El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una persecución contra los conductores de Uber.

En la misma denuncia, se apunta contra el Fiscal Martín Lapadú a quien acusan de tomar conductas arbitrarias en la investigación contravencional que lleva adelante en la Ciudad, además de las agresiones severas sufridas por los conductores que utilizan la aplicación móvil.

“En numerosos casos, los hombres y mujeres que quieren usar la aplicación móvil como conductores han sido atacados por personas presuntamente vinculadas a los Sindicatos de Taxistas; sus autos fueron quemados; ellos y sus familiares vivieron momentos de extrema violencia en su contra. Las amenazas son continuas y tienden a escalar” indica CLADH en su denuncia.

En la misma línea, los denunciantes señalan que durante la investigación del Fiscal Lapadú, “la persecución fue constante” y que “abuso de sus facultades, tomando medidas desproporcionadas”.

Estas declaraciones las hacen en clara referencia a los allanamientos que el Fiscal le solicitó a la jueza, a los que califican de “innecesarios” y a las “amenazas públicas en los medios masivos de comunicación a los conductores con la cárcel, por el hecho de trabajar” sostienen.

“La persecución pública y privada debe cesar” aseveran desde CLADH que además solicita la protección de los conductores que “ven amenazado su derecho a trabajar, a la vida y a la integridad física como consecuencia de persecución y amedrentamiento”.

La justicia porteña revocó en el día de ayer la solicitud de Lapadú para detener a Mariano Otero, CEO de la empresa y a Mariano Oliveira, gerente general. La jueza Botana, negó el pedido por ser “manifiestamente improcedente”.

La denuncia se basa en siete puntos principales. El primero es la “persecución pública y privada” a conductores de Uber por parte del “Estado y por terceros no estatales”. En el segundo punto, explican luego que la persecución estatal “se verifica en particular a través del fiscal Martín Lapadú, autoridad que se comporta de manera arbitraria y parcial”.

El punto siguiente apunta directamente contra el gremio de Omar Viviani. “Varios de los propuestos beneficiarios, por el solo hecho de ejercer su derecho a trabajar de manera independiente, han sido golpeados duramente por grupos de personas presuntamente relacionadas con el gremio de taxistas”. Denuncian autos incendiados, dedos de conductores martillados y amenazas de muerte.

En cuarto lugar, la denuncia arremete contra el Estado a quien acusa de “brillar por su ausencia” y de amparar a los atacantes en lugar de proteger a las victimas. “El Fiscal Lapadú comparó a los conductores con traficantes de drogas y de personas, y allanó sus casas y las de sus familias” continúan.

En rigor, los denunciantes explican que acuden a la CIDH “ante la ausencia de una protección efectiva a nivel doméstico” y aseguran que no se quedarán de brazos cruzados. Además solicitan medidas cautelares a favor de los conductores y cierran señalando que “los antecedentes de la Comisión apoyan nuestra petición ante la gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño a los derechos a la vida e integridad física”