Los diputados de Cambiemos se aliaron con el kirchnerismo para rechazar las modificaciones que el Senado le hizo al proyecto de ley de Acceso a la Información Pública y mantuvieron la protección a YPF para no mostrar las cláusulas secretas del acuerdo con Chevron, sellado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En la sesión ordinaria de este miércoles, el oficialismo acordó con la oposición y sancionó el proyecto de Acceso a la Información Pública con 182 votos a favor y solo 16 en contra, un resultado bastante más holgado de los dos tercios que se necesitaban para mantener la propuesta que ellos habían realizado y no aceptar las modificaciones del Senado. 

La decisión del macrismo de mantener sellado el acceso al contrato de YPF con Chevrón, genera un beneficio inesperado al ex ministro Kicillof que cerró el acuerdo, que tendría cláusulas lesivas de la soberanía.

Cuando este proyecto fue a la cámara alta, se realizaron tres modificaciones y por eso debió volver a Diputados. El punto más importante era que habían eliminado la excepción de dar información a las empresas con participación mayoritaria del Estado que cotizan en bolsa, artículo creado para proteger a YPF y su acuerdo con la norteamericana Chevron.

A pesar de que la Corte ya obligó a YPF a que dé a conocer el contrato, la empresa continúa ocultándolo. De haberse mantenido la modificación del Senado, YPF no hubiese tenido más excusas para su comportamiento ilegal.

La radical Karina Banfi, una de las promotoras de la ley de Acceso a la Información, tuvo la amarga tarea de defender la decisión de rechazar los cambios del Senado. Se justificó afirmando que la decisión "no sólo es por YPF, sino por cualquier otra empresa pública". "No hay que mirar las excepciones sino los sujetos obligados. Las empresas están contempladas tanto las que tienen participación de mayoría estatal como minoritaria", agregó.  Apurado, Héctor Recalde hizo público su pacto con el Gobierno: "Vamos a acompañar el proyecto original", simplificó.

El macrista Emilio Monzó dialoga en la sesión de este miércoles con el kirchnerista Héctor Recalde.

Télam

La primera vez que el tema se trató en el recinto de Diputados, Diana Conti y Graciela Camaño lograron agregar que la bicameral para controlar al director de la futura Agencia de Acceso a la Información, pueda emitir un dictamen vinculante para la remoción. En ese momento la Agencia fue motivo de crítica para la oposición, ya que su director tendrá mandato de 5 años y será elegido directamente por el presidente.

La ley obliga a todas las dependencias del Estado a responder en un plazo máximo de 15 días la solicitudes de información y contempla sanciones para el funcionario que rehúya esa carga.

El Senado, luego, también había eliminado el párrafo del proyecto que prohíbe la designación en la autoridad de aplicación a toda persona que haya ocupado cargo electivo o partidario en los últimos cinco años a la designación. Y agregaron que el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública debía ser designado con acuerdo del Senado.

Pero Diputados votó para mantener el proyecto que ellos habían aprobado, con acuerdo de casi toda la oposición, por lo que las modificaciones del Senado quedan sin efecto.

De todos modos, el senador Juan Manuel Abal Medina, a celebró la sanción, pero se lamentó del pacto Prokirchnerista. 

"Habíamos definido incluir a las empresas con participación estatal que cotizan en bolsa. De ese modo, los ciudadanos hubiesen podido acceder también a la información de empresas como YPF. Lamentablemente no podrán hacerlo", sostuvo.  

La norma -que empezaría a regir en el plazo de un año- obliga a todos los organismos del Estado a responder las solicitudes de información en un plazo máximo de 15 días –prorrogables por otros 15- y de manera gratuita. A su vez, contempla sanciones al funcionario que obstruya el ejercicio de dicho derecho.

Además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están alcanzados por el proyecto el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y el Consejo de la Magistratura. También las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria (sólo lo relacionado con la discusión); los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; operadores de juegos de azar; partidos políticos; sindicatos; universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).