Se acumulan las señales de alerta de una desaceleración de la actividad industrial en España. Por un lado, la tasa anual del Índice de Producción Industrial, que mide la evolución de la actividad productiva de las ramas industriales excluida la construcción, se situó el pasado mes de agosto, en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, en el -3,4%, y acumula 5 meses de caída consecutiva en tasa interanual. Esta evolución negativa afectó a todos los sectores, destacando la importante caída de la producción en el sub-sector bienes de consumo duradero, del 8% en tasa anual, y el de bienes intermedios, con una caída del 4,3%, acumulando 12 meses de variación interanual negativa. Destaca también la caída del sector de bienes de equipo, en un 2,3%, que muestra un creciente temor de las empresas a invertir.

El Índice de Precios Industriales (IPRI) también presenta una fuerte caída en el mes de agosto, del -10,0% en tasa interanual (la más baja desde el comienzo de la serie, en enero de 1976), sobre todo por la caída de los precios energéticos, pero también por la caída de los bienes intermedios, con una disminución interanual del -5,8%, y una progresiva desaceleración, mes a mes, de los bienes de consumo y bienes de equipo. Esta disminución de los precios industriales contrasta con la inflación, que continúa siendo alta, con una tasa de variación anual del IPC que en el mes de agosto se situó en el 2,6% y con una tasa anual de inflación subyacente del 6,1%. La variación interanual de los precios industriales, excluyendo energía, fue del 1,7%.

Por su parte, el avance del índice PMI de actividad del sector manufacturero español de HCOB, que elabora S&P Global, se situó para el mes de septiembre en 47,7 puntos, inferior a los 50 puntos, valor límite entre el crecimiento, cuando es superior, y el decrecimiento, cuando es inferior. Con septiembre son ya 5 meses consecutivos de declive de la producción y 6 meses consecutivos de caída de los pedidos, que las empresas atribuyen a una incertidumbre generalizada en el mercado y a los altos precios.

Esta situación de debilidad se pone de manifiesto en otros factores como el consumo de electricidad, que cayó un 2,4% el año pasado y ha continuado cayendo de forma continuada durante este año, presentando el pasado junio un descenso del 5,7% con respecto al mismo mes del año anterior, seguido de una caída del 1,3% en julio, del 1,3% en agosto y del 2,4% en septiembre. Es de destacar la significativa caída del consumo eléctrico de la industria, que según el Índice de Red Eléctrica (IRE), (Indicador adelantado que recoge la evolución del consumo de energía eléctrica de las empresas con potencia contratada superior a 450 kW) ha experimentado durante los últimos 12 meses una caída del -10,7%.  

Esta disminución de los precios industriales contrasta con la inflación, que continúa siendo alta, con una tasa de variación anual del IPC que en el mes de agosto se situó en el 2,6% y con una tasa anual de inflación subyacente del 6,1%. La variación interanual de los precios industriales, excluyendo energía, fue del 1,7%.

La consecuencia de esta debilidad generalizada y mantenida en el tiempo del sector industrial es que la carga de trabajo de las empresas sigue decreciendo y los pedidos pendientes se reducen, lo que ha llevado a las compañías a reconsiderar sus planes de inversión y a reducir los niveles de personal en sus plantas productivas.

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La economía europea en general y la de nuestros principales socios, Francia, Alemania e Italia, están también atravesando dificultades. La relativamente elevada inflación en Europa y el endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo están teniendo un impacto directo en la economía del conjunto de Europa y también en la española que, según el Banco de España, verá reducido el crecimiento del PIB en 1 punto porcentual en 2023 y 1,2 puntos porcentuales en 2024.

AP

En el conjunto de Europa la situación es también muy preocupante. Arrastrada por Alemania, la zona euro entró en recesión técnica tras presentar resultados ligeramente negativos del PIB en términos interanuales en el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, y presenta una reducción de los valores esperados de crecimiento para este año y el próximo. Alemania, tradicional motor económico de Europa, se ha visto muy afectada por la subida de precios, la crisis de su modelo energético y la fuga de inversiones. A este escenario negativo se suma el empeoramiento progresivo que ha experimentado el saldo por cuenta corriente tanto de Alemania como del conjunto de Europa, que ha alcanzado valores negativos a finales de 2022.

El sector industrial alemán, uno de los pilares de su pujanza económica, se ha visto afectado por la crisis energética y se encuentra en situación de desventaja frente a países con costes energéticos muy inferiores.

El sector industrial, qué tradicionalmente se ha caracterizado por una gran resistencia ante las crisis económicas, se ha visto en esta ocasión muy afectado por los diferentes impactos qué se han producido en esta reciente crisis económica: subida de los precios de la energía, subida de los costes de las materias primas, lenta recuperación tras la pandemia del COVID, dificultades para la exportación, entrada masiva de productos desde países de bajo coste, han hecho un gran daño a nuestro sector secundario. 

El sector industrial alemán, uno de los pilares de su pujanza económica, se ha visto afectado por la crisis energética y se encuentra en situación de desventaja frente a países con costes energéticos muy inferiores

La industria española tiene fortalezas que le permiten competir en condiciones de igualdad y sobrepasar en muchos casos a empresas de los países más desarrollados: una gran flexibilidad, unos cuerpos técnicos y de gestión muy bien preparados, una fuerte orientación de servicio al cliente y una gran capacidad con empresas muy potentes en algunos sectores como el de infraestructuras, el alimenticio o el energético.

Pero, por otro lado, nuestra industria se caracteriza por una serie de deficiencias estructurales qué le hace mucho más difícil competir frente a países de nuestro entorno. Y desde las administraciones públicas, principalmente la administración central, quién tiene la principal responsabilidad, no se están tomando las medidas necesarias para su corrección.

Entre los diferentes factores que caracterizan a la industria española y dificultan su sostenibilidad, destacan los siguientes:

- Pequeño tamaño de las empresas españolas: Según datos del ministerio de Industria Comercio y Turismo, el 99,8% de las empresas españolas son pymes (hasta 250 asalariados, incluyendo PYMES sin asalariados, los autónomos), mientras que porcentaje de grandes empresas (205 o más asalariados) se queda en un raquítico 0,18%. Más aún, comparado con el mes anterior, el número de pymes ha experimentado durante el mes de agosto una caída de un 0,29% (8.344 empresas menos) mientras que el número de grandes empresas ha disminuido en un -1,06% (57 empresas menos). Y más aún, el 95,70% son microempresas (menos de 10 empleados). La situación en el sector industrial es similar, tan solo el 4,50% de las empresas industriales españolas tienen 50 o más asalariados (datos del Ministerio de Industria correspondientes a 2021, excluyendo las empresas sin asalariados).

Los problemas derivados del pequeño tamaño de las empresas de nuestro país son numerosos, principalmente en el sector industrial. Por un lado, el escaso tamaño supone falta de economía de escala qué justifiquen la realización de importantes inversiones, lo que tiene como consecuencia directa una menor productividad de nuestras empresas.

Por otro lado, las pequeñas empresas tienen muchas dificultades para acometer proyectos de investigación y desarrollo, qué requieren importantes inversiones económicas y una gran capacidad de gestión, pero que garantizan poder ofrecer al mercado soluciones innovadoras a los problemas, lo que les permitiría seguir siendo competitivos.

Europa Press

Otro factor importante es la dificultad que tienen las pequeñas empresas y especialmente las microempresas para acceder a los mercados exteriores. Incluso simplemente exportar, que es el nivel más básico de internacionalización, requiere de recursos humanos, técnicos, económicos y organizativos suficientes para tener una mínima esperanza de éxito.

Y, por último, desde algunos sectores de nuestra sociedad y del gobierno de España se muestra una gran animadversión, cuando no directamente agresividad contra las pocas pero destacadas grandes empresas españolas, contribuyendo así aún más a su declive.  

Las pequeñas empresas tienen muchas dificultades para acometer proyectos de investigación y desarrollo, qué requieren importantes inversiones económicas y una gran capacidad de gestión, pero que garantizan poder ofrecer al mercado soluciones innovadoras a los problemas, lo que les permitiría seguir siendo competitivos

La falta de grandes empresas nos hace perder importantes oportunidades de competir frente a empresas de otros países, de luchar por desarrollar proyectos en otros mercados, de creación de empleo y riqueza, con la consiguiente pérdida del potencial efecto de arrastre sobre el resto de la economía. Sin embargo, en España, a medida que las empresas crecen mínimamente, se multiplican los requisitos, los trámites administrativos y los costes de todo tipo, lo que hace que muchas empresas decidan quedarse en un pequeño tamaño.

- Disponibilidad de mano de obra: Otro de los problemas que sufren las empresas españolas, y de forma muy especial, el sector industrial, es la falta de mano de obra cualificada. Según el informe "Perfiles más demandados en 2023", elaborado por la compañía de recursos humanos Adecco, el 53% de los responsables de recursos humanos tienen dificultades para encontrar los profesionales que necesitan sus empresas, con un incremento de 18,3 puntos respecto del informe anterior.

El sector de la informática y las telecomunicaciones, el sector sanitario y los puestos técnicos como como electromecánicos, electrónicos, carretilleros, soldadores, operarios del sector de la alimentación y técnicos de calidad y de mantenimiento, se encuentran entre los que más dificultades presentan para ser cubiertos, donde incluso hay dificultades para satisfacer la demanda de personal sin cualificación.

La Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ECTL) que elabora el INE, también refleja el importante incremento en el número de puestos por cubrir, afectando a numerosos sectores económicos, entre los que destacan los sectores industriales.

La no incorporación de profesionales a las empresas tiene una afectación importante en su actividad, pues se dejan de atender pedidos y se frena su desarrollo y el de sus empresas clientes lo que, a su vez, frena la contratación de trabajadores complementarios de otros sectores y, en consecuencia, la creación de empleo y la mejora del conjunto de la economía.

Sin embargo, resulta curioso que el "Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura", que elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que permite a los empresarios la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero para una ocupación cuando esta aparezca en catálogo correspondiente a su zona geográfica de que se trate, refleje exactamente las mismas ocupaciones para las provincias españolas, añadiendo en las provincias costeras las ocupaciones relacionadas con el sector naval, y resulta especialmente llamativo que en Madrid las principales ocupaciones de difícil cobertura son las relacionadas con el sector naval, empezando por los frigoristas navales y los jefes de máquinas de buque mercante y terminando por los marinero de cubierta (excepto pesca) y los mozos de cubierta.

También resulta llamativo la presencia en la lista, en todas las provincias, de los deportistas profesionales y los entrenadores deportivos, incorporación que se hace para favorecer el fichaje de futbolistas y otros deportistas y entrenadores foráneos, mostrando que en España preocupa más el fútbol que la situación de las empresas.

Se hace necesario, por un lado, promover la formación profesional y universitaria para proveer de profesionales en los sectores demandados y, por otro lado, favorecer la entrada de trabajadores extranjeros, que con su trabajo contribuirán a resolver este importante problema.

- Exceso de regulación administrativa: La burocracia atenaza y supone un coste significativo para nuestras empresas, con el consiguiente impacto en nuestra economía. El exceso de trámites con el consecuente incremento de la fiscalización y control, supone una saturación y un derroche de recursos y de tiempo tanto para las empresas como para la administración pública. Rigidez en la toma de decisiones, pérdida de oportunidades de mercado, lentitud en los procesos, dificultades para la creación de empresas, inseguridad jurídica, pérdida de competitividad internacional, cuando no corrupción y nepotismo, son algunas de las consecuencias no deseables de la burocracia, con el indudable coste económico que todo ello supone para el conjunto de nuestra economía.

A esta sobredosis de trámites hay que sumar una continua y enorme generación de leyes, reglamentos y normas, de diferentes ámbitos, nacional, autonómico, local, en ocasiones divergentes cuando no contradictorias entre sí, dificultando la actuación empresarial y favoreciendo el riesgo de errores.

Se hace necesario abordar un proceso de simplificación burocrática, eliminando requisitos y trámites que no generen realmente valor, mejorando la coordinación entre las diferentes administraciones públicas, automatizando tareas repetitivas y tratando de limitar el exceso legislativo. Otros países han trabajado en este sentido con notable éxito.

• - Pérdida de grandes empresas referentes nacionales:

  En España estamos viendo cómo, año a año, perdemos empresas que, siendo referentes para nuestro país, pasan a estar controladas por grandes corporaciones o fondos de inversión extranjeros.

  La petrolera Cepsa, ahora propiedad del fondo soberano del Gobierno del Emirato de Abu Dabi Mubadala Investment Company y The Carlyle Group, el fabricante de aerogeneradores Gamesa, controlado por el gigante alemán SIEMENS, la empresa de líneas aéreas Iberia, controlada por British Airways, la histórica empresa fabricante de armamento Santa Bárbara, comprada por el gigante fabricante estadounidense de equipos de defensa General Dynamics, Unión Fenosa Gas adquirida por ENI y Endesa por parte de ENEL, en ambos casos, ENI y ENEL, grandes corporaciones públicas controladas Ministerio de Economía y Finanzas italiano, son solo algunos ejemplos de cómo empresas españolas, líderes en sus respectivos sectores, ha sido compradas por empresas extranjeras.

  Muy recientemente, la salida de Ferrovial, que desde el pasado 15 de junio ha decidido dejar de ser española para trasladarse a los Países Bajos, y más cercano aún, la compra el pasado 5 de septiembre del 9,9% de Telefónica por parte del grupo saudí STC, convirtiéndose en su máximo accionista, ponen de manifiesto la debilidad del gobierno español y de nuestra economía para hacer frente a los movimientos financieros internacionales.

  El qué una empresa destacada de un país sea comprada por una empresa o fondo de inversión de otro país puede ser considerado como una actividad normal, dentro de la propia dinámica de las empresas y su necesidad de competir en un mundo globalizado. Sin embargo, las consecuencias pueden ser importantes, pues los centros de decisión pasan a estar en los consejos de administración de las empresas adquirientes, situadas a miles de kilómetros de distancia, que ya no tendrán la vinculación con el territorio qué antes tenían a la hora de tomar decisiones difíciles, como cerrar un centro de producción o realizar una inversión importante.

  Es el momento de plantearse la necesidad de mejorar la fortaleza de nuestras empresas y facilitar su aceptación por el conjunto de la sociedad, abandonando discursos agresivos y demagógicos contra ellas, por razones inentendibles, cómo qué creen empleo o que sus principales accionistas decidan dedicar parte de sus beneficios a actividades filantrópicas, y tratar de entender qué motivos pueden llevar a una empresa a tomar la decisión de dejar su país, para poner en marcha las medidas correctoras oportunas que eviten que esa salida se repita y, si fuera posible, facilitar el regreso de las ya se fueron.

• - Dificultades en el sector energético. Las empresas industriales, por su elevado consumo de energía, necesitan de un suministro accesible, económico y de calidad. El crecimiento de la red eléctrica debe ser suficiente para acompañar el crecimiento de la economía, la tendencia a la electrificación, la incorporación de centrales de generación renovables, las necesidades de almacenamiento y facilitando el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

- Mayores costes logísticos: España es, junto con Portugal, uno de los países más alejados del centro económico de Europa, lo que se traduce en costes logísticos más elevados. Además, en España el transporte de mercancías por ferrocarril es muy inferior al del resto de Europa, lo que aumenta aún más dichos costes. Los abandonados proyectos de corredor ferroviario central, que daría servicio al centro de la península, y proyecto de autopistas ferroviarias, mediante el que países como Francia, Italia o Alemania, entre otros, sacan de la carretera sus camiones y los montan en vagones de ferrocarril para que realicen la mayor parte de su camino por este medio, hubieran contribuido a reducir el coste logístico, mejorar su impacto ambiental y reducir la saturación de nuestras carreteras.

Nuevos desafíos para la industria

Son numerosos los desafíos a los que tiene que hacer frente la industria que, de ser bien abordados, pueden convertirse en oportunidades, pero si no se afrontan adecuadamente, pueden debilitar aún más a nuestra industria y al conjunto de nuestra economía. Entre esos desafíos destacan:

• - Sostenibilidad y protección del medio ambiente: Cada vez es mayor la presión a al que se enfrentan las empresas españolas y europeas para proteger el medio ambiente, cada vez son mayores los costes asociados, y cada vez es mayor la competencia de otros países con requisitos mucho más laxos y el consiguiente riesgo de deslocalización de empresas.

• - Transformación digital: Hay una tendencia creciente para la implementación de nuevos procesos industriales digitalizados con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas, pero gran parte de los proyectos de transformación digital fracasan. No basta con adquirir soluciones digitales, es necesario formación y un importante cambio cultural en las empresas y en los trabajadores.

• - Innovación: España es uno de los países de la UE que menos invierte en innovación. Pero la innovación es fundamental para seguir siendo competitivos. Cada vez más países y más empresas incrementan de forma notable sus esfuerzos en innovación, y es necesario que España aumente notablemente su esfuerzo en este campo. Además, es fundamental que las empresas que innoven se integren en los ecosistemas europeos de innovación, pues las empresas ya no investigan aisladas, sino que colaboran entre ellas para afrontar los diferentes proyectos que, de otra forma, serían inabordables.

• - Integración de las cadenas de suministro: Las empresas de los países desarrollados no funcionan de forma aislada, sino que están integradas en grandes cadenas de suministro, formadas por diferentes empresas, que trabajan en diferentes países, pero que funcionan coordinadas entre sí. Y esta tendencia va a más, no formar parte de estas cadenas significa no poder exportar nuestros productos. Deben realizarse importantes esfuerzos de formación y gestión para conseguir participar en las mismas.

• - Flexibilidad: Los mercados son cada vez más dinámicos. Ya no es "el pez grande el que se come al chico" sino "el pez rápido el que se come al lento". Las empresas que no son capaces de detectar y ajustarse a las nuevas tendencias del mercado de forma rápida

corren el riesgo de quedar fuera de juego. Ello supone mejorar la capacidad de gestión y reducir las barreras que dificultan esta flexibilidad.

• - Protección de la propiedad industrial: De manera que las empresas que innovan tengan seguridad jurídica para defender y aprovechar sus desarrollos frente a la apropiación indebida de la misma por parte de otros actores.

• - Necesidad de preservar sectores estratégicos: Necesitamos plantear medidas que protejan sectores que son claves para nuestra sociedad, como el sector sanitario, el de defensa o el de telecomunicaciones, que están siendo, de hecho, objeto de ataques por parte de empresas exteriores que cuentan con ventajas artificiales, como menores requisitos medioambientales, peores condiciones de trabajo o importantes ayudas públicas.

  Necesidad de una estrategia industrial

  Llevamos muchos años alabando las virtudes del sector industrial, reclamando la aplicación de medidas de apoyo a las industrias, pero no se ponen en marcha actuaciones realmente eficaces y coherentes que permitan que nuestro sector secundario recupere el impulso perdido, y en consecuencia la industria languidece, perdiendo año tras año peso en nuestra economía, siendo su contribución al PIB nacional en el año 2021 del 16,94% (según el Barómetro Industrial 2022, publicado por el COGITI), muy lejos del 20% propuesto por la UE como objetivo para 2020 y muy por debajo de la mayoría de los países de la Unión Europea.

  Y es ahora, otra vez, el momento de poner en marcha una estrategia industrial a largo plazo, que sea coherente y global para todo el país, aunque considerando las particularidades de cada territorio, que cuente con la participación de todos los actores implicados: empresarios, trabajadores, partidos políticos, Universidades, ..., que tenga en cuenta las necesidades, los desafíos a los que se enfrentan y el potencial real de nuestras empresas, y así permita recuperar la potencia y el impulso industrial de nuestra economía.

  Necesitamos una política industrial que, como parte de una estrategia transformadora más

amplia, incluya los siguientes elementos:

• - Análisis de la realidad de nuestras empresas, de las fortalezas y las debilidades de nuestro sector industrial, algunas de las cuales se han descrito en este artículo.

• - Análisis de los desafíos, de las amenazas a las que se enfrentan nuestras empresas y de las oportunidades que surgen.

• - Definir objetivos globales y objetivos específicos para cada área de actuación, que permitan controlar la eficacia de las medidas propuestas. No podemos apuntar a todo.

• - Diseñar, en base al análisis realizado, la estrategia global y las estrategias específicas a desarrollar.

• - Evitar que se quede en una serie de propuestas puntuales anti crisis, que distorsionen el mercado, que consuman gran cantidad de recursos apoyando algunos proyectos, que pueden resultar fallidos, y dejando de lado otros, que podrían ser exitosos.

• - Poner en marcha instrumentos de todo tipo: regulatorios, financieros, formativos, etc., tanto públicos como privados, que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos.

- Y, por último, una revisión periódica de la estrategia para, en función de la evolución del entorno y de los resultados de las medidas puestas en marcha, tomar las medidas correctoras oportunas.

Es necesaria, además, y como parte de la estrategia a largo plazo, una nueva Ley de Industria, que favorezca y promueva el proceso de transformación y crecimiento de nuestra industria. La ley de Industria actualmente en vigor data del año 1992, y no tiene en cuenta los nuevos retos y desafíos antes descritos: innovación, sostenibilidad, digitalización, un sector energético totalmente diferente, integración con las empresas del resto de Europa, la apertura a nuevos mercados fuera de Europa y el desarrollo de un capital humano capaz de hacer frente a estos desafíos, entre otras medidas.

Y es fundamental que esta estrategia industrial tenga una visión a largo plazo y global. No tiene sentido que cada comunidad autónoma (e incluso algunas ciudades) tenga su propio plan de industria, que ha surgido impulsado por la cercanía de unas elecciones, y que no es coherente con lo que hacen otras comunidades ni con lo que ha planificado el Estado. Tampoco muestra compromiso con la industria el reducir la actuación en industria de esa comunidad a la promoción, a la mera concesión de subvenciones, olvidando todas las demás actuaciones que necesita el sector secundario. Y tampoco ayuda al crecimiento y futuro de la industria la tendencia, en algunas comunidades autónomas, a subyugar la gestión de la industria al aspecto medioambiental, lo que obvia y margina todos los demás factores. Nuestro país necesita un Pacto de Estado por la Industria, con la participación de las principales fuerzas políticas y de los agentes sociales, que garantice la continuidad de la estrategia frente a vaivenes electorales.

El objetivo final es conseguir una industria robusta, competitiva, resiliente, que alcance el objetivo del 20% de nuestro PIB en el año 2030, objetivo en el que ya fallamos en el año 2020, pero que está en nuestra mano luchar por conseguirlo.