El Frente Progresista, la fuerza que en 2007 le arrebató el gobierno de Santa Fe al peronismo luego de 24 años, atraviesa una tormenta sin precedentes con varios conflictos abiertos entre los radicales que apuestan a Cambiemos y las tensiones hacia adentro del socialismo.

Con ese complejo escenario, el gobernador Miguel Lifschitz hizo un llamado para renovar el Frente incorporando "gente nueva". "Para las próximas elecciones quiero un Frente Progresista con nuevas ideas, con nueva gente y renovado en su dirigencia", disparó el mandatario la semana pasada con un mensaje hacia adentro de su propia organización.

Ahora, Lifschitz decidió que el gobierno se constituya como querellante en la causa que investiga una de las privatizaciones más escandalosas que se dieron en el país, la del Banco Provincial de Santa Fe.

"Vamos a participar en la causa activamente, vamos a poner un equipo de abogados y especialistas en delitos económicos para que la causa avance, para que haya justicia", sostuvo Lifschitz en un emotivo acto en la Casa Gris donde participaron legisladores, ex trabajadores y los familiares de "Pichón" Nogueras, quien investigó la venta del Banco y realizó un detallado informe.

Lifschitz busca recuperar algo de la épica perdida por el socialismo santafesino, sacando del placard el caso de la polémica privatización del Banco de Santa Fe, que sobre el final del menemismo se entregó a los hermanos Rohm.

Lifschitz también firmó un decreto ordenando la desclasificación urgente de la totalidad del informe. Durante la gobernación de Antonio Bonfatti ya se había determinado la apertura de una parte del mismo pero se mantenía en reserva la información más sensible.

Es que la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, que se concretó en 1997, fue una de las maniobras más oscuras en la historia de las privatizaciones con "una venta tan absurda por la que tuvimos que pagar mil millones de dólares a un grupo privado de dudosos antecedentes", según explicó el gobernador en su discurso.

El banco se lo quedaron los hermanos Rohm, que tenían acceso directo al establishment político de Argentina y Estados Unidos. Luego investigados por lavado de dinero del narcotráfico, cayeron en desgracia y uno terminó preso y el otro fugado (ver recuadro).

El informe Nogueras da cuenta de créditos que se otorgaron antes de la privatización "a tipos que no contaban con ningún requisito mínimo ni siquiera para tener una tarjeta de crédito", afirmó a LPO Luciano Caturelli, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno, al tanto del expediente.

"En las más de cinco mil fojas del informe aparecen nombres y responsables de haberse beneficiado a través de una de las más fraudulentas maniobras, donde los que se quedaron con el banco obtuvieron los activos mientras que el Estado tuvo que afrontar deudas por mil millones de dólares", explicó el funcionario.

De hecho, el informe que sistematizó Alfredo "Pichón" Nogueras, quien presidió la Comisión que investigó el vaciamiento de la entidad financiera desde 1997 y falleció en el 2002, se detallan las responsabilidades civiles y penales de quienes llevaron adelante el "latrocinio" según calificó el mismo Lifschitz.

La causa judicial, en su momento fue clausurada por el cuestionado Víctor Brusa, magistrado que cumple condenas por delitos de lesa humanidad, quien la declaró prescrita. Sin embargo, el año pasado, la Cámara Federal consideró que no había obstáculos judiciales para su reapertura.

"Cuando vi en el diario que la Cámara Federal había resuelto reabrir la causa del Banco de Santa Fe me generó una gran ilusión", reconoció el gobernador.

El entonces gobernador Carlos Reutemann fue quien entregó el banco a los hermanos Rohm.

La noticia de la desclasificación del informe y la constitución del Estado en querellante generó muchísimo entusiasmo y apoyo de la militancia socialista y del Frente Progresista.

En rigor, el proyecto que proponía que el Estado se constituya en querellante fue del diputado de la Coalición Cívica, Ariel Bermúdez, un guiño de Lifschitz al espacio que conduce Pablo Javkin y al resto del Frente.

"Para el Frente Progresista y para el socialismo es una bandera medular", agregó Caturelli. "Estamos rediscutiendo, refrescando y oxigenando el Frente, esa es la apuesta del gobernador", reconoció.

Estamos oxigenando el Frente, la causa del vaciamiento del Banco tiene para nosotros una carga simbólica muy importante y retomarla busca volver a enamorarnos con las banderas que nos llevaron al gobierno, afirmó Caturelli.

Para el funcionario, el pedido de "verdad y justicia" que hizo Lifschitz sobre la privatización "tuvo una carga simbólica muy importante que tiene como horizonte volver a enamorarnos de las principales banderas que nos llevaron a ser gobierno".

Además, en el acto hablaron legisladores de la oposición como el periodista Carlos del Frade del Frente Social y Popular, quien investigó el vaciamiento de la institución.

"Miguel viene a hacer lo que no se hizo" afirmaron fuentes oficiales y subrayaron que "el gobernador compartió el atril con opositores muy duros " en alusión a del Frade en una actitud de apertura que podría marcar una nueva configuración del progresismo en la provincia.

Es que la privatización del Banco Provincial de Santa Fe se concretó durante la primera gobernación de Jorge Obeid y fue motorizada por Juan Carlos Mercier, ministro de Hacienda de Carlos Reutemann y funcionario durante la dictadura.

A su vez, el proceso implicó una jornada de represión policial contra los trabajadores del banco cuando se manifestaban en la capital provincial el 7 de marzo de 1996, antecedentes que el Frente Progresista enebro en su campaña para mostrar el agotamiento de las gestiones peronistas.