La Justicia en lo Contensioso Administrativo de La Plata ordenó suspender el aumento de luz que había decretado en los últimos días el gobierno de María Eugenia Vidal.

El juez Luis Arias hizo lugar al pedido del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, y determinó la suspensión del nuevo cuadro tarifario de la luz en la Provincia en las cuatro prestadoras bonaerenses y a todas las cooperativas eléctricas.

El fallo de Arias establece que debe quedar sin efecto la resolución del ministerio de Infraestructura bonaerense, por la cual el gobierno había oficializado el último incremento en los valores de la energía eléctrica.

Asimismo, el magistrado planteó que ante esta medida las empresas Edelap, Eden, Edes y Edea no deben afectar la prestación de los beneficios de la tarifa social, el que se ofrece a los electrodependientes y a las entidades de bien público.

"Celebramos el fallo porque reconoce una de nuestras grandes preocupaciones, que es la que tiene que ver con que los consumidores están hace tiempo afectados por subas en todos los servicios", reconoció Lorenzino.

En su presentación ante la Justicia, la Defensoría había denunciado que el incremento provocaba serias afectaciones, al no haberse respetado el derecho constitucional al resguardo de los intereses económicos de los consumidores. Además, indicó que no se demostró correlación entre los ingresos medios de las familias y el aumento.

A su vez, cuestionó que el aumento de la tarifa prevea un importe a cuenta de la ejecución de obras futuras. Este ítem hace que el incremento tenga carácter de tributo que, como todo impuesto, tiene que ser determinado por ley.

El otro considerando tiene que ver con que no se tuvo en cuenta lo que expresó el Defensor del Pueblo en las audiencias públicas para tratar estas subas. Es que la aceptación o el rechazo de lo que se diga en estos encuentros, por más que no sean vinculantes, tiene que quedar de manifiesto en los considerandos del aumento, circunstancia que en esta oportunidad se pasó por alto, lo que hace que la audiencia sea considerada nula.

Ayer, el Frente Renovador también avanzó con la presentación de un recurso de amparo anticipado suspensivo la resolución del gobierno que autorizó el tarifazo al servicio eléctrico en el territorio bonaerense.

Al frente de esa presentación estuvo la diputada nacional Liliana Schwindt, el diputado provincial, Juan Amondarain, y el concejal José Arteaga.

En rigor se trata de dos presentaciones: una medida cautelar de no innovar y un pedido de acceso a información pública dirigido al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante.

"A los docentes les proponen un aumento de sueldo del 20%, en cuotas, y nos encontramos con tarifazos de hasta 127%. Es un gobierno con una política económica clara: darle a los empresarios lo que les pidan y ajustar a los que menos tienen y a los trabajadores", señaló la diputada massista.

En cuanto al pedido de acceso a la información, Schwindt agregó que los usuarios tenemos derecho a saber cuánto nos van a cobrar y ese derecho está siendo vulnerado. "No sé si lo habrán olvidado y omitido a propósito, pero es de una gravedad institucional enorme. Aunque las audiencias públicas no son vinculantes, no pueden anunciar aumentos del 30% y después hacer un tarifazo del 70%", dijo.