Sergio Massa encontró en las bicamerales de control la herramienta ideal para darle marco institucional a esta suerte de cogobierno light parlamentario que viene ensayando con el macrismo. Primero activó la bicameral de control de los decretos (DNU) en la que ubicó a uno de sus alfiles, el diputado Raúl Pérez.

Y cuando hubo que discutir la ley de reforma del Ministerio Público para echar a la procuradora Alejandra Gils Carbó, propuso la misma herramienta para supervisar el control, despido y designación de fiscales y logró que el Gobierno aceptara que la condujera su mano derecha, la diputada Graciela Camaño. Luego la interna de Cambiemos dinamitó el acuerdo.

Massa encontró en las bicamerales, el marco institucional para darle forma a esa suerte de cogobierno parlamentario light que viene ensayando con el macrismo.

Ahora, con otra estrategia central para Mauricio Macri para atraer inversiones como es la ley de Participación Público Privada (PPP), el líder del Frente Renovador volvió a proponer esa herramienta para supervisar desde el Congreso las concesiones que el Gobierno les otorgue a eventuales inversores.

Fuentes al tanto de las negociaciones adelantaron a LPO que en principio la Casa Rosada se habría resignado a aceptar esa y las otras exigencias que planteó Massa, que en la última sesión le demostró al Gobierno porque es casi imprescindible, al voltearle la ley, en alianza con el bloque kirchnerista y los cuatro diputados de Margarita Stolbizer.

Si el diablo no mete la cola, este martes, el proyecto de PPP con las modificaciones se votaría en comisión el martes y el miércoles podría aprobarse en el recinto junto al presupuesto 2017. Es el combo final que espera el macrista Emilio Monzó para dar por cerrado el año parlamentario, aunque Massa pretende meter en el último tramo del año la discusión por ganancias.

Las modificaciones

En rigor, la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires ya tienen leyes que regulan la participación público-privada, un instrumento al que apelan los gobiernos cuando no tienen fondos suficientes para realizar grandes obras de infraestructura. Sin embargo, esas normas no permitieron atraer las inversiones esperadas y por eso el gobierno de Macri propuso una nueva ley, en base a las recomendaciones del asesor presidencial Horacio Reyser.

El Frente Renovador negocia incorporarle al proyecto que remitió el Senado, unos veinte cambios, siendo el principal la creación de una Bicameral que controle los proyectos aprobados, atendiendo que la norma ofrece a los inversores que se acojan a la misma la siempre polémica prórroga de jurisdicción.

El asesor presidencial Horacio Reyser, cuando defendió la ley en el Congreso.

Télam

El otro punto central es que se exigirá que todos los contratos que adjudique este régimen se cursarán por licitación pública y la Unidad PPP deberá elaborar un dictamen donde deberá explicitar por qué es conveniente dicho régimen y no otro, el impacto en el empleo, en la competitividad, en la industria, en las PyMES y socioambiental. El massimo exigirá además que dicho informe sea público y no se pueda licitar el proyecto hasta 30 días después de su publicación.

Además, el massismo propone que cuando se trate de inversiones en servicios públicos, prevalezca el marco normativo vigente de éstos, para evitar así la creación de servicios público “paralelos” no sujetos a los marcos normativos vigentes.

Pero volviendo a la Bicameral, Massa propone que la misma tenga acceso a toda la información (incluyendo los contratos, donde no podrá interponerse ninguna cláusula de confidencialidad); monitoree la totalidad de los proyectos PPP y obliga al Gobierno a brindarle toda la información requerida.

Se propone además limitar la probabilidad de cesión, impidiendo que se produzca antes de transcurrido el 20% del Proyecto, y requiriendo en todos los casos la intervención de la Procuración del Tesoro.

También reclamaron que el impacto fiscal de los compromisos fiscales asumidos por estos proyectos deban explicitarse mensualmente y anualmente, y que el stock de estos compromisos no superen el 7% del PBI.