Tras su salida del soterramiento del Sarmiento, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió por un año a Odebrecht de la nómina de oferentes de obra pública, en una reacción ante la negativa de la constructora brasileña a entregar información sobre el pago de sobornos en el país.

La decisión fue tomada por el Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, que depende el Ministerio del Interior, por encontrarse Odebrecht "prima facie en falta muy grave", según evaluó el organismo. La constructora tenía la autorización vencida el 30 junio de 2016.  

En atención a que Odebrecht tienen abiertos "varios procesos judiciales y administrativos" en Argentina y en el exterior que involucran a la empresa en "prácticas corruptas", el gobierno decidió suspender el proceso de tramitación de la firma por doce meses, indicó Télam.

La noticia se conoce a pocos días de el Gobierno de Macri finalmente logró que Odebrecht deje la obra del soterramiento , la licitación más grande del país, en manos de la italiana Ghella, la firma que realizó el entubamiento del arroyo Maldonado en la Ciudad de Buenos Aires.

La presión para que Odebrechet se fuera del soterramiento y la suspensión del registro de obra pública son reacciones del Gobierno tras la fallida negociación para que la constructora entregue información sobre los sobornos que pagó en el país, algo que fracasó porque el Ejecutivo no podía cumplir las exigencias de la firma para que le den inmunidad a sus directivos y le mantengan todos los contratos.

La resolución del Consejo menciona que "también en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados, según surge del Informe de los auditores independientes sobre los estados contables consolidados que el propio constructor envió al Registro Nacional de Constructores para renovar su certificado".

La decisión del Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas fue firmada de manera unánime por el presidente, Guillermo Ferrea; el vicepresidente, Ricardo Delgado; los consejeros titulares Susana Martín, Eduardo Dos Santos, Gustavo Burgwardt; y el consejero suplente Víctor Entrala.

La constructora brasileña reconoció haber pagado coimas por 35 millones de dólares en la Argentina entre los años 2007 a 2014.