa Judicial, redactado por el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, era uno de los puntos de la reforma judicial pedida por María Eugenia Vidal que debía correr con mayor celeridad en la Legislatura. Sin embargo, por estas horas aparece empantanado debido a las atribuciones "impropias" que el ministro le había otorgado a ese órgano.

En términos llanos, la comisión se planteó como un órgano del Ejecutivo encargado de ordenar la caótica creación de juzgados, tribunales y departamentos en el ámbito de la Justicia. Actualmente, es la Corte quien establece la creación de los juzgados y la Legislatura los aprueba en función de acuerdos políticos. No existe un órgano que discuta en términos técnicos esas necesidades.

El texto sostiene que la apertura de nuevos juzgados o tribunales "carecieron de sentido práctico o vínculo con necesidades reales o posibilidades presupuestarias". Incluso aseguran desde el oficialismo que existen más de 200 órganos de la administración de Justicia y del Ministerio Público creados en la Legislatura pero que jamás fueron puestos en funcionamiento.

Ahora, la comisión aparece como una llave clave para decidir la estructura del poder judicial en el extenso territorio bonaerense.

La creación de una comisión de este tipo había sido una iniciativa de Daniel Scioli que finalmente no tuvo avances. La idea es tener un órgano que estudie las necesidades de cada departamento judicial de la Provincia y "opine" (según expresa el proyecto) sobre la posible creación de nuevos juzgados y fiscalías en distintos puntos del territorio bonaerense.

La comisión estará compuesta por nueve miembros. Dos serán Ejecutivo representantes del Ejecutivo y según trascendió allí hubo una feroz pulseada ganada por Hernán Lacunza. El que el ministro de Economía logró imponer su voluntad y su cartera llevará un funcionario con la misión clave de controlar las cuentas

El punto que hizo ruido y generó rechazos es el que establece que la comisión pueda "modificar estructuras judiciales, redistribuir recursos humanos".

Lo que hizo el ministro fue agregarle facultades y justamente son esos aditamentos los que cuestiona la oposición. "Ferrari quiso hacer de la comisión un anabólico del ministerio de Justicia", dijo a LPO un diputado del Frente Renovador. Esas atribuciones son uno de los puntos que la oposición pide quitar del proyecto para aportar sus votos.

También aparece un punto que choca con las facultades indelegables del Parlamento provincial: las de designar magistrados sin ningún tipo de consulta o intermediación con el Ejecutivo, aunque sí valiéndose de los informes que anualmente envía a las cámaras la Suprema Corte de Justicia de acuerdo a las necesidades de cada departamento judicial. 

Cambios en la Ley de Jury

Ayer, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el primero de los proyectos del paquete judicial de la Gobernadora. Se trata de los cambios en la Ley de Enjuiciamiento de Magistrado, que apunta a simplificar los trámites de los jury y reducir los tiempos de los procesos.

La iniciativa apunta a acelerar el procedimiento de remoción de jueces y fiscales, a partir del acortamiento de los plazos procesales. El punto más polémico -adelantado por LPO- era el criterio de "ultra actividad" de los jurados, por el que se dispone que la presidencia de un Jury siga a cargo de quien sea el titular de la Corte en el inicio del procedimiento, más allá de que luego se reemplazado de ese lugar en el máximo tribunal.

En el oficialismo aseguran que esto apunta a acelerar los debates: sostienen entre los argumentos que como la titularidad del máximo tribunal es rotativa, esos cambios llevan a reorganizar todo el proceso y demoran en varios meses las sentencias. La iniciativa fue girada ahora al Senado.

En ese sentido, el perfeccionamiento de la norma -que reforma la ley 13.661- busca establecer la permanencia del Presidente del Jurado desde la denuncia o requerimiento hasta la finalización del proceso, ya que actualmente puede cambiar en medio del enjuiciamiento.