Funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y la Defensoría del Pueblo bonaerense participaron de una mediación judicial por los aumentos en las tarifas eléctricas que busca aplicar el Ejecutivo.

Actualmente, la suba dispuesta por el gobierno quedó suspendida por un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, Luis Arias, quien exigió la audiencia de hoy como paso para avanzar hacia el aumento.

Durante el encuentro, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, propuso que la tarifa guarde relación directa con el promedio de los salarios del año anterior, que sea gradual y que se amplíe el consumo de energía para la tarifa social.

El juez Arias y funcionarios del gobierno bonaerense.

En la audiencia participaron representantes del Gobierno (se esperaba la presencia del ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, pero no estuvo presente), el Organismo de control de energía eléctrica de Buenos Aires (Oceba) y la Defensoría. Las tres partes buscaron acercar posiciones en referencia a las tarifas, luego que se autorizara un incremento promedio del 58 por ciento en el interior, llegando al 100 por ciento en la zona de La Plata.

Lorenzino planteó que "la tarifa debe tener relación con el aumento de los salarios para que la gente la pueda pagar" y agregó "no es mi función traer los números que deben poner sino apelar a la razonabilidad de las tarifas". Y reiteró la idea de la Defensoría sobre la temporalidad "los incrementos tienen que ser graduales, no se puede pretender hacer pagar a los bonaerenses en 15 meses lo que no se hizo en años".

Como última medida, el Defensor se refirió a la protección de los sectores más vulnerables y presentó la necesidad de ampliar "al doble el consumo que hoy tiene la tarifa social".

A principios de mayo, el Gobierno autorizó el aumento tarifario, pero diez días después -a raíz de una presentación de la Defensoría- Arias suspendió la medida y ordenó que las distribuidoras Edelap, Eden, Edea y Edes y las casi 200 cooperativas eléctricas del interior bonaerense facturen nuevamente el servicio con los valores anteriores al aumento.

En tanto, en el gobierno bonaerense, apuestan a la vía judicial. Es que apelaron el fallo de Arias y se manifiestan confiados en una resolución que restituya las subas.