Los tribunales federales de Comodoro Py empiezan a convertirse en uno de los escenarios clave de la pelea electoral entre el macrismo y el kirchnerismo. Así quedó evidenciado apenas en el primer día posterior a la feria judicial, donde hubo denuncias y resoluciones que de uno y otro lado utilizaron para agitar el panorama.

En el primer día de actividad plena del año en la justicia, el traslado de la pelea electoral a los tribunales del barrio porteño de Retiro se vio con los movimientos que hubo en dos de las causas que concentrarán la atención a lo largo de los próximos meses: la reabierta denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y la investigación por las supuestas coimas a Gustavo Arribas.

En el primer caso, el juez Ariel Lijo reabrió formalmente la denuncia del fallecido fiscal, tras dos años en los que el kirchnerismo logró bloquearla. El magistrado ordenó la realización de casi 50 medidas de prueba y delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, que es otro de los enemigos de Cristina Kirchner en Comodoro Py.

Es que Pollicita (junto al fiscal Ignacio Mahiques, hijo del ex ministro de Justicia de Vidal y hermano del representante de Macri ante el Consejo de la Magistratura) está también a cargo de la investigación por corrupción en la obra pública y asociación ilícita con Lázaro Báez. A fines de 2016, el juez Julián Ercolini procesó y embargó por 10 mil millones de pesos a Cristina, que ayer apeló esas medidas. Ercolini también sigue la causa Hotesur y fue quien ordenó abrir las cajas de seguridad de Florencia Kirchner.

Esas causas son las que más apremian a Cristina, aunque las noticias podrían ser peores para ellas si otro de sus enemigos -acaso el mayor enemigo- en Comodoro Py, el juez Claudio Bonadio, logran que le trasladan la causa por la denuncia de Nisman. Bonadio ya la investiga en la causa Los Sauces y la tiene al borde del juicio oral en la de dólar futuro. En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan podría avanzar en la denominada "Ruta del dinero K" por la que está preso Lázaro Báez.

Claudio Bonadio

Durante la feria, la temperatura judicial había subido con la filtración de un audio donde Cristina habla de “matar” al ex espía Jaime Stiuso. Ante eso la ex Presidenta denunció una persecución político-judicial, orquestada por Mauricio Macri, Ricardo Lorenzetti, jueces y sectores de la ex Side. Ese será el tono que este año mantendrán Cristina y sus laderos. Ese discurso tendrá un eje repetido: el Gobierno quiere proscribir a la ex mandataria para que no se presente en las elecciones.

La otra pata de la estrategia kirchnerista es meter en el barro judicial al macrismo, con denuncias de todo tipo. En rigor, es una táctica que ya utilizó el año pasado, cuando dejaron de lado el discurso de “no judicializar la política” y además de las denuncias por corrupción contra Macri, buscaron en los tribunales trabarle varias medidas de gobierno.

Quien encabeza esa estrategia es el diputado nacional Rodolfo Tailhade, el encargado de las denuncias que suele presentar el conjunto el bloque de diputados nacionales del FPV.  Tailhade, ex titular de la Inspección General de Justicia, integró la Side cuando la dirigió Oscar Parrilli. Ayer, denunciaron a Gómez Centurión por apología del delito.

Rodolfo Tailhade

Para que las denuncias sean efectivas el kirchnerismo cuenta con Justicia Legítima, que tiene presencia en juzgados y fiscalías (sobre todo allí a partir de la influencia de Alejandra Gils Carbó) de todo el país, y sus militantes están dispuestos a complicar al macrismo. 

En otras palabras, la pelea judicial entre macrismo y kirchnerismo podría traducirse como la pelea entre la corporación judicial y Justicia Legítima. Por caso, Stiuso acaba de pedir que aparten de la causa del audio al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ambos vinculados al kirchnerismo, el segundo de hecho fue funcionario.

El fiscal Delgado

Clarín

En ese contexto, el kirchnerismo agitará principalmente dos causas contra el Presidente y su entorno más cercano: Panamá Papers y los presuntos sobornos de Odebrecht. En el comienzo del año judicial, tuvo dos buenas noticias.

El fiscal Federico Delgado (que no integra Justicia Legítima aunque algunos macristas lo acusen, ni tampoco se lo identifica con la corporación judicial de Comodoro Py) avanzó fuerte en la denuncia (realizada originalmente por diputados kirchneristas) por las sociedades offshore de la familia Macri y pidió que la causa se concentre en posible lavado de dinero orquestado por Franco Macri. En su dictamen, Delgado sugirió que hay trabas de parte del Poder Ejecutivo y la UIF para colaborar con la investigación. La causa está a cargo de Casanello, ligado al kirchnerismo.

Este jueves, Delgado también avanzó en la causa contra Arribas (por la denuncia de Carrió). El fiscal pidió indagar por videoconferencia al cambista Leonardo Meirelles, quien declaró haber transferido casi 600 mil dólares al titular de la AFI. También quiere identificar al supuesto comprador de un inmueble que habría usado a Meirelles para girarle 70 mil dólares a Arribas, según sostiene el funcionario.

Delgado también sigue una causa muy sensible para los K: la del detenido José López. El año pasado, avisó que podría citar a declarar a Cristina.