El Gobierno se volvió a negar a firmar una declaración conjunta de más de 50 países contra el regimen de Daniel Ortega en Nicaragua a quien se acusa de detener a decenas de opositores y a intimidar a referentes disidentes en sus hogares. 

La carta fue impulsada luego del informe anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien dedicó una fragmento importante a lo que ocurre en el país centroamericano. 

Bachelet dijo en su reporte que "desde de mi último informe sobre Nicaragua ante este Consejo el pasado 23 de febrero, mi Oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esto aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre.

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"Desde hace más de tres años, este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante", agregó.

A su vez, la ex presidente de Chile remarcó que "del 2 al 21 de este junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición: cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales. Sus detenciones, bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales".   

Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante

Por su parte, el documento firmado por 59 países plantea: "Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias".

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"Estamos preocupados por el hecho de que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 fijada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por este Consejo en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes recientemente promulgadas restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación", agrega el documento conjunto.

"Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, a que aproveche la asistencia técnica, a que permita la presencia de observadores electorales internacionales y a que restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia. Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país", culmina. 

Entre las naciones que sí firmaron figuran: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos.  

Estamos preocupados por el hecho de que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 fijada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por este Consejo en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes recientemente promulgadas restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación

Argentina decidió plegarse a México y difundió el mensaje del embajador argentino en Ginebra en donde señala: "La Argentina agradece el informe de la Alta Comisionada y desea reiterar el apoyo a su trabajo y esfuerzos en todas las regiones del mundo que eleva los estándares de protección de los derechos humanos". 

"En especial quisiéramos aprovechar esta oportunidad para manifestar, tal como lo hicimos en la OEA recientemente, nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en particular por las detenciones de figuras políticas de la oposición -medida cuya reconsideración solicitamos-, así como por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia, conforme lo dispuesto por la resolución 46/2 aprobada por este Consejo en marzo pasado con el voto favorable de mi país", explicó Villegas. 

Michelle Bachelet.

A su vez, el diplomático insistió: "Instamos al Gobierno de Nicaragua a que coopere plenamente con todos los mecanismos de este Consejo, e implemente de manera integral las recomendaciones efectuadas por la Alta Comisionada en sus informes, y que permita a su Oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades políticas, a fin de que la reforma electoral que Nicaragua ha emprendido pueda completarse y asegure la celebración de elecciones libres y transparentes siguiendo el cronograma establecido". 

Instamos al Gobierno de Nicaragua a que coopere plenamente con todos los mecanismos de este Consejo, e implemente de manera integral las recomendaciones efectuadas por la Alta Comisionada en sus informes

Ayer, los gobierno de Argentina y México decidieron llamar a consulta a sus embajadores en Nicaragua. Esto, en en el leguaje de la diplomacia, es leído como un gesto de disconformidad con Ortega tras la abstención en la OEA. 

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Fuentes diplomáticas explicaron a LPO que "lo que Argentina no firmó es un documento político pero eso no implica que no tenga su posición al respecto que es clara: no a la violación a los derechos humanos pero no a la injerencia en la institucionalidad nicaraguense. Ese es el matiz que tenemos con quienes plantean que hay que cambiar el sistema electoral".

En el Gobierno entienden que no se puede aceptar un cambio de sistema electoral porque eso es algo que después puede ser contraproducente. "Es una postura costosa en términos mediáticos pero es correcta en lo diplomático", sostienen  desde el Palacio San Martín. 

Anoche se registró una nueva detención en Nicaragua. Se trata del periodista Migue Mora quien también es candidato a presidente. También, la Policía allanó la casa del periodista Carlos Chamorro y la redacción de El Confidencial, uno de los principales diarios del país.