El juez federal Daniel Rafecas procesó a Julio De Vido y al ex secretario de Energía Daniel Cameron por supuestas "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber favorecido a Odebrecht en la adjudicación de dos contratos para la ampliación de gasoductos.

La medida fue decidida por el juez en una de las causas en las que se investigan los contratos de la constructora brasileña Odebrecht en Argentina, donde la empresa reconoció haber pagado alrededor de 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos. Se trata del primer procesamiento dictado por la justicia argentina en relación a posibles hechos vinculados al "Lava Jato".

Rafecas, que había indagado a De Vido el año pasado, también procesó a dos ex subsecretarios del ex Ministerio de Planificación Federal y dictó la falta de mérito de dos directivos de la firma Cammesa, Luis Breulet y Julio Bragulat. Este último, como reveló LPO, continúa ocupando un cargo en la compañía estatal, con lo que su sobreseimiento es un alivio para el Gobierno nacional

Para el juez, todos los acusados están imputados por la figura de coautores, junto con la participación necesaria de De Vido, por "favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada "Ampliación Gasoductos TGS y TGN -obras 2006/2008-", contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y que en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial".

La mega obra tuvo un presupuesto inicial de 2.300 millones de dólares y que estuvo a cargo exclusivo de Odebrecht. En la investigación de Rafecas se dio por probado que hubo negociaciones incompatibles, un delito que prevé hasta seis años de prisión, y se dictaron embargos por un millón de pesos a los procesados.

Según la resolución del juez de más de 300 páginas, De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a una "licitación privada" que en lugar de hacerse a través de las empresas privadas licenciatarias TGN y TGS, como se había hecho hasta ese momento.

En ese sentido, el juez hizo referencia a una nota de noviembre de 2005, en donde la firma Odebrecht, a través de su directivo Flavio Bento Faría, se presentó directamente ante la Secretaría de Energía para manifestar el interés en "contribuir" con CAMMESA en el proceso de ampliación de gasoductos en Argentina.

También hubo varias notas en donde la Secretaría de Energía insistía en recordar el interés de Odebrecht de participar en el negocio. "En definitiva, la instrucción ha dado por probada la existencia de un apreciable desvío de poder (...) en dirección al involucramiento ilegal de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre la firma mixta CAMMESA S.A. y Odebrecht", según Rafecas.

"En el caso de De Vido, la delegación de la toma de las decisiones hacia funcionarios de su dependencia junto con la ausencia de todo accionar en favor de la correcta prelación de los intereses estatales en juego, constituyó un aporte esencial a la actuación delictiva de los funcionarios dependientes de su cartera que benefició indebidamente a la empresa internacional de mención" y por ello lo procesó como "partícipe necesario". 

De Vido "no pudo carecer de conocimiento -cuanto menos, de los trazos más gruesos, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura", agregó el juez.